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del 18 de noviembre 2021 a las 9:23
Introducción a la teoría política del absolutismo
Durante
el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII) la mayor parte de los estados europeos
estaban gobernados por monarquías absolutas de derecho divino. El rey
concentraba los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es decir promulgaba[1]
las leyes, gobernaba y nombraba a los jueces.
El rey
poseía todo el poder político (la soberanía) porque Dios lo había elegido, por
eso el rey estaba por encima de la ley.
Las
asambleas de origen medieval (Cortes en España, Estados Generales en Francia,
Parlamento en Gran Bretaña), formadas por representantes de los tres
estamentos, y que se reunían para aprobar los nuevos impuestos, apenas fueron
convocadas en el siglo XVIII.
El
sistema político, social y económico del Antiguo Régimen era desigual, y se
pensaba que esa desigualdad estaba dispuesta por Dios.
Las
personas nacían y morían dentro del mismo estamento (si se entraba en el
estamento religioso o clerical ya no se podía abandonarlo), y cada estamento
tenía leyes distintas. Las leyes, menos duras, que se aplicaban a la nobleza y
al clero se llamaban privilegios.
No sólo
había leyes distintas según el estamento al que pertenecía cada individuo sino
que había una variedad de normas legales según donde viviera uno. Una parte de
la tierra del reino era tierra de realengo, donde sólo se aplicaba la ley del
rey, pero gran parte del territorio español estaba dividido en señoríos. Los
señores feudales formaban la aristocracia (la alta nobleza con poder y riqueza)
que poseía muchas tierras, pero parte de sus ingresos procedía de los impuestos
que cobraban en sus señoríos a cambio de ejercer la justician nombrando a los
jueces y alguaciles[2]. De este modo había una
gran variedad de normas legales que entorpecían las relaciones económicas entre
personas que vivían en distintos territorios.
Introducción a la teoría política del
liberalismo en España
En el Antiguo Régimen la teoría política
más extendida en Europa era el absolutismo. Esta era la ideología que defendía
la monarquía absoluta de derecho divino, donde el rey tenía todos los poderes
por elección del mismo Dios.
A partir de las revoluciones liberales de
finales del siglo XVIII (Constitución de Estados Unidos, Revolución Francesa) surge
una nueva teoría política: el liberalismo.
Bases
teóricas del liberalismo
El liberalismo hereda parte de las teorías políticas
surgidas durante la Ilustración (división de poderes[3],
contrato social[4]).
La base del liberalismo es el reconocimiento de que los ciudadanos poseen
derechos o libertades individuales. Para defenderlos se constituyen en una
comunidad política que es la nación. De ella procede todo el poder, la
soberanía.
La soberanía es el poder
político supremo dentro de un estado. En el Antiguo Régimen toda la soberanía
estaba concentrada en el rey. En el régimen liberal la soberanía corresponde a
la nación, la cual divide a la anterior en tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial), este reparto se hace para evitar los abusos de
poder que se podrían producir si todo el poder estuviese en una persona o
institución (sistema de checks and
balances), pues la base del régimen liberal es proteger los derechos o
libertades individuales de los ciudadanos.
Para
evitar que los ciudadanos sufran abusos el rey, cuyo poder viene de la nación, éste
debe compartir su poder con unas Cortes elegidas, que representan a la nación y
tienen el poder legislativo, y con unos jueces que encarnan al poder judicial,
independiente del rey.
Una de
las ideas que dividía a los liberales era la de la soberanía. Para los
liberales moderados la soberanía debía ser compartida entre el rey[5] y
las Cortes. Según ellos ambos poderes tenían una legitimidad de origen, así el
poder de las Cortes procedía de la nación y el del rey de la tradición. En el
modelo liberal de soberanía compartida, la constitución establecía que
el rey tiene el poder ejecutivo, pues es él quien nombra y cesa a los ministros
que responden ante el monarca. Asimismo comparte con las Cortes el poder
legislativo a través del derecho de veto. El rey podía vetar las leyes, o sea
devolverlas a las Cortes para que se volviesen a discutir y aprobar.
Los
liberales exaltados de Cádiz y los liberales progresistas del reinado de Isabel
II rechazaban la teoría de la soberanía compartida. Para ellos sólo existía la soberanía
nacional. El rey no podría vetar las leyes, y los ministros, nombrados por
el soberano, respondían antes las Cortes, que podían rechazarlos.
La organización territorial del Estado
Otro
punto que separaba a los liberales era el carácter centralizado o descentralizado
del Estado. Para los liberales moderados la nación era una, por tanto todo el
poder debía concentrarse en el gobierno y parlamento nacionales. Estos harían
leyes iguales para toda la nación sin tener en cuenta las particularidades
regionales o locales y tomarían todas las decisiones (nombrar alcaldes de
pueblos, contratar obreros en aldeas…). Para los liberales progresistas la
soberanía también podía ejercerse en unidades territoriales más pequeñas, es
decir los vecinos debían poder elegir a su alcalde y las regiones de España
deberían poder gestionar lo más cercano. El modelo que triunfo en la España del
siglo XIX fue el modelo liberal moderado, lo que se ve en el trazado de las
vías de transporte (radiales y centralizadas en Madrid) y en el meticuloso
control que se ejercía sobre los poderes locales (capitanes generales,
gobernadores civiles –desde 1824-).
La constitución
El
sistema liberal también se llama parlamentario o constitucional. Esto es por el
papel central del parlamento (Cortes, asambleas) en su funcionamiento y por la
existencia de una Constitución escrita.
Las
constituciones son documentos que constituyen la ley fundamental de una nación.
A partir de ella derivan todas las demás leyes. Una constitución o carta magna,
es un documento que suele estar constituido por dos partes: una primera que es
una declaración de derechos y libertades de los ciudadanos, una segunda que
establece la organización de los tres poderes (gobierno, parlamento,
judicatura) y la organización territorial del estado (municipios, regiones…).
Dentro
del conjunto de las normas legales podemos distinguir leyes, decretos,
reglamentos y otras.
Las
leyes proceden del poder legislativo (parlamento, Cortes). Sólo son inferiores
a la Constitución. Tiene validez indefinida hasta que son sustituidas por leyes
nuevas o son derogadas.
Los
decretos proceden del poder ejecutivo. Sólo se aplican el tiempo que dura el
gobierno que los ha dictado. El siguiente gobierno puede anularlos sin
problemas.
Los
reglamentos y demás normas suelen aplicarse a casos más concretos y tienen una
duración mucho más corta que leyes y decretos.
Recordemos
que uno de los fundamentos del liberalismo es la idea de igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley.
El sufragio
En un
sistema liberal el poder ejecutivo puede ser una monarquía constitucional o
parlamentaria, o bien una república.
Nuestro
sistema actual es una democracia liberal o parlamentaria, pero hay una
significativa diferencia con el liberalismo del siglo XIX.
La
mayoría de los liberales originalmente no eran demócratas. Consideraban que
sólo deberían tener derecho al voto, y a ocupar cargos públicos, aquellos
ciudadanos más preparados para dirigir los asuntos públicos, por su riqueza o por
su formación académica. Así sólo unos pocos apoyaron el sufragio[6]
universal (que tampoco era plenamente democrático sino que estaba limitado a
los hombres), la mayoría estaba a favor del sufragio restringido o censitario[7].
A
mediados del siglo XIX aparecerían los demócratas como un grupo político propio
escindido[8] de
los liberales progresistas.
Grupos políticos absolutistas y liberales
en la España del siglo XIX
Desde
1812 a 1833 (de la Constitución de Cádiz al final del reinado de Fernando VII)
tenemos por un lado a los absolutistas, también llamados realistas o “serviles”[9],
por otro lado están los liberales divididos entre moderados y exaltados.
En el
reinado de Isabel II (1833-1868) siguen existiendo los absolutistas pero ahora
se llamarán carlistas o tradicionalistas. Los liberales moderados siguen
existiendo, y los liberales exaltados son sustituidos por los progresistas.
En 1849
apareció el Partido Democrático, favorable al sufragio universal masculino, siendo
sus miembros antiguos liberales progresistas.
En 1854
el general Leopoldo O’Donnell fundó la Unión Liberal, un partido que pretendía
unir a los liberales progresistas con los moderados.
Más
tarde de los demócratas se escindirán los republicanos.
Introducción a la teoría económica del
liberalismo económico (capitalismo) y su aplicación en la España del siglo XIX
El
liberalismo económico es una teoría económica surgida en el siglo XVIII, que en
el siglo XIX se extendió y triunfó por toda Europa. Su primer autor fue Adam
Smith autor de Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza
de las naciones (1776).
Para
Smith la actividad económica debía regirse por el principio de libertad
económica para crear empresas, contratar mano de obra y establecer las
condiciones y los precios de los productos[10].
Esto incluía la libertad de mercado.
Lo
contrario de lo anterior en el Antiguo Régimen eran los bienes de manos muertas
y mayorazgos (que mantenían fuera del mercado muchas de las tierras), las
compañías privilegiadas (que rompían la libertad de mercado, al ser
monopolios), los gremios (que limitaban la libertad de producción y de
contratación)….
Para
Adam Smith el Estado no debía intervenir en la economía, porque ésta se
ajustaba a sí misma de forma natural mediante la actuación de la llamada mano
invisible del mercado. Es decir que la ley de la oferta y la demanda se
encargaría de regular los precios de los productos y los salarios. Así, si
había mucha oferta de productos o de mano de obra y poca demanda, el precio y
los salarios disminuirían; si, por el contrario, la oferta era escasa y la
demanda elevada, los precios y los salarios aumentarían.
El
Estado debía limitarse a proporcionar ley y orden dentro del país, es decir
protección contra el crimen y la delincuencia, y seguridad contra las amenazas
de invasión exterior, mediante el ejército. Todo lo demás quedaba en manos de
la sociedad y los individuos.
Adam
Smith también era partidario de la división del trabajo, es decir; de que cada
obrero se especializara en una fase del proceso productivo, pues así
aumentarían la producción y la productividad. Más adelante otros economistas
liberales plantearon que la especialización laboral debería tener un carácter
regional, al centrarse cada región de un país en la elaboración de los
productos que mejor sabía producir.
Por
último, una idea fundamental del liberalismo económico o capitalismo es la
plena propiedad.
En el
Antiguo Régimen era muy común la distinción entre la propiedad de un bien y su
posesión. Era habitual que diferentes personas tuvieran derechos sobre el mismo
bien económico. Así, las tierras de la Iglesia y de la nobleza eran trabajadas
por familias de campesinos que con derechos de arrendamiento que podían durar
casi un siglo, llamados enfiteusis, y que eran fácilmente renovables a causa
del peso de la tradición. Además, era muy común la presencia de la propiedad
colectiva. Casi todas las aldeas poseían bosques y terrenos que pertenecían a
toda la comunidad y de donde se extraía madera para combustible y muebles y se
pastoreaba animales. Los dos rasgos anteriores iban en contra de principios
liberales básicos como que la propiedad debía ser privada al asociarse a un
individuo particular.
La sociedad liberal o burguesa en la España
del siglo XIX
La
sustitución del Antiguo Régimen por el régimen liberal durante el siglo XIX
supuso un gran cambio social en España. La sociedad estamental, donde los
grupos sociales venían determinados por el nacimiento y eran rígidos, fue
sustituida por la sociedad de clases, donde los grupos sociales venían
determinados por la riqueza individual y eran flexibles, es decir que a lo
largo de su vida una persona podía pertenecer a distintas clases sociales en
función de su riqueza en cada momento.
A pesar
de la igualdad de todos ante la ley, uno de los elementos fundamentales del
liberalismo, la sociedad liberal continuará siendo una sociedad desigual, pero
esta vez debido a las diferencias en el reparto de la riqueza. Por ello a la
sociedad de clases del siglo XIX también se la llama sociedad liberal y
sociedad burguesa porque será la burguesía el grupo social dominante, con más poder
y riqueza. Y por ello será la ciudad, donde viven la mayoría de los burgueses
(incluidos los terratenientes absentistas), donde se concentre el poder
político y donde tengan lugar los acontecimientos que influyan en todo el país.
A pesar
de lo anterior la sociedad española durante el siglo XIX siguió siendo una
sociedad básicamente rural, en la que la mayor parte de las personas vivían en
localidades pequeñas y se ganaban la vida con las actividades agropecuarias[11].
Las ciudades crecieron lentamente en tamaño y todavía a finales del siglo XIX
más de la mitad de los españoles vivían en localidades medianas y pequeñas.
Los tres
grupos sociales principales eran las clases baja, media y alta.
La clase
baja era la más numerosa y estaba formada básicamente por agricultores sin
tierras (peones, jornaleros, braceros…), que realizaban trabajos de
temporada o estación, y pequeños arrendatarios[12],
a estos grupos sociales se le llamaba proletariado rural. La clase
baja en las ciudades estaba formada por los sirvientes o criados, por el
proletariado urbano, es decir los obreros de las fábricas, y por otros
trabajadores.
La clase
media o pequeña burguesía estaba formada en el campo por los pequeños y
medianos campesinos, propietarios de sus tierras. En la ciudad estaba formada
por los pequeños y medianos negociantes, que tenían tiendas o pequeños
talleres, y por las profesiones liberales (médico, abogado, periodista…). En
España la clase media urbana era mucho menos numerosa que en otros países de
Europa occidental debido al retraso con que se desarrolló en nuestro país la
Revolución industrial.
La clase
alta o alta burguesía o gran burguesía estaba formada por los terratenientes o
latifundistas, dueños de grandes extensiones de tierra (latifundios), muchos de
ellos descendientes de la antigua aristocracia del Antiguo Régimen, por ello a
veces se usa la palabra nobleza para designarlos, pero no es del todo correcto,
pues esa categoría pertenecía al Antiguo Régimen. Los latifundistas, junto con
los medianos propietarios formarían la burguesía rural. En las ciudades la alta
burguesía estaría formada por los dueños de las fábricas, los bancos y de las
grandes empresas.
El papel de la Iglesia española en el siglo
XIX
A
comienzos del siglo XIX la Iglesia era una institución de gran poder político,
social y económico.
La base
teórica de la monarquía divina pasaba por el reconocimiento de la existencia de
un dios único todopoderoso, del que era representante la Iglesia. Por tanto los
Borbones habían intentado controlarla mediante la política regalista en el
siglo XVIII. Gracias a la influencia de la Iglesia la mayoría de la población
aceptaba sin discusiones el estado de cosas existente en la economía, la
sociedad y la política.
La
mayoría de la población española identificaba a la Iglesia con el Estado. Toda
la vida de una persona (nacimiento, edad adulta, muerte) estaba marcada por su
relación con la Iglesia (bautizo, matrimonio, funeral).
Económicamente
la Iglesia era la institución más rica del país. Gracias a las donaciones de
los fieles en dinero y en tierras (que nunca se perdían por la institución de
los bienes de manos muertas) disfrutaba de unos ingresos enormes que no sólo se
gastaban en el mantenimiento de los religiosos, de los edificios (templos,
monasterios…) o en los encargos de obras de arte (imágenes, objetos litúrgicos
de metales preciosos…), sino que la poca asistencia social que existía se
pagaba con el dinero que la Iglesia obtenía gracias a las rentas que producían
sus tierras. La Iglesia se encargaba de los enfermos, viudas, huérfanos y
ancianos a través de hospitales, hospicios[13] e
inclusas y alimentaba diariamente a gran parte de los pobres del país a través
de instituciones como la sopa boba[14].
Además, la tierra de cultivo que poseía la Iglesia solía entregarse a los
campesinos para que la trabajasen a cambio de rentas menores de las que solían
pagarse a la nobleza, y se solía ser más flexible (en este contexto, menos
exigente) a la hora de cobrarlas.
El
liberalismo consideraba a la Iglesia una enemiga de la libertad de pensamiento,
de la libertad de expresión, de la libertad religiosa o de culto y de la
libertad de comercio.
La gran
cantidad de tierras que permanecían en el sistema de manos muertas estaban
fuera de la circulación comercial, no podían comprarse ni venderse, y la
explotación que hacía la Iglesia no tenía objetivos económicos con lo que no
mejoraba su productividad.
La
creación del Estado liberal o burgués en el siglo XIX en España supondría un
gran debilitamiento de la Iglesia en todos los ámbitos. El establecimiento de
la soberanía nacional y de la libertad de pensamiento harían que durante el
siglo XIX la mentalidad laica[15]
hiciese retroceder a la religiosa. La población urbana se hizo cada vez más
laica durante ese siglo, y también retrocedió la influencia religiosa en los
espacios rurales.
Los
procesos de desamortización arrebataron su riqueza a la Iglesia, que dejó de
proporcionar servicios sociales a la mayoría de la población, y, como
consecuencia, ésta pasó, en gran parte a depender de los ingresos que provenían
del Estado.
Inicialmente
la Iglesia se opondrá a las ideas liberales y al establecimiento del Estado
liberal apoyando a Fernando VII y poniéndose del lado de los carlistas en la
guerra civil[16]. Tras la victoria
definitiva de los liberales en el segundo tercio del siglo XIX (1833-1866)
cambiará su relación con la Iglesia. Para los liberales progresistas (y los
grupos que surgieron de ellos como los demócratas y los republicanos) debía
haber una clara separación entre la Iglesia y el Estado, y un reconocimiento de
la libertad de culto y de religión, asociada a la libertad de pensamiento, en
la constitución. Por su parte, los liberales moderados, que gobernaron la mayor
parte del siglo XIX, consideraban que, una vez que la Iglesia aceptaba la
existencia y el poder del Estado liberal, se podía colaborar con ella a través
de la firma de concordatos[17].
Se consideraba que la Iglesia como institución colaboraba al orden social,
evitaba las rebeliones y revoluciones al enseñar a las personas que debían
aceptar el orden social existente. Además, todavía buena parte del sistema de
enseñanza estaba en manos de la Iglesia. Por ello, en la segunda mitad del
siglo XIX la Iglesia española volvió a ser vista como institución de carácter
público, que se identificaba con el Estado dominado por la burguesía liberal
moderada.
El sistema de partidos políticos: partidos
de notables y partidos de masas
Los
partidos políticos surgen con la aparición del parlamentarismo. Los miembros
del parlamento se agrupaban según las ideas que compartían.
Podemos distinguir
dos modelos de partido político: los partidos de notables y los partidos de
masas.
Los partidos
de notables fueron los más comunes en Europa durante el siglo XIX. Eran
producto del sistema electoral liberal, donde predominaba el sufragio
censitario o restringido. El partido estaba formado por grupos de notables, las
élites de cada localidad (terratenientes, grandes empresarios), que influían
directamente en los pocos individuos con derecho a voto. La pertenencia al
partido tenía que ver tanto con las ideas como con los intereses particulares o
las relaciones personales.
Los
miembros de los partidos de notables, al ser personas con poder económico y
político por sí mismas, actuaban muchas veces de forma autónoma respecto a los
jefes del partido y se cambiaban con facilidad a otro partido si no se sentían bien tratados en el suyo.
En este
sistema, al estar reservada la representación política a los miembros de la
sociedad más ricos, los políticos elegidos para cargos públicos no cobraban
sueldo. Aun así buscaban esos puestos porque el poder que les daba les permitía
defender sus intereses.
A partir
de 1870 aparecen en Europa los partidos de masas, relacionados al principio con
las reivindicaciones democráticas[18] y
el socialismo. Estos partidos se caracterizan porque tienen una ideología muy
clara, plantean un modelo de sociedad y ven la búsqueda del poder político como
un medio para alcanzar esa sociedad ideal que plantean. Los partidos de masas
eran partidos jerárquicos, es decir había un control de los miembros del
partido por la dirección del mismo (carnet del partido, cuota de afiliación[19]),
esto era porque, al carecer de poder económico e influencia social, el poder
del partido se basaba en la capacidad de actuar todos sus miembros en la misma
dirección.
Los partidos
de masas, propios de las sociedades democráticas, también están a favor de
establecer salarios para los cargos políticos elegidos, de manera que cualquiera
pudiera ocupar estos puestos independientemente de su capacidad económica.
[1]
Publicar una cosa de forma oficial, especialmente una ley, para que sea
conocido por todos.
[2] Un alguacil es un
empleado que ejecuta las órdenes de una autoridad.
[3] Montesquieu en su
libro El espíritu de las leyes (1748) defiende la división de poderes como
método para evitar los abusos de poder por parte de quien tiene la soberanía.
[4] Rousseau en su
libro El contrato social (1762) defiende que los hombres se someten a
las reglas de una sociedad, a un gobierno, por los beneficios que esto les
supone (seguridad contra la delincuencia y el crimen, defensa frente a
invasiones exteriores…). Por ello, tanto los gobernantes como los gobernados
tienen que cumplir con sus obligaciones, y un mal gobierno debe ser cambiado
por otro que haga mejor su labor.
[5] Rey, soberano y
monarca son sinónimos.
[6] El sufragio es el
derecho al voto.
[7] El censo (electoral)
es la lista de los que tienen el derecho a voto. Actualmente todos los
ciudadanos y ciudadanas adultos. En el siglo XIX sólo estaban en el censo los
hombres que pagaban un mínimo de impuestos o tenían formación académica.
[8] Escindir es
sinónimo de separar, cortar.
[9] Término despectivo
usado por los liberales para referirse a los absolutistas.
[10] Para Adam Smith la economía consiste en la relación entre individuos particulares que son los propietarios plenos de los medios de producción (tierras, fábricas…) o de su propio trabajo.
[11] La agricultura, la
ganadería, la silvicultura…
[12] Llamados así porque arrendaban poca tierra.
[13] Las inclusas eran establecimientos de beneficencia en que se acogía,
albergaba y criaba a los niños expósitos, que antes se abandonaban a las
puertas de las iglesias y conventos, para salvar la vida de estos niños y
disminuir el impacto del infanticidio debido a la pobreza u otras causas.
También se daban casos en los que los progenitores no podían cuidar a sus hijos
y los dejaban al cuidado del asilo durante un tiempo.
[14] Sopa boba es el conjunto de guisos que se repartía a los
pobres que acudían a las puertas de los conventos.
[15] La mentalidad
laica es la forma de ver el mundo en la que no tienen un lugar principal las
ideas religiosas. Lo laico es lo opuesto a lo religioso.
[16] En 1834 se produjo el primer ejemplo de anticlericalismo (odio hacia la Iglesia) de origen popular en España. En el contexto de la Primera Guerra Carlista, fueron asaltados varios conventos de Madrid en julio de 1834 y asesinados 73 religiosos.
[17] Un concordato es un tratado internacional entre un Estado cualquiera y el gobierno de la Iglesia, al que llamamos Vaticano o Santa Sede, que trata asuntos eclesiásticos.
[18] En el último cuarto
del siglo XIX en la mayoría de los estados de Europa occidental hubo un
movimiento a favor del voto democrático. En muchos países se aprobó el sufragio
universal masculino, y el femenino a comienzos del siglo siguiente.
[19] La cuota de
afiliación era el dinero que se pagaba para mantener al partido y que servía
para los gastos de este.
