No lo llames dignidad, llámalo "paguita"

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/88035/no-lo-llames-dignidad-llamalo-paguita/

No lo llames dignidad, llámalo 'paguita'

Julen Bollain, 29 de octubre de 2024

 

La sociedad está evolucionando. Pero, aunque estemos en pleno siglo XXI, curiosamente algunos insisten en mantenernos anclados a ideas obsoletas sobre el trabajo, la economía y la dignidad. ¿No les resulta insultante? Muchos detractores de la renta básica, en su infinita sabiduría, la llaman "paguita". Un término diseñado para menospreciar y descalificar. Pero, ¿por qué este estigma social se ha vuelto tan conveniente? ¿Acaso cuestionar los privilegios de unos pocos asusta tanto que la única salida es humillar a quienes más lo necesitan?

Y hay quienes critican la renta básica como una propuesta meramente populista, una especie de utopía que tan solo busca comprar voluntades. Seamos honestos, ¿acaso no es pura indiferencia y ceguera estructural el hecho de ignorar la pobreza que oprime a tantas personas, mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos?

 

La crisis del trabajo: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir?

El trabajo se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Y no precisamente para bien. Han creado una sociedad que valora el esfuerzo sobrehumano, la pura autoexplotación, pero que, al mismo tiempo, se niega a ofrecer trabajos dignos para la gran mayoría de las personas. Cualquiera diría que, para quienes defienden este modelo trabajocentrista, el trabajo precario, indigno y sin perspectiva es la única manera de ganarse la vida. Cualquiera diría que hay quien sustenta su margen de beneficio a través de la precarización de sus trabajadores. Cualquiera diría que hay quien ha cambiado su modelo de negocio por un modelo de explotación. ¿Y si queremos otra cosa? ¿Y si aspiramos a un futuro donde el trabajo sea solo una parte de nuestra vida y no toda la vida?

Cada vez somos más personas las que entendemos que la vida no debería ser solo trabajar hasta la muerte. Hace poco Milei aseguraba que había que retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años. La esperanza de vida en Argentina está en los 76. ¿En serio? ¿Es ese nuestro objetivo cuando la revolución tecnológica no hace más que elevar la productividad? ¿Para qué queremos ese incremento en la productividad? Yo lo tengo claro: para tener más tiempo libre y, sobre todo, más equilibrado. Sin embargo, parece que para lo único que está sirviendo ese incremento en la productividad es para que unos pocos acumulen todavía más riqueza. En España, el 0,01% más rico posee el 18,2% de la riqueza. El 1% más rico, el 42,6%. El 10% más rico, el 76,3%. Es decir, más de tres cuartas partes de la riqueza están concentradas en el 10% más rico. Mientras, el 50% más pobre tan solo posee el 2,7% de la riqueza. Ya va siendo hora de redistribuir la riqueza, el trabajo y el tiempo de forma equilibrada. Y esto no es una idea radical, es un simple acto de justicia.

 

La "paguita" de los rentistas y los multimillonarios

Ahora bien, si hablamos de "paguitas", sería interesante que quienes usan ese término pusieran el foco en las verdaderas "paguitas" del sistema. ¿No te suenan, verdad? Pues son las subvenciones, las exenciones fiscales y los privilegios a los grandes patrimonios. Lo que pasa es que si les llamas bonificaciones e incentivos fiscales parece que, además, son merecidas. Como resultado, mientras la clase trabajadora paga impuestos y lucha por llegar a fin de mes, las grandes fortunas disfrutan de una vida cómoda llena de "paguitas". Estoy harto de escuchar eso de "no quieren trabajar porque cobran la paguita". Los datos muestran que el 20% más rico de España recibe más del 30% de las ayudas públicas. El 20% más pobre, por su parte, tan solo el 12%. ¿Quién cobra paguitas? ¿Quién?

Es ofensivo que una persona que ha heredado 10 pisos se embolse 8.000€ al mes sin moverse del sofá, mientras le llama "paguita" a una renta básica de 700€ al mes que permitiría que todas tengamos la existencia material garantizada. Porque luego, además, quienes más te hablan de meritocracia son quienes su único mérito ha sido haber nacido en una familia rica. Este discurso meritocrático, que algunos defienden con tanto orgullo, ha creado un sistema de odio, juicio y rechazo al pobre ya que, mientras los ricos merecen sus riquezas, los pobres son culpables de su situación por no haberse esforzado lo suficiente. En España, el 73% de la desigual distribución de la riqueza proviene de las herencias. ¿Realmente alguien cree que la riqueza tan solo depende del esfuerzo individual? Hay que estar ciego.

 

¿Puede existir democracia sin igualdad?

La concentración extrema de la riqueza no es solo un problema económico. Es, ante todo, una amenaza directa a la democracia. Cuando la riqueza, y por tanto el poder, se concentra en unas pocas manos, tiene la capacidad de decidir sobre la vida de las demás. Esto es un misil en la línea de flotación de la democracia. ¿Por qué? Sencillamente porque no existe libertad para la mayoría social cuando unos pocos pueden imponer su concepción de la buena vida al resto.

En un mundo donde el 1% más rico controla más riqueza que el 99% restante, hablar de democracia es poco menos que una broma de mal gusto. No podemos aceptar que los privilegios de unos pocos definan el destino de la mayoría. Redistribuir la riqueza no es solo un tema económico; es un asunto de justicia, de dignidad y, sobre todo, de respeto por la libertad.

 

Renta básica: un derecho, no un regalo

La renta básica no es un "paguita" para que las personas cenen caviar todos los días. La renta básica es un mínimo que garantizará que todas tengamos las necesidades básicas cubiertas. No es un lujo, sino un derecho, como la sanidad o la educación, que permitirá garantizar una existencia digna sin que tengamos que suplicar por trabajos en condiciones basura. Y, lógicamente, contribuiría a cambiar la relación de fuerzas entre el capital y la clase trabajadora, devolviéndole a esta última la capacidad de negociar y la libertad de decidir qué trabajos aceptar y cuáles rechazar. Porque si no puedes llenar la nevera a fin de mes o no puedes encender la calefacción, tú no eres libre a la hora de aceptar un trabajo con condiciones indignas. Estás obligado a ello si quieres sobrevivir.

Importante recalcar, también, la importancia de la renta básica desde una perspectiva de género. La renta básica es una herramienta clave para la emancipación de las mujeres, muchas de ellas atrapadas en relaciones tóxicas y empleos precarios. Una herramienta que dote de mayores cotas de libertad efectiva a las mujeres y, en general, a todas las personas oprimidas por el sistema actual, sería un catalizador que permitiría avanzar hacia una sociedad más justa.

 

¿Utopía o realidad?

Como decía anteriormente, muchas de las personas que rechazan la renta básica suelen decir que es una medida utópica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? La renta básica no se trata de un experimento o de un juego. Estamos hablando de mejorar la vida de millones de personas. ¿No será que quienes se muestran contrarios a la renta básica tienen miedo a perder sus privilegios? ¿No será que tienen pánico a que la clase trabajadora gane libertad y poder para poder decidir qué hacer con sus vidas?

No estamos en una crisis de falta de recursos, sino en una crisis de voluntad. Y, sobre todo, de voluntad política. Porque existe la riqueza suficiente para implantar una renta básica (tal y como se ha demostrado en multitud de estudios científicos). No obstante, seguimos buscando excusas para no llevarla a cabo. Cada vez se habla más de renta básica, cada vez se hacen más proyectos piloto y cada vez, además de mayor evidencia científica sobre sus potenciales consecuencias, hay más y más personas que la defienden. Sin embargo, quienes tienen que tomar las decisiones hacen oídos sordos mientras millones de personas viven en condiciones indignas, atrapadas en la pobreza o con empleos precarios.

Y que quede claro que la renta básica no es solo una medida económica. Es un cambio de paradigma. Es la oportunidad de construir una sociedad en la que todas las personas tengamos garantizado un mínimo de libertad y de dignidad. Quienes defienden el sistema actual quieren que sigamos pensando que pedir una renta básica es pedir "demasiado". Pero, ¿demasiado para quién?

TEXTO REVISADO POR EL PROFESOR

No lo llames dignidad, llámalo 'paguita'

Julen Bollain, 29 de octubre de 2024

 

La sociedad está evolucionando. Pero, aunque estemos en pleno siglo XXI, curiosamente algunos insisten en mantenernos anclados a ideas obsoletas sobre el trabajo, la economía y la dignidad. ¿No les resulta insultante? Muchos detractores de la renta básica, en su infinita sabiduría, la llaman "paguita". Un término diseñado para menospreciar y descalificar. Pero, ¿por qué este estigma social se ha vuelto tan conveniente? ¿Acaso cuestionar los privilegios de unos pocos asusta tanto que la única salida es humillar a quienes más lo necesitan?

Y hay quienes critican la renta básica como una propuesta meramente populista, una especie de utopía que tan solo busca comprar voluntades. Seamos honestos, ¿acaso no es pura indiferencia y ceguera estructural el hecho de ignorar la pobreza que oprime a tantas personas, mientras la riqueza se concentra cada vez en menos manos?

 

La crisis del trabajo: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir?

El trabajo se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Y no precisamente para bien. Han creado una sociedad que valora el esfuerzo sobrehumano, la pura autoexplotación, pero que, al mismo tiempo, se niega a ofrecer trabajos dignos para la gran mayoría de las personas. Cualquiera diría que, para quienes defienden este modelo trabajocentrista, el trabajo precario, indigno y sin perspectiva es la única manera de ganarse la vida. Cualquiera diría que hay quien sustenta su margen de beneficio a través de la precarización de sus trabajadores. Cualquiera diría que hay quien ha cambiado su modelo de negocio por un modelo de explotación. ¿Y si queremos otra cosa? ¿Y si aspiramos a un futuro donde el trabajo sea solo una parte de nuestra vida y no toda la vida?

Cada vez somos más personas las que entendemos que la vida no debería ser solo trabajar hasta la muerte. Hace poco Milei aseguraba que había que retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años. La esperanza de vida en Argentina está en los 76. ¿En serio? ¿Es ese nuestro objetivo cuando la revolución tecnológica no hace más que elevar la productividad? ¿Para qué queremos ese incremento en la productividad? Yo lo tengo claro: para tener más tiempo libre y, sobre todo, más equilibrado. Sin embargo, parece que para lo único que está sirviendo ese incremento en la productividad es para que unos pocos acumulen todavía más riqueza. En España, el 0,01% más rico posee el 18,2% de la riqueza. El 1% más rico, el 42,6%. El 10% más rico, el 76,3%. Es decir, más de tres cuartas partes de la riqueza están concentradas en el 10% más rico. Mientras, el 50% más pobre tan solo posee el 2,7% de la riqueza. Ya va siendo hora de redistribuir la riqueza, el trabajo y el tiempo de forma equilibrada. Y esto no es una idea radical, es un simple acto de justicia.

 

La "paguita" de los rentistas y los multimillonarios

Ahora bien, si hablamos de "paguitas", sería interesante que quienes usan ese término pusieran el foco en las verdaderas "paguitas" del sistema. No te suenan, ¿verdad? Pues son las subvenciones, las exenciones fiscales y los privilegios a los grandes patrimonios. Lo que pasa es que si les llamas bonificaciones e incentivos fiscales parece que, además, son merecidas. Como resultado, mientras la clase trabajadora paga impuestos y lucha por llegar a fin de mes, las grandes fortunas disfrutan de una vida cómoda llena de "paguitas". Estoy harto de escuchar eso de "no quieren trabajar porque cobran la paguita". Los datos muestran que el 20% más rico de España recibe más del 30% de las ayudas públicas. El 20% más pobre, por su parte, tan solo el 12%. ¿Quién cobra paguitas? ¿Quién?

Es ofensivo que una persona que ha heredado 10 pisos se embolse 8.000€ al mes sin moverse del sofá, mientras le llama "paguita" a una renta básica de 700€ al mes que permitiría que todas tengamos la existencia material garantizada. Porque luego, además, quienes más te hablan de meritocracia son quienes su único mérito ha sido haber nacido en una familia rica. Este discurso meritocrático, que algunos defienden con tanto orgullo, ha creado un sistema de odio, juicio y rechazo al pobre ya que, mientras los ricos merecen sus riquezas, los pobres son culpables de su situación por no haberse esforzado lo suficiente. En España, el 73% de la desigual distribución de la riqueza proviene de las herencias. ¿Realmente alguien cree que la riqueza tan solo depende del esfuerzo individual? Hay que estar ciego.

 

¿Puede existir democracia sin igualdad?

La concentración extrema de la riqueza no es solo un problema económico. Es, ante todo, una amenaza directa a la democracia. Cuando la riqueza, y por tanto el poder, se concentra en unas pocas manos, tiene la capacidad de decidir sobre la vida de las demás. Esto es un misil en la línea de flotación de la democracia. ¿Por qué? Sencillamente porque no existe libertad para la mayoría social cuando unos pocos pueden imponer su concepción de la buena vida al resto.

En un mundo donde el 1% más rico controla más riqueza que el 99% restante, hablar de democracia es poco menos que una broma de mal gusto. No podemos aceptar que los privilegios de unos pocos definan el destino de la mayoría. Redistribuir la riqueza no es solo un tema económico; es un asunto de justicia, de dignidad y, sobre todo, de respeto por la libertad.

 

Renta básica: un derecho, no un regalo

La renta básica no es un "paguita" para que las personas cenen caviar todos los días. La renta básica es un mínimo que garantizará que todas tengamos las necesidades básicas cubiertas. No es un lujo, sino un derecho, como la sanidad o la educación, que permitirá garantizar una existencia digna sin que tengamos que suplicar por trabajos en condiciones basura. Y, lógicamente, contribuiría a cambiar la relación de fuerzas entre el capital y la clase trabajadora, devolviéndole a esta última la capacidad de negociar y la libertad de decidir qué trabajos aceptar y cuáles rechazar. Porque si no puedes llenar la nevera a fin de mes o no puedes encender la calefacción, tú no eres libre a la hora de aceptar un trabajo con condiciones indignas. Estás obligado a ello si quieres sobrevivir.

Importante recalcar, también, la importancia de la renta básica desde una perspectiva de género. La renta básica es una herramienta clave para la emancipación de las mujeres, muchas de ellas atrapadas en relaciones tóxicas y empleos precarios. Una herramienta que dote de mayores cotas de libertad efectiva a las mujeres y, en general, a todas las personas oprimidas por el sistema actual, sería un catalizador que permitiría avanzar hacia una sociedad más justa.

 

¿Utopía o realidad?

Como decía anteriormente, muchas de las personas que rechazan la renta básica suelen decir que es una medida utópica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? La renta básica no se trata de un experimento o de un juego. Estamos hablando de mejorar la vida de millones de personas. ¿No será que quienes se muestran contrarios a la renta básica tienen miedo a perder sus privilegios? ¿No será que tienen pánico a que la clase trabajadora gane libertad y poder para poder decidir qué hacer con sus vidas?

No estamos en una crisis de falta de recursos, sino en una crisis de voluntad. Y, sobre todo, de voluntad política. Porque existe la riqueza suficiente para implantar una renta básica (tal y como se ha demostrado en multitud de estudios científicos). No obstante, seguimos buscando excusas para no llevarla a cabo. Cada vez se habla más de renta básica, cada vez se hacen más proyectos piloto y cada vez, además de mayor evidencia científica sobre sus potenciales consecuencias, hay más y más personas que la defienden. Sin embargo, quienes tienen que tomar las decisiones hacen oídos sordos mientras millones de personas viven en condiciones indignas, atrapadas en la pobreza o con empleos precarios.

Y que quede claro que la renta básica no es solo una medida económica. Es un cambio de paradigma. Es la oportunidad de construir una sociedad en la que todas las personas tengamos garantizado un mínimo de libertad y de dignidad. Quienes defienden el sistema actual quieren que sigamos pensando que pedir una renta básica es pedir "demasiado". Pero, ¿demasiado para quién?

Enlaces para explicar la economía española

https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/minuto-a-minuto/historia-de-las-bancarrotas-en-el-reino-de-espana--1327574.html

https://www.elconfidencial.com/espana/2010-11-27/espana-una-historia-de-bancarrotas-y-resurgimientos_428534/

Viviendas de sobra, gente sin vivienda

Viviendas de sobra, gente sin vivienda: así es el mercado (nuevatribuna.es)

Juan Torres López, 29 de septiembre de 2024

 

El cada vez mayor número de personas y grupos de población sin acceso a la vivienda es un problema creciente en casi todos los países avanzados del planeta.

En este comentario no pretendo hacer un análisis exhaustivo de este problema. Sólo pretendo mostrar que no se podrá resolver mientras el mercado siga siendo el mecanismo principal que determine el número, el tipo y el precio de las viviendas que se construyen.

Cuando se asume este último principio, la provisión a través del mercado, siempre se dice lo mismo: hay población sin acceso a la vivienda por un problema de oferta; es decir, porque no hay suficientes en el mercado. La solución, entonces, es seguir construyendo.

Es curioso que se mantenga esa tesis porque los datos no muestran que eso sea exactamente lo que ocurre.

Según los últimos datos disponibles, en España hay 26,9 millones de viviendas. Puesto que el número de hogares es de 19,2 millones, resulta que hay casi 1,5 viviendas por cada familia u hogar. Con edades entre 20 y 30 años (el grupo de población con mayor porcentaje de preocupación por carecer de vivienda), hay 4,9 millones y, al mismo tiempo, 3,8 millones de viviendas vacías. Y el Banco de España afirma que es preciso construir 600.000 viviendas cuando en 2023 se acumulaban en nuestro país 447.691 sin estrenar; es decir, construidas, pero sin haber encontrado quien las comprara.

Ya sé que acabo de dar datos generales y que hacer medias en estos casos puede inducir a conclusiones equivocadas. Sin embargo, los que acabamos de ver me parecen válidos para demostrar que, si se quiere resolver el problema del casi imposible acceso a la vivienda de cada vez más personas, no basta con construir más. ¿Quién garantiza que, si se construyesen las 600.000 viviendas nuevas que reclama el Banco de España, iban a ser habitadas por las personas que las necesitan?

El problema del acceso a la vivienda no es que haya insuficiente número de ellas o, ni siquiera, que no se encuentren en donde desea o necesite vivir la gente que no la tiene.

Para acceder hoy día a una vivienda no sólo basta con que haya suficientes en el mercado sino, además y sobre todo, disponer de ingresos suficientes para comprarlas o alquilarlas. Y eso no depende, como se quiere hacer creer, de que se construyan más a través del mercado, por una sencilla razón: este no proporciona viviendas a quien las necesita, sino a quien tenga dinero para comprarlas. La prueba evidente es que, mientras que millones de españoles no pueden acceder a la vivienda, el fondo de inversión Blackstone es propietario de 30.000. De hecho, como bien ha dicho Alejandro Inurrieta, quien más dificulta que se tomen las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda en España son los grupos de presión de los fondos de inversión y de los multipropietarios de viviendas de alquiler.

La dificultad para acceder a la vivienda es un problema producido porque se ha permitido e incentivado que la vivienda deje de ser una mercancía que satisface una necesidad de habitación cuyo precio, como el de todos los bienes de consumo, tiende a decrecer. Por el contrario, se ha convertido en un activo financiero en el cual se invierte especulativamente porque se puede hacer que su precio aumente sin cesar o, últimamente, en un bien de capital para desarrollar negocios turísticos.

El uso social y económico de la vivienda se ha desnaturalizado y esto es lo que realmente origina la dificultad o falta de acceso a su propiedad o alquiler. Como activo financiero, interesa que su precio suba constantemente y quienes operan en esos mercados hacen todo lo posible para que así sea. En una carta a sus accionistas del pasado mes de febrero, el fondo Blackstone reconocía que le conviene que haya escasez de viviendas porque su estrategia es que suban sus precios.

La presencia cada más intensa en el mercado de viviendas de este fondo y de otros con sus mismos objetivos y modos de actuación comienza a impedir que hasta las más asequibles lleguen a manos de quienes, con menor ingreso, las necesitan. No sólo están aumentando su presencia como compradores de ese tipo de viviendas, sino también en el mercado de alquiler. Acaparan y hacen que aumente el precio utilizando para ello la Inteligencia Artificial o, simplemente, el poder para marcar las referencias de todas las operaciones inmobiliarias que les da su enorme número de propiedades.

Es verdad que no se construye un número suficiente de viviendas sociales y accesibles para la población de menor ingreso, pero el problema ni empieza ni acaba aquí. Ha sido la conversión de la vivienda en activo financiero lo que genera el conjunto complejo de factores que las están haciendo inasequibles para tantas personas: la especulación inmobiliaria, el alza de precios y su desajuste con los sueldos y salarios, o el aumento de los costes hipotecarios. Y, todo ello, unido a la mayor precariedad laboral y al incremento de la desigualdad que reduce el poder adquisitivo de la mayoría mientras da capacidad ilimitada de compra a una exigua minoría que acapara los mercados.

Lo que se está padeciendo es la consecuencia de dejar que sea el mercado quien decida cuántas viviendas construir y a qué precio. Y, ante eso, no caben soluciones parciales, ni simplistas.

Son necesarias actuaciones globales, de conjunto, que ataquen todas las causas del problema y, sobre todo, que se basen en un principio operativo básico y esencial: la vivienda es un bien público destinado a satisfacer una necesidad social y no un activo financiero con el que se comercia con el único fin de obtener provecho. Hay que aumentar, desde luego, la construcción de nuevas viviendas asequibles, fomentar el alquiler, controlar los precios o establecer que el pago para acceder a ella no supere un determinado porcentaje del ingreso. Sin duda alguna. Pero si no se parte de asumir, respetar y poner en práctica ese principio no se podrá conseguir nunca que las viviendas asequibles que se construyan sean habitadas finalmente por quienes realmente las necesitan.

Dicho de otra manera, sólo dejando a un lado al mercado y pasando a considerar a la vivienda como un bien público cuya provisión debe quedar asegurada a todas las personas que la necesiten se puede dar cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

El 'cohete' económico no llega a los sueldos: el poder real de compra ha caído un 1% con Sánchez

El 'cohete' económico no llega a los sueldos: el poder real de compra ha caído un 1% con Sánchez

 

Francisco Núñez, vozpopuli.com, 21 de octubre de 2024

 

“En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira: todo es según el color del cristal con que se mira”, señala un poema de Campoamor. Es lo que parece estar haciendo el Gobierno con los resultados de algunas estadísticas; en particular, con las del crecimiento económico, mientras evita la interpretación de otras como la evolución de los salarios. El PIB ha crecido con Sánchez más de un 13% a precios corrientes (en términos nominales); es decir, incluyendo el viento de cola de la inflación. 

Sin embargo, ese rebote no lo notan los ciudadanos por la voracidad acumulada de los precios y, en particular, por la devaluación continúa en los sueldos (la causa más importante de los problemas de la Seguridad Social), que se han convertido en una de las asignaturas pendientes de este Gobierno como consecuencia del modelo de crecimiento basado en los servicios con muchas empresas sin apenas músculo y sin que los fondos europeos se estén empleando para cambiar activamente el sistema. 

Da la sensación de que, dedicado a mantenerse en el poder, el PSOE se ha olvidado de la ‘O’ de sus siglas y los salarios siguen sin recuperarse tras el proceso de reducción que inició la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy en el sector privado. Según los datos del INE, la ganancia media anual por trabajador ha crecido entre 2018 y 2022 (últimos datos oficiales disponibles) un 12,2% en términos nominales, mientras que el PIB también nominal ha crecido un 13,3% en este periodo. Pero, en términos reales, es decir, descontando la inflación, los asalariados han perdido en estos cinco años cerca de un 1%, ya que los precios aumentaron un 13%.

Es decir, el sueldo medio de los trabajadores (distorsionado al alza por los sueldos públicos)  es ahora de 26.900 euros frente a los 24.000 de cuando Sánchez llegó a la Moncloa, cuando debería haberse situado por encima de los 27.100 euros incluyendo la inflación. Por tanto, se ha producido una pérdida monetaria cercana al 1%. En el mandato de Rajoy (de 2012 a 2018), con un crecimiento de la economía nominal del 17,1% y del 3,1% de la inflación, se produjo un alza salarial en términos reales del 2,4% ya que los sueldos pasaron de 22.700 euros en 2012 a 24.000 cuando con el IPC deberían haberse situado en 23.400 euros. 

Por tipo de contrato, se observa además que con Sánchez los sueldos de los trabajadores indefinidos han subido un 5,5% en términos corrientes (hasta los 27.200 euros). Pero, descontando la inflación, el resultado es de una pérdida de poder adquisitivo del 6,7% (debería haber superado los 29.000 euros). Por su parte, los sueldos entre los temporales (hay muchos trabajadores que prefieren el contrato eventual porque está mejor remunerado que el fijo discontinuo promovido en la última reforma laboral) se han elevado un 39% en términos nominales (25.100), que se quedan en un 23% tras la inflación (20.400 euros).

Por jornada, los sueldos nominales a tiempo completo han crecido en este periodo un 10,4% (hasta los 31.000 euros). Pero, sin inflación, se registra una pérdida de 2,2 puntos (debería haber alcanzado los 31.700 euros). Por su parte, los sueldos de los empleados a tiempo parcial (fijos y eventuales) han crecido un 16,2% (hasta casi 13.000 euros), que se quedan en un 3% más (debería haberse situado en 12.600 euros), tras descontar los efectos de los precios. Todo esto evidencia que los contratos más precarios son los que han recuperado algunas décimas de poder adquisitivo.

En todo caso, la pérdida de poder de compra de los trabajadores es aún mayor, ya que durante estos años de dura crisis el Gobierno no ha adaptado la elevada inflación a los impuestos y el Estado ha recaudado de más. Además, el agujero en los bolsillos de los ciudadanos es mayor, si el cálculo salarial se hace desde el inicio de la gran recesión en 2008. Así, sale que, mientras el PIB a precios de mercado ha aumentado un 23,5% en estos 15 años, los sueldos medios individuales han crecido un 23,1%. Pero, si se descuenta la inflación, los salarios reales caen un -3,3%, porque los precios repuntaron un 27,3% en este periodo. Es decir, si en 2008 la ganancia media era de 21.900 euros anuales, ahora debería ser de casi 27.900 euros, y sólo ha alcanzado los 26.900 euros, lo que supone una pérdida en términos de paridad de compra individual de unos 1.000 euros. 

 

La justificación del SMI

En busca de algunos votos, Sánchez y sus socios (Podemos y ahora Sumar) han concentrado su interés en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el resultado es que, por ejemplo, según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, cada vez haya más trabajadores con sueldos próximos al salario de supervivencia que ha ido actualizándose. Lo que es evidente es que la desescalada salarial es generalizada en el actual mandato del Gobierno, ya que afecta tanto a las remuneraciones bajas y medias como a las consideradas altas.

Por ejemplo, el 17,1% de los trabajadores dispone ahora de un sueldo por debajo del SMI mientras que en 2018, cuando llegó Sánchez a La Moncloa, la cifra era inferior en tres puntos (14%) y en 2008, en el inicio de la gran recesión económica, no llegaba al 9%. Lo que significa que está aumentando la pobreza salarial, concentrada en el sector privado, ya que dos de cada tres nóminas en España se encuentran ya por debajo de dos veces el SMI. Además, mientras que en 2008 se encontraba el 4,2% de los trabajadores en el top salarial con una percepción superior a seis veces el SMI, ahora sólo figuran al 1,3%, es decir, son casi la mitad del 2,5% que había en 2018 cuando Sánchez desbancó a Rajoy en la moción de confianza. 

Según el INE, la evolución nominal de los sueldos en estos años de Sánchez en La Moncloa ha sido muy desigual en las distintas actividades laborales. Es decir, de las 18 censadas, sólo en un tercio han crecido las nóminas por encima de ese 12,2% de aumento medio en este periodo, frente a una inflación del 13%. La mayoría son actividades relacionadas con el sector público. Por ejemplo, en la educación han crecido los sueldos individuales un 23,6%; un 23,3% en las actividades inmobiliarias; un 14,1% en las Administraciones Públicas; un 13,4% en la hostelería; un 13,1% en las actividades sanitarias y servicios sociales; y un 13% en las comunicaciones.

Estas seis actividades son las únicas que han recuperado poder adquisitivo desde 2018. En el otro extremo, es decir, entre las nóminas que siguen perdiendo poder de compra se encuentran: las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (con un alza del 4,6% nominal frente a una inflación del 13%) que registran una pérdida de poder adquisitivo de más de ocho puntos; las financieras y de seguros (4,9% de aumento); la industria extractiva (6,8%); el suministro de energía (8,3%); la industria manufacturera (8,5%); la construcción (9,5%); o, por ejemplo, las actividades científicas y técnicas (10,3%) o el comercio (10,5%).

La letra pequeña de la estadística del INE evidencia el descalabro salarial, mientras que se ha desaprovechado la devaluación de las nóminas para incrementar la competitividad de cara al exterior (no se ha creado masa crítica de nuevas empresas exportadoras), que era el objetivo de la reforma laboral del PP de 2012 y que no ha reconducido Sánchez. Así, en términos de SMI, el 85% de las remuneraciones en España no llegan a superar en tres veces al salario de supervivencia que el Ejecutivo ha ido actualizando en los últimos años. Ese porcentaje era del 76%, es decir, casi diez puntos menos, cuando Sánchez llegó a La Moncloa frente al 76% (en 2008 era del 71%).

Esto quiere decir que sólo el 15% de los españoles (prácticamente uno de cada seis) obtiene salarios de más de tres veces el SMI cuando hace cinco años llegaba al 25% (uno de cada cuatro) y al 30% en 2028 (uno de cada tres nóminas). Por sexo, sale que cuando Sánchez llegó al poder el 81% de las mujeres tenían un sueldo inferior a tres veces el SMI y ahora, cinco años después, el porcentaje es del 88%. Ese porcentaje era del 72% entre los hombres en 2018 y en 2022 es del 82%, es decir, ha aumentado en diez puntos.  

Las razones por las que hace 40 años un piso se pagaba rápidamente

Las razones por las que hace 40 años un piso se pagaba rápidamente (prestamosideales.es)

 

Las razones por las que hace 40 años un piso se pagaba rápidamente

Por prestamosideales.es, 25 de marzo de 2021

La vivienda es un bien básico que, sin embargo, cuyo precio ha tenido un crecimiento no lineal. Esto no deja de suponer un inconveniente para aquellas personas, parejas o familias que desean tener un hogar en propiedad. Ya que han de destinar gran parte de sus ingresos a ello. Sin embargo, el precio de los pisos hace 40 años no tenía nada que ver con los precios actuales.

Lo que costaba la vivienda a principios de los 80

El coste de un piso en una ciudad en los 80, no tenía nada que ver con la actualidad. Ya que el encarecimiento se ha multiplicado nada menos que por 6. En aquellos años, se podía comprar un piso de unos 100 metros cuadrados de media por un precio no superior a 1 millón de pesetas, unos 6.000 euros. El precio del salario mínimo en España en 1980 era de 154 euros, es decir, 25.000 pesetas.

La compra de una vivienda era algo habitual, alquilarla era quizás algo más residual. La vivienda podía ser asumida con un solo sueldo, y la deuda quedaba abonada en un máximo de 10 años; aunque lo habitual era que fuesen menos. De esta forma, era muy común que un matrimonio afrontara la compra de dos residencias. Siendo una como vivienda principal y otra de vacaciones; esto sin que su economía llegase a tambalearse. Además, la alta tasa de inflación de aquella época, en torno al 25%, hacía que las viviendas no tuviesen un precio tan hinchado como ahora. Aunque los intereses a pagar por los préstamos hipotecarios fuesen mayores.

Eso llevaba a una situación, la deuda contraída por la compra de la vivienda quedaba liquidada en poco tiempo. Además los sueldos no paraban de crecer progresivamente. De ahí la razón por la que una vez que se saldaba la hipoteca con el banco, se podía afrontar la compra de una vivienda residencial y volver a dejarla pagada en poco tiempo.

Algunas claves interesantes

No había milagro por aquella época, o algún premio de lotería. Ya que el coste de la vivienda era asumible por personas que tuviesen un trabajo estable, algo habitual. Ahora, la tasa de temporalidad es mucho mayor, lo que pone muy difícil el acceso a la vivienda en propiedad. Igualmente, el precio de ésta se ha encarecido notablemente desde el boom de la burbuja inmobiliaria. El coste de la vivienda es muy alto, y es necesario más de un sueldo para afrontar una hipoteca con garantías. No se debe destinar más del 30% de los ingresos al pago de la misma.

De la misma forma, nuestra sociedad de consumo hace que deseemos disponer de bienes que ahora se han convertido en imprescindibles y antes no lo eran. Un smartphone de calidad, ordenador, suscripciones a servicios digitales, vacaciones, etc… Todo tiene un coste que se va sumando a una cesta de la compra que cuesta mucho abonar. En aquella época se vivía con menos caprichos y era posible destinar todos los esfuerzos a la compra de una vivienda.

Por todo esto, el precio de los pisos hace 40 años era bastante más comedido y acorde con los sueldos de la época. Ahora, los jóvenes cuentan con muchas dificultades para el acceso a la vivienda y esta se ha convertido en un problema de Estado.

 

¿Son las carreteras más importantes que las viviendas?

https://ctxt.es/es/20241001/Politica/47608/manuel-gabarre-de-sus-vivienda-carreteras-manifestacion-holanda-paises-bajos-viena-vivienda-social-sareb-socialdemocracia-banca-deuda.htm

 

¿Son las carreteras más importantes que las viviendas?

Manuel Gabarre de Sus, 11 de octubre de 2024

 

La vivienda es el principal negocio de la banca, que a su vez mueve los hilos de los grandes medios de comunicación. Lo hace a través de la concesión de unos créditos que estos medios pueden devolver. Esto explica por qué se ha extendido la idea de que no existe remedio contra unos precios prohibitivos y que la política no puede cambiar el triste panorama inmobiliario. Sin embargo, no hay un asunto más político que el del urbanismo. La situación de la vivienda responde a decisiones políticas y no a los vaivenes del mercado como se difunde en los medios. 

La legislación sobre el suelo así lo demuestra. Veamos. Un terreno en España tiene un tratamiento distinto según vaya destinado a vivienda o a infraestructuras. La ley impide que el propietario de un campo por el que está trazada una carretera pueda negociar el precio de su venta con la administración. Esta lo puede adquirir por su valor agrícola mediante la expropiación. Sin embargo, el propietario de un terreno urbanizable podrá venderlo fácilmente por un precio cientos de veces superior a su valor agrícola. Las carreteras son esenciales y sin la figura de la expropiación no serían viables, pero ¿acaso la vivienda no es un asunto público tan importante como lo son las carreteras?

La especulación sobre el suelo urbano no es una novedad. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Filadelfia era una de las ciudades más dinámicas de América a finales del siglo XIX. Mientras se expandían las fábricas, el valor del suelo urbano se multiplicaba a un ritmo muy superior al de la inmigración. Un periodista y economista de esta ciudad, Henry George, escribió en el año 1879 el libro Progreso y Pobreza. George llegó a la conclusión de que el suelo era la principal fuente de desigualdad, pues su encarecimiento enriquecía a unos pocos propietarios en la misma medida que empobrecía a quienes habían de trabajar en la ciudad. El autor propuso así crear un impuesto de manera que el incremento del valor del suelo beneficiase a toda la comunidad. 

Algunos años después, los ayuntamientos de las principales ciudades de los Países Bajos llevaron las propuestas de George a la práctica. Las ciudades holandesas disfrutaban de una prosperidad que les hizo duplicar su tamaño en el transcurso de veinte años. El concejal de Ámsterdam Willem Treub impulsó la recuperación del control público sobre el urbanismo. Su ideología liberal no le impedía ver que el precio de la vivienda acabaría por consumir la riqueza de la ciudad si la administración no ponía freno a la especulación. Los precios del alquiler impedían el desarrollo de las industrias locales, pues, por un lado, mermaban la capacidad de compra de sus habitantes; por el otro, presionaban al alza los salarios de las empresas. Así que el ayuntamiento recuperó el control del urbanismo de la ciudad mediante la compra o expropiación de los terrenos urbanizables. 

En el año 1896, el Ayuntamiento de Ámsterdam impidió que pudiera venderse el suelo municipal. A partir de entonces solamente se podría ceder mediante derechos de uso. Con este sistema se conseguía que fuera mucho más barato promover la construcción de viviendas, pues el promotor no tenía que comprar el solar. A cambio del uso del suelo, el propietario de la vivienda debía pagar un canon anual al ayuntamiento. Tras un plazo de 50 o de 75 años el ayuntamiento recuperaba la propiedad del edificio. Con este sistema, aún vigente, el ayuntamiento impide la especulación urbanística. De esta forma controla el 80% del suelo urbano. De las 440.000 viviendas que existen en Ámsterdam, 329.000 están en terrenos cuyo propietario es el ayuntamiento.

La Ley de Vivienda de 1902 aprobada en los Países Bajos reconocía que la vivienda es una responsabilidad nacional. Esta ley dio lugar a las asociaciones de vivienda, que entonces se agrupaban en torno a las comunidades protestante, católica y socialista. Tras la Segunda Guerra Mundial, las asociaciones de vivienda se convirtieron en parte del Estado social. El Estado determinaba los precios de la vivienda financiándolas mediante préstamos y subsidios. En 1990 el porcentaje de vivienda social en los Países Bajos era del 41% del total de viviendas. Un porcentaje que rondaba el 60% en las grandes ciudades como Ámsterdam y Rotterdam. En España, sin embargo, la vivienda social representa en torno al 1 % del total. 

El sistema de vivienda social de los Países Bajos alcanzó su apogeo durante los años setenta y ochenta. Las viviendas sociales no solo alojaban a las personas con bajos ingresos, sino también a partes importantes de la población con ingresos medios e incluso altos. Los precios moderados y la buena calidad de los inmuebles atrajeron a las personas con mayores ingresos a estas viviendas. Así sucedía en las cuatro grandes ciudades en los años ochenta: Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya. El 28% de las personas de clase alta (grupo del 10% con mayores ingresos) y el 45% de la clase media-alta vivían en una vivienda social. Es decir, más de un tercio de quienes tenían los mayores ingresos residía en una de estas viviendas. Es un dato que sorprende a quienes creen que este tipo de hogares se debe restringir a los desfavorecidos, pues Países Bajos es uno de los países más ricos del mundo.

La población estaba orgullosa de su modelo de vivienda social. Esto es, un suelo urbano libre de cualquier especulación y que permitía disfrutar de barrios con espacios verdes y agradables. Con este sistema la gente tenía otras alternativas al endeudamiento hipotecario. La situación era satisfactoria para todos excepto para la banca, dado que vive de conceder créditos. Quizá por ese motivo los tres grandes partidos de entonces –conservador, liberal y socialdemócrata– acordaron descomponer el sistema de vivienda en el año 1989.

Estos partidos acabaron con la mezcla social mediante el siguiente subterfugio: no podía aceptarse que las personas de clase alta aprovechasen las viviendas sociales mientras hubiera gente que las necesitara. Se podría haber incrementado la dotación presupuestaria para solucionar ese problema. Sin embargo, eliminaron los subsidios públicos y expulsaron a la gente con rentas media o altas de los edificios sociales. Estos barrios comenzaron a deteriorarse. 

Para acabar con la mezcla social, el sector financiero de los Países Bajos planteó a la Comisión Europea que destinar vivienda social a personas de clase media o alta vulneraba el derecho a la competencia. La Comisión Europea dictaminó que así era, y que está solo se podía destinar al 40% de la población con menores ingresos. Al descomponerse el sistema comenzó a incrementarse la deuda privada. Las hipotecas son la principal causa del endeudamiento de los hogares. Pues bien, esta magnitud se duplicó con creces en un periodo de veinte años. En el año 1990 el endeudamiento particular suponía el 50% del PIB y en el año al 2010 alcanzó el 120%. Este hecho situó a los ciudadanos de los Países Bajos entre los más endeudados del mundo. Un éxito para la banca. 

Las ciudades holandesas siguen manteniendo su patrimonio de suelo y la vivienda social alcanza un tercio del total de viviendas. Esto no ha impedido que haya una crisis habitacional debido a la descomposición de un sistema de vivienda que beneficiaba a toda la población. El Estado trata de recuperar el control mediante una nueva regulación del precio del alquiler, porque los Países Bajos no han podido escapar a la crisis de vivienda que recorre Europa.

Viena, por el contrario, es una de las pocas capitales europeas que se ha librado de la crisis de la vivienda. A pesar de que es una de las ciudades más ricas del continente, su sistema de vivienda social permite que las viviendas tengan una mayor calidad y unos precios más bajos que los de otras capitales europeas (8€/m2). Su ayuntamiento es propietario de 220.000 apartamentos. Además, las asociaciones de vivienda disponen de 185.000 apartamentos más. También se ha construido una parte importante del stock de vivienda en propiedad mediante programas subvencionados por el ayuntamiento en suelo municipal. Prácticamente toda la población puede optar a estas viviendas. Según su alcalde, Michael Ludwig, la base de su sistema es el control del suelo urbano sobre el que el ayuntamiento disfruta de un monopolio de facto.

En España ha sucedido todo lo contrario. Por accidente, el Estado pasó a controlar la mayoría de los suelos urbanizables en España a través del rescate bancario. Las promotoras habían avalado los créditos con suelo urbano. Los bancos acreedores se hicieron con ellos ante la imposibilidad de cobrar sus deudas. Sareb desempeñó el papel más importante en esta historia. Esta entidad avalada por el Estado pasó a controlar la mayor parte de los suelos urbanizables en España, pues adquirió los créditos inmobiliarios de la mayor parte de las cajas de ahorro y de varios bancos. Así, Sareb se convirtió en la mayor inmobiliaria de Europa.

Sareb no ha utilizado el suelo para sustentar un sistema que permita una vivienda digna a precios asequibles. En la última década se ha dedicado a vender su patrimonio a través de las inmobiliarias de los principales bancos y de fondos buitre como Cerberus. Todo ello sin que todavía podamos saber ni a quién se ha vendido este enorme patrimonio de suelo ni por qué precio. La situación de quiebra que arrastra Sareb ha hecho que la deuda pública se incremente en más de 30.000 millones de euros. El Estado tomó el control de Sareb en el año 2022, pero ha seguido vendiendo su patrimonio de manera opaca a través de dos fondos de inversión. Estamos hablando de KKR y Blackstone, este último en combinación con el Banco Santander. Mientras tanto, asistimos a una fuerte crisis inmobiliaria contra la que se ha convocado una manifestación el 13 de octubre. 

El éxito de la socialdemocracia y el derecho a la vivienda están ligados. Veamos lo que sucede en los Países Bajos. El partido socialdemócrata (PvdA) solía obtener en torno al 30% de los votos en las diferentes elecciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XX y casi siempre ganaba la alcaldía de las grandes ciudades. A partir de su apuesta por convertir la vivienda en un bien de mercado, sus resultados fueron bajando. De esta forma, los socialdemócratas han ido perdiendo popularidad y únicamente obtuvieron un 5,7% de los votos en el año 2019. También han perdido todos los grandes ayuntamientos. Así, las formaciones liberales, cuya política de vivienda concuerda con este discurso, han dominado la política de los Países Bajos durante la última década. Paralelamente, en ciudades como Rotterdam, donde lossocialdemócratas fueron hegemónicos, ha ido creciendo la extrema derecha hasta ganar las elecciones locales debido a la segregación social causada por el urbanismo. 

En los años ochenta estos partidos de extrema derecha no alcanzaban el 1% de los votos en las elecciones. Se trataba de una ideología sin representación parlamentaria en un país donde el sistema electoral es estrictamente proporcional. Recientemente, la extrema derecha ganó las elecciones generales y, por primera vez, llegó al gobierno. 

Sin embargo, el partido socialdemócrata (SPA) ha ganado todas las elecciones que han tenido lugar en Viena desde el año 1919. Estos hechos indican que, aunque solo sea por interés electoral, los partidos socialistas deberían implantar una política de vivienda en favor de la ciudadanía y no de la banca.

Texto adaptado por el profesor Julio Dapena Losada

 

¿Son las carreteras más importantes que las viviendas?

Manuel Gabarre de Sus, 11 de octubre de 2024

 

La vivienda es el principal negocio de la banca, que a su vez mueve los hilos de los grandes medios de comunicación. Lo hace a través de la concesión de unos créditos que estos medios pueden devolver. Esto explica por qué se ha extendido la idea de que no existe remedio contra unos precios prohibitivos y que la política no puede cambiar el triste panorama inmobiliario. Sin embargo, no hay un asunto más político que el del urbanismo. La situación de la vivienda responde a decisiones políticas y no a los vaivenes del mercado como se difunde en los medios. 

La legislación sobre el suelo así lo demuestra. Veamos. Un terreno en España tiene un tratamiento distinto según vaya destinado a vivienda o a infraestructuras. La ley impide que el propietario de un campo por el que está trazada una carretera pueda negociar el precio de su venta con la administración. Esta lo puede adquirir por su valor agrícola mediante la expropiación. Sin embargo, el propietario de un terreno urbanizable podrá venderlo fácilmente por un precio cientos de veces superior a su valor agrícola. Las carreteras son esenciales y sin la figura de la expropiación no serían viables, pero ¿acaso la vivienda no es un asunto público tan importante como lo son las carreteras?

La especulación sobre el suelo urbano no es una novedad. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Filadelfia era una de las ciudades más dinámicas de América a finales del siglo XIX. Mientras se expandían las fábricas, el valor del suelo urbano se multiplicaba a un ritmo muy superior al de la inmigración. Un periodista y economista de esta ciudad, Henry George, escribió en el año 1879 el libro Progreso y Pobreza. George llegó a la conclusión de que el suelo era la principal fuente de desigualdad, pues su encarecimiento enriquecía a unos pocos propietarios en la misma medida que empobrecía a quienes habían de trabajar en la ciudad. El autor propuso así crear un impuesto de manera que el incremento del valor del suelo beneficiase a toda la comunidad. 

Algunos años después, los ayuntamientos de las principales ciudades de los Países Bajos llevaron las propuestas de George a la práctica. Las ciudades holandesas disfrutaban de una prosperidad que les hizo duplicar su tamaño en el transcurso de veinte años. El concejal de Ámsterdam Willem Treub impulsó la recuperación del control público sobre el urbanismo. […] el precio de la vivienda acabaría por consumir la riqueza de la ciudad si la administración no ponía freno a la especulación. Los precios del alquiler impedían el desarrollo de las industrias locales, pues, por un lado, mermaban la capacidad de compra de sus habitantes; por el otro, presionaban al alza los salarios de las empresas. Así que el ayuntamiento recuperó el control del urbanismo de la ciudad mediante la compra o expropiación de los terrenos urbanizables. 

En el año 1896, el Ayuntamiento de Ámsterdam impidió que pudiera venderse el suelo municipal. A partir de entonces solamente se podría ceder mediante derechos de uso. Con este sistema se conseguía que fuera mucho más barato promover la construcción de viviendas, pues el promotor no tenía que comprar el solar. A cambio del uso del suelo, el propietario de la vivienda debía pagar un canon anual al ayuntamiento. Tras un plazo de 50 o de 75 años el ayuntamiento recuperaba la propiedad del edificio. Con este sistema, aún vigente, el ayuntamiento impide la especulación urbanística. De esta forma controla el 80% del suelo urbano. De las 440.000 viviendas que existen en Ámsterdam, 329.000 están en terrenos cuyo propietario es el ayuntamiento.

La Ley de Vivienda de 1902 aprobada en los Países Bajos reconocía que la vivienda es una responsabilidad nacional. Esta ley dio lugar a las asociaciones de vivienda, que entonces se agrupaban en torno a las comunidades protestante, católica y socialista. Tras la Segunda Guerra Mundial, las asociaciones de vivienda se convirtieron en parte del Estado social. El Estado determinaba los precios de la vivienda financiándolas mediante préstamos y subsidios. En 1990 el porcentaje de vivienda social en los Países Bajos era del 41% del total de viviendas. Un porcentaje que rondaba el 60% en las grandes ciudades como Ámsterdam y Rotterdam. En España, sin embargo, la vivienda social representa en torno al 1 % del total. 

El sistema de vivienda social de los Países Bajos alcanzó su apogeo durante los años setenta y ochenta. Las viviendas sociales no solo alojaban a las personas con bajos ingresos, sino también a partes importantes de la población con ingresos medios e incluso altos. Los precios moderados y la buena calidad de los inmuebles atrajeron a las personas con mayores ingresos a estas viviendas. Así sucedía en las cuatro grandes ciudades en los años ochenta: Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya. El 28% de las personas de clase alta (grupo del 10% con mayores ingresos) y el 45% de la clase media-alta vivían en una vivienda social. Es decir, más de un tercio de quienes tenían los mayores ingresos residía en una de estas viviendas. Es un dato que sorprende a quienes creen que este tipo de hogares se debe restringir a los desfavorecidos, pues Países Bajos es uno de los países más ricos del mundo.

La población estaba orgullosa de su modelo de vivienda social. Esto es, un suelo urbano libre de cualquier especulación y que permitía disfrutar de barrios con espacios verdes y agradables. Con este sistema la gente tenía otras alternativas al endeudamiento hipotecario. La situación era satisfactoria para todos excepto para la banca, dado que vive de conceder créditos. Quizá por ese motivo los tres grandes partidos de entonces –conservador, liberal y socialdemócrata– acordaron descomponer el sistema de vivienda en el año 1989.

Estos partidos acabaron con la mezcla social mediante el siguiente subterfugio: no podía aceptarse que las personas de clase alta aprovechasen las viviendas sociales mientras hubiera gente que las necesitara. Se podría haber incrementado la dotación presupuestaria para solucionar ese problema. Sin embargo, eliminaron los subsidios públicos y expulsaron a la gente con rentas media o altas de los edificios sociales. Estos barrios comenzaron a deteriorarse. 

Para acabar con la mezcla social, el sector financiero de los Países Bajos planteó a la Comisión Europea que destinar vivienda social a personas de clase media o alta vulneraba el derecho a la competencia. La Comisión Europea dictaminó que así era, y que está solo se podía destinar al 40% de la población con menores ingresos. Al descomponerse el sistema comenzó a incrementarse la deuda privada. Las hipotecas son la principal causa del endeudamiento de los hogares. Pues bien, esta magnitud se duplicó con creces en un periodo de veinte años. En el año 1990 el endeudamiento particular suponía el 50% del PIB y en el año al 2010 alcanzó el 120%. Este hecho situó a los ciudadanos de los Países Bajos entre los más endeudados del mundo. Un éxito para la banca. 

Las ciudades holandesas siguen manteniendo su patrimonio de suelo y la vivienda social alcanza un tercio del total de viviendas. Esto no ha impedido que haya una crisis habitacional debido a la descomposición de un sistema de vivienda que beneficiaba a toda la población. El Estado trata de recuperar el control mediante una nueva regulación del precio del alquiler, porque los Países Bajos no han podido escapar a la crisis de vivienda que recorre Europa.

Viena, por el contrario, es una de las pocas capitales europeas que se ha librado de la crisis de la vivienda. A pesar de que es una de las ciudades más ricas del continente, su sistema de vivienda social permite que las viviendas tengan una mayor calidad y unos precios más bajos que los de otras capitales europeas (8€/m2). Su ayuntamiento es propietario de 220.000 apartamentos. Además, las asociaciones de vivienda disponen de 185.000 apartamentos más. También se ha construido una parte importante del stock de vivienda en propiedad mediante programas subvencionados por el ayuntamiento en suelo municipal. Prácticamente toda la población puede optar a estas viviendas. Según su alcalde, Michael Ludwig, la base de su sistema es el control del suelo urbano sobre el que el ayuntamiento disfruta de un monopolio de facto.

En España ha sucedido todo lo contrario. Por accidente, el Estado pasó a controlar la mayoría de los suelos urbanizables en España a través del rescate bancario. Las promotoras habían avalado los créditos con suelo urbano. Los bancos acreedores se hicieron con ellos ante la imposibilidad de cobrar sus deudas. Sareb desempeñó el papel más importante en esta historia. Esta entidad avalada por el Estado pasó a controlar la mayor parte de los suelos urbanizables en España, pues adquirió los créditos inmobiliarios de la mayor parte de las cajas de ahorro y de varios bancos. Así, Sareb se convirtió en la mayor inmobiliaria de Europa.

Sareb no ha utilizado el suelo para sustentar un sistema que permita una vivienda digna a precios asequibles. En la última década se ha dedicado a vender su patrimonio a través de las inmobiliarias de los principales bancos y de fondos buitre como Cerberus. Todo ello sin que todavía podamos saber ni a quién se ha vendido este enorme patrimonio de suelo ni por qué precio. La situación de quiebra que arrastra Sareb ha hecho que la deuda pública se incremente en más de 30.000 millones de euros. El Estado tomó el control de Sareb en el año 2022, pero ha seguido vendiendo su patrimonio de manera opaca a través de dos fondos de inversión. Estamos hablando de KKR y Blackstone, este último en combinación con el Banco Santander. Mientras tanto, asistimos a una fuerte crisis inmobiliaria […].