Material de apoyo

 14. DESARROLLO Y CRISIS DEL FRANQUISMO (1960-1975)

 

1.   Liberalización económica y desarrollismo

A mediados de la década de 1950, el fracaso de la autarquía había llevado a la economía española a una fuerte crisis y al borde de la suspensión de pagos del Estado. La única solución era conseguir créditos de los organismos internacionales (FMI, OECE) lo que solo era posible a cambio de reformas que liberalizasen la economía y pusiesen fin a la autarquía.

El Plan de Estabilización y su impacto 

A partir de 1957, los gobiernos nombrados por Franco incorporaron a una nueva generación de políticos, algunos de ellos vinculados al Opus Dei. Su perfil más técnico que ideológico y su mayor preparación profesional (abogados, economistas, etc.) les valió la denominación de tecnócratas. El nuevo gobierno tecnócrata elaboró un Plan de Estabilización (1959) que diseñó una reforma profunda del sistema económico. El principal objetivo del Plan era salir de la crisis, acabar con la autarquía e implementar una economía de mercado a través de:

·  Estabilizar la economía para reducir la inflación. Se elevaron los tipos de interés, se limitaron los créditos y se congelaron salarios.

·  Liberalizar el mercado interior, eliminaron organismos interventores y la reglamentación de precios

·  Liberalizar el mercado exterior, facilitando la entrada de mercancías extranjeras y a la inversión de capitales.

Además, diversos organismos internacionales concedieron préstamos a España para evitar una suspensión de pagos y hacer frente a la grave situación económica, Las reservas del Banco de España se incrementaron y la inflación se redujo al 2% por el descenso del consumo, la caída de la producción y la extensión del paro, que se mitigaría con la emigración exterior.

Los Planes de Desarrollo

Tras las medidas de Estabilización, se pusieron en marcha unos Planes de Desarrollo Económico y Social. Se trataba de una planificación orientativa para impulsar la actividad del sector público y ofrecer previsiones y ayudas a los inversores privados. Se promulgaron tres planes cuatrienales (1964-1967, 1968-1971 y 1972-1975), y para controlar su funcionamiento se creó una Comisaría del Plan de Desarrollo, presidida por Laureano López Rodó, tecnócrata vinculado al Opus Dei.

Las inversiones públicas en infraestructuras y productos básicos como el acero, el carbón o el aluminio, se acompañaron de inversiones en algunas empresas privadas seleccionadas. También se crearon unos polos de desarrollo que pretendían reducir los desequilibrios regionales promoviendo nuevas empresas en zonas de escasa industrialización.

Los resultados de la planificación franquista fueron muy limitados porque en muchos casos los recursos se invirtieron de forma ineficaz. Sus objetivos no se cubrieron ni por la iniciativa privada ni por la pública. No comportaron la transformación de la geografía industrial ni tampoco fueron causa última del crecimiento. Su mayor logro residió en dotar al país de algunas infraestructuras (electrificación, refinerías de petróleo, carreteras, etc.) y de materias básicas.

 

El Plan de Desarrollo (...) instrumenta una amplia e intensa acción del Estado a favor de las zonas menos desarrolladas con el fin de conseguir una mayor aproximación entre los niveles de renta de las distintas regiones españolas. (...)

El mayor esfuerzo económico se emplea a favor de la mejora agraria (...).

Para acelerar la industrialización, el Plan prevé el establecimiento de polos y polígonos. Mediante los primeros se trata de crear importantes núcleos industriales. (...) Mediante los polígonos, la acción del Estado se extenderá a aquellas poblaciones que, sin reunir las condiciones para crear polos de desarrollo, permitan el establecimiento de industrias.

Primer Plan de Desarrollo, 1964.

 

La industria, motor del desarrollismo

La industria actuó como motor del desarrollo económico junto a la expansión de los servicios. El crecimiento de la producción industrial, hasta 1973, presenta tres principales características:

- Aumento del 10% anual gracias a la mejora de la productividad; a la importación de maquinaria, tecnología, petróleo, y primeras materias; a la inversión extranjera directa, y a la incorporación masiva de una mano de obra en buena medida procedente del campo y con bajos costes salariales.

- Diversificación de la producción industrial que provocó una mayor relevancia para los bienes de consumo asociados al sector metalúrgico (automóviles, electrodomésticos); la electricidad y productos derivados; el sector químico (farmacéutico, plásticos, detergentes), y la alimentación. Se reestructuran sectores tradicionales como el textil, la siderurgia y la construcción naval, y crecieron industrias muy competitivas con bajos costes de producción como el vestido, el calzado y los muebles.

- Concentración en zonas con mayor tradición fabril: Cataluña (el 48,9%) y País Vasco (el 24,7%). También se extendió por nuevas zonas sobre todo en Madrid (12,75%), y en ciudades como Ferrol, Vigo, Sevilla, Huelva, Valladolid, Valencia, Pamplona y Vitoria.

Asimismo, es necesario resaltar el boom de la construcción, vinculado con la inmigración de millones de personas a las ciudades, procedentes del campo. Estimularon la edificación y el crecimiento de las periferias urbanas y ciudades dormitorio.

La necesidad de financiación de las nuevas actividades económicas promovió el desarrollo del sector bancario, que invirtió cuantiosos capitales en nuevas industrias, concedió crédito a empresas y a particulares y actuó como intermediario en las inversiones de capital extranjero. Se produjo una notable concentración hasta el punto que en 1970, los siete mayores bancos españoles controlaban más del 80% de los recursos financieros y estaban bien imbricados en los consejos de administración de las principales industrias, formando una poderosa oligarquía.

La agricultura se moderniza

Durante la década de 1960 se produjo la crisis de la agricultura tradicional de escasa productividad y sustentada en la abundancia de mano de obra. La combinación de tres factores estimuló la modernización del campo:

• Éxodo rural hacia el extranjero y zonas industriales, que provocó la despoblación de determinadas zonas agrarias.

• Cambios en la producción gracias a la mecanización (se pasó de 56.845 tractores en 1960 a 379.070 en 1975), el uso de fertilizantes químicos y la expansión del regadío.

• Diversificación de la producción asociada a los cambios en la dieta de una población cada vez más urbanizada, que aumentó el consumo de carne, lácteos, fruta y verdura.

La estructura de la propiedad agraria cambió ya que las explotaciones menos rentables fueron desapareciendo y muchas otras experimentaron profundas transformaciones. De esta forma, se avanzó en la intensificación de los cultivos y la creación de modernas explotaciones agropecuarias.

La población crece y se desplaza

La tasa de crecimiento anual de la población en los años 60 fue la más elevada del siglo XX (aumentó un 1,2% anual) y la población pasó de 30’4 millones de habitantes en 1960 a 33’8 en 1970 y 35’7 en 1975. El descenso de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida (73’3 años de promedio), la alta natalidad (en 1975 se situaba en 2’8 hijos por mujer) y el descenso de la mortalidad infantil explican este crecimiento. El resultado fue una sociedad joven (los menores de 14 años, en 1970, constituían el 27’8% del total) y un cierto incremento de los mayores de 65 años (el 10’4% en 1970).

Ahora bien, el fenómeno demográfico más relevante fueron los movimientos migratorios, ya iniciados anteriormente, que afectaron a unos 4 millones de personas. La mitad aproximadamente se trasladaron de una región a otra en el interior de España y 1,5 millones aproximadamente se fueron al extranjero. Se huía de la miseria y de la falta de trabajo, acentuada por los cambios técnicos, mientras las oportunidades laborales y de mejora social en las grandes ciudades ofrecían nuevas expectativas. En consecuencia, se produjo un fuerte desequilibrio territorial con el despoblamiento de zonas rurales y el crecimiento urbano.

El mercado de trabajo cambia

A lo largo de estos años la población activa pasó de unos 11’8 millones en 1960, a más de 13’3 en 1975. El cambio estructural más importante se produjo en la composición de la población activa ya que hubo una drástica reducción de los trabajadores agrarios. Desde 1971, el segundo sector con más trabajadores pasó a ser la industria y el mayoritario lo formó el sector terciario. En una década la fuerza de trabajo pasó de ser predominantemente agraria, a expandirse en el sector secundario y los servicios, en fiel reflejo de la transformación de la sociedad y de su urbanización.

La participación femenina en el mercado de trabajo aumentó, aunque la contratación formal en 1970 solo alcanzó el 17’9% del total, lejos de los estándares europeos (29’4% en Francia, 32’6% en Gran Bretaña). Además, la incorporación era intensa hasta la edad de 25 años, pero a partir de ese momento caía de forma significativa: el nacimiento de los hijos se mantuvo como una barrera para el trabajo profesional femenino. La aprobación de la Ley sobre Derechos de la Mujer (1961) puso fin a algunas de las discriminaciones más degradantes, como la obligación de abandonar el puesto de trabajo por matrimonio.

La llegada del turismo masivo

A partir de la década de los 60, España experimentó un gran auge del turismo, pasando de 6 millones de turistas en 1960 a 34 en 1973. Ello supuso una elevada fuente de ingresos y un aumento de la actividad hotelera (hoteles, apartamentos y otras instalaciones), de los servicios complementarios y de la construcción. El turismo fue decisivo en la aportación de divisas y en la generación de puestos de trabajo, y contribuyó directamente a la expansión de los servicios, estimulando las redes de comercio interior y exterior y los medios de transporte y de comunicación.

Sin embargo, España se especializó básicamente en el turismo masivo de "sol y playa", es decir de una afluencia estacional, en verano. Se concentró en las zonas de la costa mediterránea, en las islas Baleares y las Canarias, que sufrieron una transformación urbanística acelerada, muy caótica y con escaso respeto al entorno natural.

 

2. La fragilidad del modelo desarrollista

 

La dependencia del exterior

Entre 1960 y 1975, la economía española conoció una larga etapa de crecimiento económico, con tasas anuales de aumento del PIB superiores a la media europea, generó un incremento del 40% en la renta por habitante, y la mejora del nivel de vida de los españoles, que fue progresivamente acercándose a la media europea. Esta transformación fue el resultado no tanto de la política económica del franquismo como de su vinculación al mercado internacional y al aprovechamiento de la ola de expansión económica que vivió Europa aquellos años.

En efecto, los enormes recursos financieros invertidos para evitar la quiebra de la economía española a finales de la década de 1950 y posibilitar el desarrollo económico provenían del exterior, preferentemente de Europa. Estos llegaron a España básicamente por tres vías: las remesas de los emigrantes, las divisas aportadas por los turistas y las inversiones realizadas por empresas extranjeras. El mercado español empezaba a ser atractivo para los inversores extranjeros por los reducidos costes fiscales y salariales en comparación con los europeos y la alta rentabilidad de las empresas que se instalaban en España.

De este modo, España recibió, sobre todo de países europeos, los recursos financieros que permitieron equilibrar el déficit en la balanza de pagos por las importaciones de tecnología, de maquinaria y de los productos imprescindibles para modernizar y hacer más competitiva su estructura productiva.

Lejos del estado del bienestar europeo

Ahora bien, la rapidez y la profundidad de las transformaciones experimentadas estos años no ocultaban la debilidad del modelo económico. Su dependencia del exterior implicaba grandes gastos (compra de patentes, maquinaria, etc.) y la supeditación a los intereses de las empresas extranjeras. El desarrollo exigía el aumento del gasto público tanto en la provisión de servicios (educación, sanidad, pensiones…) como en la inversión en infraestructuras.

El aumento que se produjo (del 14,8% del PIB en 1960, al 24,7% en 1975) fue insuficiente para atender unas necesidades largamente acumuladas y estaba lejos de la media de los países de la OCDE (del 31,5% al 44,3% del PIB). Esta falta de recursos públicos derivaba de la reforma fiscal que se implementó, ya que no tuvo carácter progresivo sino que aumentó la tributación sobre el trabajo y el consumo (impuestos indirectos que suponían más del 60% del total) mientras que la presión sobre sociedades y rentas altas fue baja y tolerante con el fraude. También se inició un limitado sistema de Seguridad Social (1963), financiado con las cotizaciones de empresarios y trabajadores y, con una escasa contribución estatal.

Todos estos factores alejaron a España del estado del bienestar europeo. La dictadura fue ineficiente en la redistribución de rentas, en el impulso de las infraestructuras que diesen solidez y continuidad al crecimiento económico o en el desarrollo de servicios públicos que atendiesen las demandas de la población. La crisis económica mundial de 1973 puso en evidencia estos déficits y la propia fragilidad del sistema.

 

3. Una sociedad en transformación

 

Crecimiento urbano y periferias

El aumento de la población urbana se vinculó principalmente a la inmigración, que se concentró en las ciudades de más de 100.000 habitantes (un 37% en 1970). En contrapartida, los municipios de menos de 2.000 habitantes disminuyeron un 11%, mientras determinadas zonas rurales del centro y Sur de España perdieron casi el 40% de su población en veinte años.

En las ciudades se formaron grandes áreas metropolitanas que concentraban a mucha población e incluían varios municipios, algunos de los cuales llegaron a multiplicar sus habitantes por diez en veinte años. Estas periferias superpobladas, que concentraron decenas de miles de personas, configuraron la otra cara del desarrollo urbano porque crecieron de forma desordenada y su construcción estuvo a menudo sometida a los intereses de los grupos inmobiliarios, con buenas vinculaciones con la administración.

Los grandes bloques de viviendas, de mala calidad, identificaron un nuevo barraquismo vertical y la urbanización presentó graves deficiencias de servicios y equipamientos: transporte, asfaltado, escuelas, centros sanitarios, de ocio, deportivos… Además el ritmo de construcción fue insuficiente para atender a la demanda, sin que las autoridades impulsasen una política pública de vivienda.

Una nueva estructura social

La modernización y el crecimiento económico comportaron importantes cambios en la composición del país, configurándose una sociedad capitalista avanzada, con amplios y diversificados sectores de trabajadores y una clase media en transformación. Esta nueva sociedad se caracterizó por:

● Pérdida de peso del mundo rural, que significó una reducción sustancial de los pequeños propietarios y jornaleros agrarios que diluyó la cuestión social en el campo.

● Aumento del proletariado urbano que alcanzó los cuatro millones de personas, la mitad de todos los asalariados. Por primera vez en la historia española, el número de obreros industriales era superior al de campesinos. Muchos de ellos eran antiguos jornaleros agrícolas que, forzados a emigrar, se ocuparon en los sectores asalariados menos cualificados (la construcción, la industria y el comercio) y se ubicaron, preferentemente, en las zonas más industrializadas como Cataluña, Madrid, País Vasco y Asturias.

● Impulso de una nueva clase media asociada a la industrialización (trabajadores autónomos de talleres automovilísticos, eléctricos), a los servicios (turismo, comercio), a la administración y a los servicios públicos (enseñanza, sanidad). También aumentaron los nuevos profesionales asociados a actividades técnicas y a la urbanización.

● Una burguesía asociada a las empresas internacionales y al sector público. El sector financiero, bien imbricado con la industria, se consolidó como muestra la amplia participación de directivos de la banca en consejos de administración de las grandes empresas.

El arranque de la sociedad de consumo

La renta per cápita aumentó notablemente, duplicándose entre 1960 y 1975. Ello conllevó un aumento del poder adquisitivo de la población gracias al aumento del salario, la extensión del empleo en las ciudades -donde las retribuciones eran más elevadas que en el campo- y el pluriempleo.

El consumismo fue el primer signo evidente de estos cambios y los hogares españoles se equiparon con los modernos electrodomésticos: frigorífico, lavadora, televisor, aparatos de cocina… También se popularizó el automóvil, sobre todo a partir del utilitario SEAT 600, que se convirtió en el vehículo de muchas familias. Los nuevos hábitos como las vacaciones (campings, hoteles…) y la ampliación del ocio y los espacios culturales, multiplicaron el consumo. 

Mientras el comercio iniciaba una transición que generó grandes superficies e implantó la venta a plazos, la publicidad irrumpía con artículos que convertía en objetos de deseo. En definitiva, se fue instalando la sociedad de consumo en España, si bien con estándares todavía inferiores a los europeos.

Nuevos comportamientos sociales y formas de vida 

Las transformaciones sociales propiciaron el progresivo abandono de buena parte de las actitudes, normas de conducta e incluso de la rígida moralidad de la postguerra. La sociedad se hizo más abierta y plural a medida que iban imponiéndose los hábitos sociales y culturales que predominaban en Europa. Esta modernización se evidenció fundamentalmente en los siguientes aspectos:

·  Progresivo proceso de laicización y secularización que distanció a la sociedad de las rígidas normas y la férrea tutela ejercida por la Iglesia durante el primer franquismo.

·  Acceso a la enseñanza básica de todos los españoles, incluidas las mujeres, y aumento considerable de los universitarios. La Ley General de Educación de 1970 reorganizó el sistema educativo y posibilitó el incremento de la población escolarizada a todos los niveles.

·  Modificación de la estructura familiar que comportó el tránsito de la familia amplia, propia de los ambientes rurales, a la familia nuclear (padres e hijos) típica del mundo urbano. La gran capacidad de penetración e influencia de los medios de comunicación (cine, televisión), el contacto con el turismo y los viajes al extranjero impusieron las pautas de comportamiento familiar predominantes en Europa.

·  Cambio del papel de la mujer. El acceso a los estudios y la incorporación al trabajo asalariado, así como la propagación del feminismo que propugnaba la igualdad entres sexos, impulsaron el progresivo abandono de la reclusión de la mujer en el hogar. 

·  La eclosión de la juventud comportó una ruptura generacional acentuada por el intenso encorsetamiento social y cultural del franquismo. Fue un desafío cultural, estético y sexual a las normas establecidas que se acompañó de la contestación a la dictadura.

 

4. Reformismo sin democratización

 

El franquismo necesita cambiar su imagen

El 25 aniversario del fin de la guerra en 1964 dio lugar a una gran operación de propaganda, difundida como 25 años de paz. Con ella, se intentaba crear una nueva imagen de Franco y del régimen, asociada a la paz y al progreso, aunque sin renunciar a la Victoria.

Los gobiernos de la década de 1960, formados a partir de la influencia de Carrero Blanco, en los que cada vez tenían más presencia los tecnócratas, se orientaron esencialmente hacia la promoción del desarrollo económico, pero también hacia una renovación política que implicase la modernización de la administración, la legislación y las instituciones del país.

Esta adaptación a los nuevos tiempos comportó un conjunto de reformas políticas que adecuaban el régimen a las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo y que, al mismo tiempo, enmascaraban algunos de los aspectos más autoritarios del franquismo. Las reformas buscaban mejorar la imagen ante la Comunidad Económica Europea (CEE), aumentar su representatividad y adaptarse a los nuevos patrones sociales, pero sin reconocer las libertades fundamentales ni aceptar la democracia.

Detrás de este tímido reformismo había la convicción de que la prosperidad y el bienestar social suplirían la falta de libertades y de un gobierno democrático. Se creía que el desarrollismo consolidaría el régimen franquista al aumentar el consenso social de amplios sectores de la sociedad.

La continuidad de la represión

La primera evidencia de que el franquismo no estaba dispuesto a reconocer las libertades democráticas y los derechos humanos fue el mantenimiento del aparato represivo como pieza fundamental del régimen. El único cambio relevante fue su desmilitarización parcial a partir de la creación del Tribunal de Orden Público (TOP, 1963). Fue una jurisdicción civil para los delitos vinculados al ejercicio de las libertades políticas, salvo en casos excepcionales que continuaron en manos militares. Este tribunal estuvo vigente hasta 1977 y por él pasaron 50.714 personas de las cuales más de 9.000 fueron procesadas.

Los consejos de guerra continuaron celebrándose (1.817 civiles fueron procesados entre 1969 y 1975), adquiriendo especial relieve los que impusieron penas de muerte ya que provocaron cada vez mayores manifestaciones de rechazo, también en el exterior. En 1963, fue ejecutado el dirigente comunista Julián Grimau por su acción durante la Guerra Civil, y los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado acusados de un atentado que no habían cometido. Entre 1974 y 1975, antes de la muerte de Franco se produjeron nuevas ejecuciones.

También se recurrió frecuentemente a proclamar el estado de excepción (1967, 1969, 1970...) para frenar las movilizaciones y acabar con la oposición. Por otro lado, la violencia policial y la Brigada Político-Social incrementaron su actividad represiva.

Las reformas institucionales y legislativas

En 1966, el ministro Manuel Fraga Iribarne promovió la nueva Ley de Prensa. Se trataba de una ley liberalizadora, que suprimía la censura previa, pero imponía limitaciones a la libertad de expresión y fijaba sanciones a autores y editores por el contenido ideológico y político de las publicaciones.

El mismo año, el ministro José Solís Ruiz estimuló la participación de los trabajadores en las elecciones sindicales para dotar de representatividad la Organización Sindical. En 1967 se aprobaron nuevas leyes como la de libertad religiosa, aunque la religión católica siguió siendo la propia de la nación española, o la de elección de procuradores familiares a las Cortes, que eran elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas.

La mayor relevancia legislativa recayó en la Ley orgánica del Estado, aprobada en 1967 en un referéndum lleno de irregularidades. Participó casi el 90% del censo electoral y el “sí” obtuvo el 96% de los votos. Esta nueva ley fundamental confirmaba la institucionalización monárquica del régimen, fijaba los poderes del jefe del Estado separando el cargo del nuevo presidente del gobierno, y actualizaba leyes fundamentales como la Ley de Cortes.

Poco después, en julio de 1969, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Sucesión, Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, como su sucesor. Este nombramiento significaba la culminación del programa de institucionalización y sucesión del franquismo. Fue entonces cuando Franco aseguró que la continuidad del franquismo estaba garantizada: “Todo ha quedado atado y bien atado”

Las discrepancias dentro del franquismo

Las reformas provocaron diferencias entre las distintas familias del régimen, que siempre habían estado contenidas por la autoridad indiscutible del Caudillo. Estas corrientes fueron:

- Quienes defendían el reforzamiento del Movimiento para hacer más representativas sus organizaciones como Solís Ruiz.

- Los que promovían una apertura limitada como Fraga.

- Los tecnócratas que pretendían diluir el poder del Movimiento en beneficio de la nueva institucionalización de la monarquía como Carrero Blanco. Confiaban que la prosperidad económica estabilizaría el sistema.

En 1969, las diferencias políticas en el interior del gobierno se hicieron públicas. El estallido del denominado escándalo Matesa, una empresa de maquinaria textil conectada con el entorno del Opus Dei, provocó una crisis gubernamental. Este caso de corrupción, en el que se veían implicados varios ministros, fue ampliamente difundido por la prensa y los sectores inmovilistas culparon a la excesiva tolerancia informativa de haber contribuido al público descrédito del gobierno.

La crisis se resolvió con la victoria de Carrero Blanco y con la formación del llamado gobierno monocolor, que supuso la salida de los ministros más aperturistas, Manuel Fraga y José Solís Ruiz, a los que se responsabilizaba del aumento de la contestación social.

 

5. Los nuevos movimientos sociales y el antifranquismo

 

La conflictividad obrera

En 1962, unas huelgas por reivindicaciones laborales paralizaron las minas de

Asturias y generaron huelgas solidarias en el País Vasco, Cataluña y Castilla. Arrancaba un movimiento obrero que comportó un aumento de los conflictos tanto en las zonas de tradición obrera (Asturias, Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya) como en las nuevas ciudades industriales (Madrid, Pamplona, Ferrol, Vigo, Sevilla, Valencia y Valladolid). La mayoría se originaron en reivindicaciones laborales, pero la represión provocó que la militancia antifranquista denunciase la violencia y la falta de libertades y derechos, y llamase a la solidaridad.

En esta dinámica, en 1962 se creó la organización Comisiones Obreras (CC. OO.) formada por representantes elegidos por los obreros con el fin de impulsar la lucha laboral (salarios, condiciones de trabajo) y la política (libertad sindical, derechos). Era un movimiento, a modo de sindicato, que defendía y canalizaba reivindicaciones obreras y agrupaba diferentes opciones ideológicas: cristianos, comunistas, socialistas… Su estrategia combinaba las acciones ilegales (huelgas) con los medios legales, presentándose a la elección de enlaces sindicales para introducirse en el Sindicato Vertical y actuar desde dentro. Su éxito en las elecciones de 1966 provocó su ilegalización al año siguiente. Su dirección fue detenida y juzgada en 1972 en el llamado Proceso 1001, que acabó con condenas muy severas a sus dirigentes, entre ellos Marcelino Camacho.

Aunque Comisiones Obreras fue la organización sindical más representativa, surgieron otras organizaciones obreras vinculadas a las Juventudes Obreras Cristianas, que fundaron la Unión Sindical Obrera (USO) en 1967. De los antiguos sindicatos, solo UGT mantuvo una limitada actividad clandestina y la CNT estaba prácticamente desaparecida.

La contestación se impone en la Universidad

La protesta universitaria creció de forma espectacular y devino uno de los principales problemas del régimen, sobre todo a partir de 1965 con la reivindicación de la amnistía, de sindicatos libres en contra del obligatorio SEU (Sindicato Español Universitario) y la exigencia de libertades. Entre 1966 y 1968 se organizaron sindicatos democráticos, legales en Madrid, Barcelona o Valencia, que redujeron a la total inoperancia al SEU. No sobrevivieron a la represión por las detenciones, multas o expulsión de los estudiantes y quedaron desarticulados.

Desde 1968, la movilización se radicalizó, a lo que colaboró la coyuntura europea y la expansión de culturas marxistas y alternativas, a la vez que la represión se intensificaba con la policía entrando en los campus. Se formaron comités de curso ilegales que canalizaron el rechazo a la nueva Ley de Educación (1970), apoyaron las reivindicaciones profesionales y exigieron la democratización de una Universidad que estaba experimentando una gran masificación. En los últimos años del franquismo, los campus universitarios se convirtieron en espacios de agitación permanente y de rechazo al régimen.

La protesta se amplía: de los barrios a la cultura

Los déficits de servicios y equipamientos en las periferias urbanas originaron una movilización de las asociaciones de vecinos para cubrir sus necesidades inmediatas (viviendas, escuelas, asfaltado, alcantarillado, suministros básicos, transporte) e impulsar espacios de sociabilidad. La inacción de las autoridades y la respuesta represiva desprestigiaron a alcaldes y concejales, y estimularon el crecimiento de asociaciones vecinales que reclamaban ayuntamientos democráticos.

La disidencia a favor de las libertades y la democracia y la denuncia de la represión alcanzó entidades legales como Justicia y Paz, colegios profesionales, intelectuales y personalidades del mundo académico, cultural y artístico. La crítica se extendió también entre determinados medios de comunicación como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Cambio 16.

 

LA HUELLA DE LAS MUJERES

La reivindicación feminista se inició en las grandes ciudades a finales de la década de 1960. María Laffitte creó el Seminario de Estudios Sociológicos integrado por mujeres vinculadas al catolicismo progresista. Criticaban el discurso de la Sección Femenina y denunciaban las dificultades laborales de la mujer y su supeditación a la familia patriarcal. Desde el antifranquismo, la abogada Lidia Falcón en Mujer y sociedad (1969) defendió los derechos civiles y laborales de la mujer y la escritora María Aurèlia Capmany plasmó su ideario feminista y defendió que la mujer se liberase de su condición de “ángel del hogar”.

 

La división de la Iglesia.

La jerarquía eclesiástica se había mantenido firme en su apoyo al régimen hasta que, a principios de la década de 1960, el Concilio Vaticano II impulsó la renovación de la Iglesia y se empezaron a oír voces críticas. En 1971, el Papa ascendió al arzobispo aperturista Vicente Enrique y Tarancón a cardenal y a presidente de la Conferencia Episcopal Española lo que marcó un punto de inflexión.

La gradual secularización de la sociedad favoreció que la Iglesia fuese perdiendo influencia. Aumentaron los católicos y sacerdotes jóvenes que se alinearon con las posiciones antifranquistas. La división de la Iglesia puso en evidencia la desafección de uno de los pilares fundacionales del régimen y lo afectó profundamente.

 

Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros. Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ver verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo dividido por una guerra entre hermanos.

Declaración de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes españoles, septiembre de 1971.

 

 

 

La agitación nacionalista

En Cataluña, se desarrolló un importante movimiento cívico de reivindicación de la lengua y la cultura que se asoció a la demanda de autonomía perdida en 1939. Su carácter transversal posibilitó la creación de la Asamblea de Cataluña (1971), un organismo unitario que popularizó el lema “Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía” y se coordinó con los pueblos de España en la lucha democrática.

La Asamblea de Cataluña reunía no solo a partidos antifranquistas como el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), partidos históricos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Unió Democrática de Catalunya (UDC), nuevas organizaciones nacionalistas periféricas de izquierda como Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) o Front Nacional de Catalunya (FNC) y de centro como Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), sino que también aglutinaba a entidades catalanistas, movimientos sociales o Comisiones Obreras.

En el País Vasco, si bien el Partido Nacionalista Vasco (PNV) permanecía como un referente e inspiraba al gobierno vasco en el exilio, el hecho de mayor repercusión fue la aparición de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad) en 1959. Esta organización, revolucionaria y nacionalista radical, propugnó a partir de 1968 la lucha armada contra el franquismo, con atentados contra personalidades del régimen y fuerzas del orden público. Especial relevancia tuvieron el asesinato del policía de la Brigada Político-Social Melitón Manzanas (1968) y el del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco (1973).

Los partidos de oposición

Las transformaciones sociales, el recambio generacional y la pérdida de influencia del exilio político produjeron la recomposición del antifranquismo en la década de 1960. Las organizaciones opositoras cambiaron la forma de enfrentarse a la dictadura desacreditándola a partir de la denuncia de las precarias condiciones de vida y de la falta de libertades políticas. También plantearon la necesidad de superación de la Guerra Civil y la reivindicación unitaria de la democracia.

La izquierda tuvo un claro protagonismo político al estar presente en la mayoría de las movilizaciones y conflictos sociales. El Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, tenía fuerte presencia en los movimientos de masas. El activismo de una creciente militancia y de los mismos movimientos sociales le erigió en principal partido del antifranquismo, no exento de problemas internos. Así, militantes que no renunciaban a postulados revolucionarios pasaron a formar un pequeño grupo, el PCE m-l (1963) que daría lugar al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, 1970) que practicó la lucha armada.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con menor presencia en los movimientos sociales, estuvo condicionado por el enfrentamiento entre la dirección en el exilio y la militancia del interior. En el Congreso de Suresnes (Francia), celebrado en 1972, estos últimos se hicieron con el control del partido bajo la dirección de Felipe González en 1974.

También se perfiló una oposición moderada al franquismo compuesta en parte por disidentes del propio régimen (Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruiz Giménez) decepcionados ante la persistencia de la política represiva y antidemocrática. En 1962, buena parte de la oposición moderada -monárquicos, democratacristianos y liberales- junto con republicanos y socialistas en el exilio, participaron en Múnich en el IV Congreso del Movimiento Europeo para denunciar internacionalmente la dictadura de Franco.

 

El Congreso del Movimiento Europeo (...) exige instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, (...) lo siguiente:

1.° La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas (...).

2.° La efectiva garantía de los derechos de la persona, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3.° El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades.

4.° El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores entre otros medios mediante la huelga.

5.° La posibilidad de organizar corrientes de opinión y partidos políticos.

Resolución de los 118 delegados españoles reunidos en Múnich, 1962.

 

6. Crisis y agonía del franquismo

Carrero Blanco y la continuidad del régimen

El nuevo gobierno nombrado en 1969 tenía a Carrero Blanco como vicepresidente y mantuvo firme su voluntad de frenar cualquier intento aperturista. Así, se modificó en sentido restrictivo la Ley de Prensa y se ordenó reprimir sin contemplaciones toda manifestación opositora. Su pretensión de acabar con las diferencias internas fracasó notablemente como se evidenció ante la nueva Ley sindical (1971), que volvió a enfrentar a tecnócratas y falangistas, o con la paralización de un proyecto de Ley de Asociaciones Políticas dentro del Movimiento.

En junio de 1973, el almirante Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, convirtiéndose en la persona clave para asegurar la continuidad del franquismo después de la muerte de Franco. Pero cuando, en diciembre de ese año, Carrero Blanco fue asesinado por ETA en un atentado en Madrid, la fractura entre quienes apostaban por la permanencia del régimen a toda costa, el llamado búnker, y quienes apuntaban hacia la necesidad de un cambio progresivo, los aperturistas, fue haciéndose cada vez mayor.

En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro. Pretendía unir a aperturistas e inmovilistas a partir del Espíritu del 12 de febrero, fecha en la que presentó en las Cortes un proyecto de moderada reforma que permitía la creación de asociaciones políticas dentro del Movimiento. Pero Arias no convenció ni a franquistas ni a la oposición democrática. Ante la ausencia de auténticas reformas, los ministros aperturistas salieron del gobierno mostrando así la incapacidad del franquismo para democratizarse.

El aumento de la movilización social

A partir de 1970 tuvo lugar un gran crecimiento de la conflictividad social -obrera, estudiantil, vecinal- y los diferentes gobiernos optaron por endurecer la represión, lo que atemorizaba a la población, pero aumentaba el descontento y su desprestigio en el exterior. La movilización contra el proceso de Burgos (1970), por las penas de muerte impuestas a militantes de ETA, adquirió proporciones desconocidas hasta entonces y obligó a Franco a conmutarlas.

Ante la inminente desaparición del Caudillo, la oposición creó organismos unitarios para definir una alternativa al régimen:

- La Junta Democrática (1974) creada en torno al PCE integró a CC. OO., a partidos de izquierda e incluso personalidades de la derecha democrática.

- La Plataforma de Convergencia Democrática (1975) se creó en torno al PSOE y uniría a grupos democratacristianos, la UGT y el PNV.

Los programas de ambos organismos proponían la ruptura democrática por medio de un gobierno provisional que proclamase la amnistía y convocase elecciones libres. Ambas acabaron fusionándose en 1976.

También se produjo una pequeña pero significativa disidencia dentro del ejército español, la Unión Militar Democrática (UMD, 1974), que fue desarticulada al año siguiente.

En esos años tuvo lugar un recrudecimiento de la violencia, ya que ETA incrementó sus atentados con matanzas indiscriminadas como la de la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid (1974), que consternó a la sociedad al provocar 13 muertos y más de 60 heridos. A estos atentados se sumaron los practicados por dos grupos aislados de la izquierda radical, el FRAP y el GRAPO (creado en 1975), que generaron el rechazo de la oposición democrática. En respuesta, el gobierno de Arias Navarro intensificó la represión. En 1974, ejecutó a Salvador Puig Antich, un joven militante anarquista. Además, en 1975 se aprobó una ley antiterrorista que se proyectó como una amenaza sobre el antifranquismo y fueron condenados y ejecutados cinco activistas de ETA y del FRAP.

El conflicto del Sáhara

El proceso de descolonización africano había sorprendido a España sin tener ningún plan de acción. En 1956, Francia pactó con el rey de Marruecos la independencia de la zona francesa sin apenas informar al gobierno de España, que se vio forzado a proceder de la misma forma con el protectorado español. Tras un breve conflicto armado en 1957, España cedió completamente el territorio de Ifni a Marruecos en 1969, tras haber concedido la independencia a Guinea Ecuatorial en 1968.

Para proceder a la descolonización del territorio del Sáhara, el gobierno español había aceptado celebrar un referéndum de autodeterminación de ese territorio, a propuesta de la ONU y del Frente Polisario, una formación independentista saharaui. En 1975, aprovechando la grave enfermedad de Franco, Marruecos exigió la entrega de ese territorio, rico en fosfatos y pesca, y el rey Hassan II organizó la Marcha Verde, una invasión pacífica del Sáhara que movilizó a decenas de miles de civiles. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos y con Franco agonizando, el gobierno de Arias claudicó y el 14 de noviembre se firmó el Acuerdo de Madrid, que suponía la entrega de ese territorio a Marruecos y a Mauritania.

20-N: la muerte de Franco

En un contexto de condena internacional de la represión franquista -retirada de embajadores europeos-, de agudización de las tensiones en el propio régimen y de la crisis provocada por el Sáhara, el 20 de noviembre de 1975 falleció el general Franco. Dejaba tras de sí un régimen anacrónico y en evidente crisis. Pese a la pretensión de que el futuro de España estaba “atado y bien atado”, cada vez era más evidente la imposibilidad de un franquismo sin Franco.

 

7. Andalucía en el modelo desarrollista franquista

Andalucía se incorporó lentamente al proceso de crecimiento de la economía española en la década de 1960. Sin embargo, a partir de 1964, la economía andaluza conoció una transformación cuantitativa y cualitativa de la estructura productiva anterior: el sector agrario perdió su lugar privilegiado, la industria se mantuvo, aunque el aumento de la construcción sirvió de contrapeso, mientras que los servicios se consolidaron como el sector económico predominante.

Población y migraciones

La emigración, que alcanzó a unos dos millones de personas entre 1950 y 1980, fue una de las consecuencias más graves del modelo económico franquista. Tuvo una particular incidencia en las áreas rurales del interior y en las provincias de Jaén, de la que partieron casi 180.000 emigrantes solo en la década de 1960, y de Almería.

La falta de trabajo, la estacionalidad del empleo agrícola, los bajos salarios y la miseria popular fomentaron la emigración masiva de andaluces y andaluzas hacia un triple destino: las capitales de provincia, otras regiones más dinámicas (Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco y, en menor medida, las islas Baleares) y la Europa industrial (Alemania, Suiza, Francia y Bélgica).

El retroceso de la población andaluza debido a la fuerte emigración se compensó, en parte, por una tasa de natalidad más elevada que en otras regiones. La población creció moderadamente entre 1950 y 1975, y pasó de 5’6 a 6’1 millones de habitantes. Esto redujo el peso demográfico de Andalucía con relación al conjunto español (de un 20% en 1950 a un 17% en 1975).

 

Lo importante era ganar dinero para poder mandárselo a mis padres. Era el único de mis cinco hermanos que podía ayudarles. (...) Me arreglaron el pasaporte y me dijeron que iría a Alemania. Firmé un contrato, pero no sabía lo que había firmado. No sabía qué clase de trabajo iba a hacer. Ni dónde. (...)

Me apeé. Me quedé en el andén sin saber qué hacer, pensando que estaba perdido. Se me acercaron tres hombres y uno de ellos empezó a hablar. Yo lo único que podía hacer era encogerme de hombros. Me llevaron en coche a un bloque de apartamentos y me dieron la llave de uno y me enseñaron el dormitorio, el baño, la cocina. (...) A la mañana siguiente, volvieron y me llevaron a la fábrica. Vi que lo que hacían eran tejidos. Firmé papeles de todas clases; me dieron 1000 marcos y volví.

Testimonio de Jesús Moreno, emigrante, recogido por R. FRASER: Mijas. República, guerra, franquismo en un pueblo andaluz, 1985.

 

Desarrollo agrícola e industrial

En la década de 1960, se inició una capitalización de la agricultura andaluza, que implicó un proceso de mecanización, de modernización agraria y un aumento de la superficie destinada a regadíos (resultado de la política hidráulica del franquismo). Todo ello comportó un aumento de la producción y de las exportaciones de productos tradicionales, como el vino y el aceite. A su vez, el encarecimiento de la mano de obra generada por la emigración elevó los salarios e impulsó la mecanización para reducir los costes.

La industria se transformó de manera significativa, aunque sin aumentar su importancia dentro de la economía andaluza. El peso de la industria agroalimentaria disminuyó y crecieron de forma notable otras actividades como la química básica, el refino de petróleo, la industria del papel y la primera transformación de metales. Pero estos cambios se produjeron a costa de actividades altamente contaminantes que explotaban los recursos naturales de la región.

Las nuevas industrias incorporaron tecnología moderna que convive con las formas obsoletas de la industria anterior. Ejemplos característicos fueron los polos de desarrollo de Córdoba y Granada, que, a diferencia de los instalados en Sevilla y Huelva, no presentaron avances significativos en sus respectivos tejidos industriales. La década de 1970 fue la del apogeo de la industria naval de Cádiz, incentivada por las inversiones del INI en los astilleros, la renovación tecnológica de las fábricas de San Fernando y la Ley de Protección a la Flota Pesquera de 1961.

Crecimiento del turismo y los servicios

Entre 1950 y 1975, el turismo experimentó un gran crecimiento en Andalucía, y muy especialmente en su litoral mediterráneo. Se trataba de un nuevo modelo turístico ligado casi en exclusiva al sol y playas, que sustituyó al tradicional turismo de ciudades monumentales de la primera mitad del siglo XX. El turismo que visitaba Andalucía pasó de ser nacional a extranjero, mayoritariamente nórdico y británico, que llegaba sobre todo en avión.

Málaga, que contaba con un buen aeropuerto, y en concreto la Costa del Sol, fue el centro receptor más destacado, seguido por Granada, Cádiz, Almería, Huelva y Sevilla. En la década de 1960, la costa malagueña fue pionera de una oferta de turismo de litoral cosmopolita, que quedó reflejada en las lujosas urbanizaciones marbellíes.

El desarrollo del turismo provocó el crecimiento del sector servicios a costa de una pérdida de peso del sector agrícola. Así, el empleo en los servicios respecto al total de la economía andaluza pasó de representar el 26% en 1955, al 43,3% en 1975, y en cuanto al valor añadido generado, el sector servicios aportaba el 42,5% en 1955, mientras que en 1975 llegaba al 51,3%.

La nueva estructura social

En el cambio experimentado por la sociedad andaluza destacó el aumento del peso de la clase media. La nueva estructura social surgida a remolque de los cambios económicos de la década de 1960 quedó configurada en tres grandes grupos:

• La gran burguesía terrateniente seguía siendo la clase dominante, pero había diversificado su actividad, por lo que se distinguían tres sectores: terratenientes que extendieron sus intereses a la banca y la industria; quienes modernizaron sus explotaciones y constituyeron, en muchos casos, empresas capitalistas, y terratenientes que no modernizaron sus explotaciones, con el subsiguiente descenso de la rentabilidad de sus tierras. La alta burguesía no terrateniente, vinculada al sector industrial y bancario, era escasa por el deficiente desarrollo industrial.

• La pequeña y mediana burguesía había aumentado su importancia y estaba constituida por personas dedicadas a los servicios, técnicos y técnicas de grado medio, etc.

• La clase obrera del campo y de la ciudad constituía las dos terceras partes de la población activa andaluza. Estaba integrada por jornaleros y jornaleras sin tierra, obreros y obreras industriales, personas dedicadas a la minería y trabajadores y trabajadoras del mar.