Viviendas de sobra, gente sin vivienda: así es el
mercado (nuevatribuna.es)
Juan Torres López, 29 de septiembre de 2024
El cada vez mayor número de personas y grupos de población sin
acceso a la vivienda es un
problema creciente en casi todos los países avanzados del
planeta.
En este comentario no pretendo hacer un análisis exhaustivo de este
problema. Sólo pretendo mostrar que no se podrá resolver mientras el
mercado siga siendo el mecanismo principal que determine
el número, el tipo y el precio de las viviendas que se construyen.
Cuando se asume este último principio, la provisión a través del
mercado, siempre se dice lo mismo: hay población sin acceso a la vivienda por
un problema de oferta; es decir, porque no hay suficientes en el mercado. La
solución, entonces, es seguir construyendo.
Es curioso que se mantenga esa tesis porque los datos no muestran que
eso sea exactamente lo que ocurre.
Según los últimos datos disponibles, en España hay 26,9
millones de viviendas. Puesto que el número de hogares es de
19,2 millones, resulta que hay casi 1,5 viviendas por cada familia u hogar. Con
edades entre 20 y 30 años (el grupo de población con mayor porcentaje de
preocupación por carecer de vivienda), hay 4,9 millones y, al mismo tiempo, 3,8
millones de viviendas vacías. Y el Banco de España afirma que es preciso
construir 600.000 viviendas cuando en 2023 se acumulaban en nuestro país
447.691 sin estrenar; es decir, construidas, pero sin haber encontrado quien
las comprara.
Ya
sé que acabo de dar datos generales y que hacer medias en estos casos puede
inducir a conclusiones equivocadas. Sin embargo, los que acabamos de ver me
parecen válidos para demostrar que, si se quiere resolver el problema del casi
imposible acceso a la vivienda de cada vez más personas, no basta con construir
más. ¿Quién garantiza que, si se construyesen las 600.000
viviendas nuevas que reclama el Banco de España, iban a ser
habitadas por las personas que las necesitan?
El problema del acceso a la vivienda no es que haya insuficiente número
de ellas o, ni siquiera, que no se encuentren en donde desea o necesite vivir
la gente que no la tiene.
Para acceder hoy día a una vivienda no sólo basta con que haya
suficientes en el mercado sino, además y sobre todo, disponer
de ingresos suficientes para comprarlas o alquilarlas. Y eso no
depende, como se quiere hacer creer, de que se construyan más a través del
mercado, por una sencilla razón: este no proporciona viviendas a quien las
necesita, sino a quien tenga dinero para comprarlas. La prueba evidente es que,
mientras que millones de españoles no pueden acceder a la vivienda, el fondo de
inversión Blackstone es propietario de
30.000. De hecho, como bien ha dicho Alejandro Inurrieta,
quien más dificulta que se tomen las medidas necesarias para facilitar el
acceso a la vivienda en España son los grupos de presión de los fondos de
inversión y de los multipropietarios de viviendas de alquiler.
La dificultad para acceder a la vivienda es un problema producido porque
se ha permitido e incentivado que la vivienda deje de
ser una mercancía que satisface una necesidad de
habitación cuyo precio, como el de todos los bienes de consumo, tiende a
decrecer. Por el contrario, se ha convertido en un activo financiero en el cual
se invierte especulativamente porque se puede hacer que su precio
aumente sin cesar o, últimamente, en un bien de capital
para desarrollar negocios turísticos.
El uso social y económico de la vivienda se ha desnaturalizado y esto es
lo que realmente origina la dificultad o falta de acceso a su propiedad o
alquiler. Como activo financiero, interesa que su precio suba constantemente y
quienes operan en esos mercados hacen todo lo posible para que así sea. En una
carta a sus accionistas del pasado mes de febrero, el fondo Blackstone
reconocía que le conviene que haya escasez de viviendas porque
su estrategia es que suban sus precios.
La presencia cada más intensa en el mercado de viviendas de este fondo y
de otros con sus mismos objetivos y modos de actuación comienza a impedir que
hasta las más asequibles lleguen a manos de quienes, con menor ingreso, las
necesitan. No sólo están aumentando su presencia como compradores de ese tipo
de viviendas, sino también en el mercado de alquiler. Acaparan y hacen que
aumente el precio utilizando para ello la Inteligencia
Artificial o, simplemente, el poder para marcar las referencias de todas las
operaciones inmobiliarias que les da su enorme número de propiedades.
Es
verdad que no se construye un número suficiente de viviendas sociales y
accesibles para la población de menor ingreso, pero el problema ni empieza ni
acaba aquí. Ha sido la conversión de la vivienda en activo financiero lo que
genera el conjunto complejo de factores que las están haciendo inasequibles
para tantas personas: la especulación inmobiliaria, el alza de
precios y su desajuste con los sueldos y salarios, o el aumento de los costes
hipotecarios. Y, todo ello, unido a la mayor precariedad laboral y al
incremento de la desigualdad que reduce el poder adquisitivo de la mayoría
mientras da capacidad ilimitada de compra a una exigua minoría que acapara los
mercados.
Lo que se está padeciendo es la consecuencia de dejar que sea el mercado
quien decida cuántas viviendas construir y a qué precio. Y, ante eso, no caben
soluciones parciales, ni simplistas.
Son necesarias actuaciones globales, de conjunto, que ataquen
todas las causas del problema y, sobre todo, que se basen
en un principio operativo básico y esencial: la vivienda es un bien público
destinado a satisfacer una necesidad social y no un activo financiero con el
que se comercia con el único fin de obtener provecho. Hay que aumentar, desde
luego, la construcción de nuevas viviendas asequibles, fomentar el alquiler,
controlar los precios o establecer que el pago para acceder a ella no supere
un determinado porcentaje del ingreso. Sin duda alguna. Pero si
no se parte de asumir, respetar y poner en práctica ese principio no se podrá
conseguir nunca que las viviendas asequibles que se construyan sean habitadas
finalmente por quienes realmente las necesitan.
Dicho
de otra manera, sólo dejando a un lado al mercado y pasando a considerar a la
vivienda como un bien público cuya provisión debe quedar asegurada a todas las
personas que la necesiten se puede dar cumplimiento al artículo
47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación».
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