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ATH
pjdapena
florindo18
lunes, 30 de septiembre de 2019
Historia de España, Vicens Vives, 2011
FALTA 374, 418, 429, 430
PRESENTES 372, 373, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 417, 428, 431
5. Autarquía y
racionamiento
La
victoria de Franco en la Guerra Civil tuvo unas repercusiones económicas muy negativas.
A corto plazo, sumió en el hambre y la miseria a muchos españoles. A largo plazo,
consolidó una economía poco competitiva que dificultó en gran medida la reconstrucción
y el crecimiento económico de la postguerra.
5.1. La autarquía y
sus efectos (1939-1959)
Uno
de los principales objetivos de la primera etapa del franquismo fue conseguir
la autosuficiencia económica (autarquía). Para ello se fomentó una política
económica que propugnó el aislamiento del exterior y la sustitución del libre mercado
por la intervención del Estado en la economía, justificando esta política con
un discurso fascista y patriótico.
La
política autárquica tuvo tres grandes ámbitos de actuación. El primero fue la reglamentación
del comercio exterior. De este modo, las importaciones y las exportaciones pasaron
a estar completamente controladas por el Estado, y era necesaria una autorización
administrativa para realizarlas. Con esta medida se limitaban al máximo los
intercambios con el exterior, reduciendo las importaciones a los productos considerados
imprescindibles. El resultado de estas restricciones fue el encarecimiento de
los productos que el Estado debía importar (por ejemplo, el petróleo) y una
gran escasez de bienes de consumo. El desabastecimiento afectó también a las
materias primas (a lo largo de la década de 1940, las importaciones de algodón
fueron tan sólo algo más de la mitad de las de 1935) y al suministro eléctrico,
lo cual provocó un notable descenso de la producción industrial.
El
segundo ámbito de actuación fue el fomento de la industria, sobre todo la de
interés estratégico, con el fin de asegurar la independencia militar y política
del nuevo Estado. Una serie de leyes y medidas favorecieron la creación de
empresas públicas, así como la nacionalización de sectores considerados
indispensables. También se fomentó el desarrollo de las industrias de bienes de
equipo, que recibieron una considerable y continuada ayuda pública, lo cual
generó un elevado gasto público que tuvo importantes efectos inflacionistas. Así
pues, en 1941 se nacionalizaron todas las compañías de ferrocarriles y se creó
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). En 1945 se procedió a la
nacionalización de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).
En
el año 1941 se fundó el Instituto Nacional de Industria (INI), destinado a
promover la nueva política industrial. El INI impulsó la creación de numerosas
empresas públicas, cuyo objetivo era producir los bienes que el sector privado
no fabricaba por falta de rentabilidad o por excesivos gastos de inversión. El
Estado priorizó las inversiones en sectores vinculados a los intereses de la
defensa militar (hidrocarburos, vehículos de transporte, construcción naval, siderurgia,
etc.), y en esta primera década del franquismo se crearon las principales empresas
del grupo: Iberia (1943), Banco Exterior de España (1943), Endesa (1944), Enher
(1946), Ensidesa (1949) y Seat (1950).
El tercer ámbito del intervencionismo estatal afectó al sector agrario, que vio cómo el Estado regulaba la producción, la comercialización, los precios y el consumo de la mayoría de sus productos. Los bajos precios oficiales (sobre todo de los cereales, las legumbres, el vino, el aceite y las patatas) provocaron un descenso de la producción. También disminuyó considerablemente la productividad por hectárea, que llegó a situarse en la década de 1940 a niveles de principios del siglo XX.
El resultado de la política autárquica fue un profundo estancamiento
económico caracterizado por el colapso del comercio exterior, por un notable
descenso de los niveles de producción y consumo, y por una considerable
disminución del nivel de vida de la población. Además, supuso un freno a las
tendencias modernizadoras de la economía española iniciadas a principios del
siglo XX y comportó una ampliación de las diferencias con los niveles de
bienestar de los países de Europa occidental. Así, mientras la mayoría de los
países afectados por la Segunda Guerra Mundial tardaron entre 5 y 8 años en
recuperar los niveles económicos de 1939, España, tras la Guerra Civil, tardó
15 años para alcanzar los niveles de 1935.
LA AUTARQUÍA
España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta para vivir, y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada (...).
-Declaraciones de Franco al periódico Candide, 1939.
La doctrina autárquica entiende que el mayor bienestar social y político de un Estado sólo se consigue produciendo en el interior del país la mayor cantidad de bienes consumibles. La producción entonces se estima como valor nacional, y es considerada finalidad de poder y como meta de independencia política y social. (...)
-A. de MIGUEL: Información Comercial Española, 1941.
5.2. Racionamiento y
mercado negro
La rígida reglamentación de la economía autárquica conllevaba el control
del mercado por parte del Estado. Los productores agrícolas estaban obligados a
entregar toda la producción a un precio de tasa y la propia Administración se
encargaba de vender los productos al consumidor a un precio también regulado.
El resultado fue el desabastecimiento generalizado de alimentos y el
racionamiento de los productos considerados de primera necesidad, que se
distribuían mediante una cartilla de racionamiento, vigente entre los años 1939
y 1952.
La tasación de los precios de los alimentos por debajo de su valor
comportó que muchos productores prefiriesen esconder la producción para
venderla en el mercado negro, del cual obtenían unas ganancias más elevadas. El
fraudulento mercado negro afectaba a los alimentos, a las materias primas y a
los productos industriales, y sus precios solían ser 3 o 4 veces superior a los
oficiales.
CARESTÍA Y OCULTACIÓN
DE PRODUCTOS
El coste de los productos ha experimentado grandes elevaciones desde 1939
(…) los precios han subido al menos del 200 al 300 por ciento, descontando,
como es natural, los precios optimistas y ficticios de los artículos
racionados, suministrados a base de cartillas.
Informe al Ministerio de Industria y Comercio, 1946.
No hemos de olvidar que, si no todos, una buena parte de los productores
son reacios a declarar y entregar sus cosechas totales a los organismos
oficiales, y prefieren incluso seguir los riesgos de una tenencia clandestina a
costa del mayor beneficio económico.
Jefatura del Servicio Nacional del Trigo, julio de 1950.
1. El viraje de la
economía española
A
mediados de la década de 1950 era evidente que las posibilidades de desarrollo económico
de España, inmersa en un sistema de autarquía, estaban agotadas. Por ello se
hizo imprescindible un cambio de rumbo que abriese la economía española al
mundo occidental y permitiese una aceleración del crecimiento económico.
1.1. Los
gobiernos del desarrollismo
El
gobierno formado por Franco en 1957 y los que le sucedieron en la década de
1960 supusieron un profundo giro en la orientación del franquismo y marcaron la
transición de una primera etapa dominada por los principios del falangismo a
una segunda con un claro predominio de los llamados tecnócratas.
Esta
nueva generación de políticos, algunos de ellos vinculados al Opus Dei,
consideraban el crecimiento económico como la principal garantía de estabilidad
social. Su perfil era más técnico que ideológico -de ahí el nombre de
tecnócratas- y su principal objetivo era incorporar unos criterios de
racionalidad y eficacia a la gestión del Estado que asegurasen la continuidad
del régimen. Apostaban por un reformismo
técnico que, sin cuestionar la dictadura, encontrase una salida a
la grave situación económica y social derivada de la autarquía.
El cambio
de rumbo vino propiciado por la mala coyuntura económica de finales de la
década de 1950 (agotamiento de las reservas del Banco de España, subida por la
inflación y fuerte desequilibrio presupuestario), por la presión de los
organismos internacionales en el momento en que España acababa de salir del
aislamiento y por el aumento de las protestas sociales. Además, Europa vivía
una etapa de recuperación económica tras
la guerra mundial y la economía española estaba dispuesta a aprovechar las
condiciones favorables del mercado internacional.
1.2. El
Plan de Estabilización
La
primera acción correctora de la política económica vino de la mano del llamado Plan de Estabilización (1959). Su
objetivo era poner fin al fuerte intervencionismo estatal de los años
precedentes y suprimir los obstáculos a la liberalización comercial y
financiera. Su actuación comprendía tres grandes ejes:
Estabilización de la economía. Para
reducir la inflación existente se elevaron los tipos de interés, se limitó la
concesión de créditos bancarios y se congelaron los salarios. Para limitar el
déficit público se propuso una reforma fiscal que incrementase la recaudación y
limitase el gasto del Estado.
Liberalización interior de la economía. Se llevó
a cabo a partir de la eliminación de organismos estatales interventores y de la
reglamentación de los precios fijos.
Liberalización exterior de la economía. El
objetivo era eliminar los obstáculos a la entrada de mercancías extranjeras y
facilitar la inversión de capitales exteriores. En esta dirección, se anunció
la convertibilidad de la peseta
para facilitar los intercambios y se devaluó su valor en casi un 50% respecto
al dólar. A cambio de estos compromisos, diversos
organismos internacionales concedieron préstamos a España para hacer
frente a la grave situación económica y evitar una posible suspensión de pagos.
A más largo plazo, todas estas medidas pretendían incorporar la economía
española a los mercados internacionales para poner las bases de un
posterior crecimiento económico.
1.3. Los Planes de
Desarrollo
Al programa de estabilización se añadió, en la década de 1960, la puesta
en marcha de los Planes de Desarrollo Económico y Social. En total se promulgaron
tres planes de vigencia cuatrienal (1964-1967, 1968-1971, 1972-1975) y para
supervisar su funcionamiento se creó una Comisaría del Plan de Desarrollo y se
nombró comisario a Laureano López Rodó. Se trataba de
una planificación económica indicativa con la finalidad de impulsar
desde el Estado el crecimiento de la economía española a partir de la
programación de la actividad del sector público y de ofrecer información y
previsión a los inversores privados.
Los planes emprendieron dos grandes líneas de actuación:
las acciones estructurales, que pretendían solucionar algunas deficiencias
de la industria (pequeña dimensión de las empresas, baja productividad...), y
los polos de desarrollo, que intentaban reducir los desequilibrios
económicos regionales mediante inversiones públicas en zonas de escasa industrialización.
En general, la planificación franquista fue un fracaso, en buena medida
porque la ejecución de los planes estuvo siempre más condicionada por los
rendimientos inmediatos de los grupos económicos cercanos al poder que por los
intereses económicos generales. En muchos casos, los recursos de los planes se
invirtieron de forma ineficaz, y además, las previsiones raramente se
cumplieron.
El mayor logro de los Planes de Desarrollo residió en dotar a la
iniciativa privada de infraestructuras (electrificación, refinerías de
petróleo, carreteras, etc.) y materias básicas (acero, carbón, aluminio, etc.)
que contribuyeron al crecimiento industrial en el marco de la favorable
coyuntura económica.
2. El desarrollismo económico
Entre 1959 y 1973,
España conoció un intenso período de crecimiento económico, en el que su tasa
de crecimiento fue la segunda más importante entre los países de la OCDE,
después de Japón. Estas elevadas cifras se explican porque la economía española
partía de un nivel muy bajo, pero también porque se aprovecharon los efectos
positivos de la expansión de la economía europea.
2.1. Una industrialización acelerada
El sector industrial
actuó como motor central de la expansión de la economía española y, entre 1960
y 1973, el incremento de la producción industrial alcanzó tasas del 10% anual.
Este crecimiento fue debido a la mejora de la productividad, gracias a los
bajos salarios, a la importación de tecnología y a la inversión de capitales
extranjeros. Paralelamente, también aumentó el peso de los sectores que
fabricaban productos de bienes de equipo, una de las carencias tradicionales de
la industria española. La mejora de la productividad permitió el descenso de
los precios y ello favoreció las exportaciones. También estimuló la subida de los
salarios que, junto a la difusión de las compras a plazos, condujeron a un gran
aumento de la demanda de bienes de consumo duraderos (vehículos,
electrodomésticos...).
Los sectores
industriales que lideraron el proceso de avance y cambio tecnológico fueron la
industria química, la energética, la siderúrgica, la construcción naval y el
sector del automóvil. También crecieron otras industrias de bajo contenido
tecnológico, pero muy competitivas dados los bajos costes laborales en España
(vestido, calzado, muebles).
Las zonas con
tradición industrial (Vizcaya, Cataluña, Asturias) continuaron su
crecimiento , y también se produjo una gran expansión económica de nuevas zonas
como Madrid, cuya industria pasó a representar casi un 14% del total español, lejos
del 23% de la barcelonesa, pero el doble de la vizcaína. También se generaron
nuevos enclaves industriales en Valencia, Alicante, Ferrol, Vigo,
Sevilla, Cádiz, Huelva, Valladolid y Burgos.
-La empresa Seat fue
inaugurada en 1952 y se convirtió en un símbolo de la nueva industrialización
franquista. El modelo Seiscientos, que se produjo entre 1957 y 1973, fue el
automóvil más popular de la década de 1960.
LOS PLANES DE DESARROLLO
Primer Plan de Desarrollo,
enero de 1964
El Plan de Desarrollo
[…] instrumenta una amplia e intensa acción del Estado a favor de las zonas
geográficas menos desarrolladas con el fin de conseguir una mayor aproximación
entre los niveles de renta de las distintas regiones españolas. Dicha actuación
estatal se realiza principalmente a través de un doble orden de actuaciones:
las encaminadas a la mejora agraria y las del fomento de la industrialización.
El mayor esfuerzo
económico se emplea a favor de la mejora agraria, ya que en el programa de
inversiones públicas del Plan de Desarrollo se destinan más de sesenta y ocho
mil millones a las obras de transformación en regadío y colonización,
concentración parcelaria, conservación de suelos, repoblación forestal, mejora
ganadera y otras inversiones para el fomento de la productividad agraria.
Para acelerar la
industrialización, el Plan prevé el establecimiento de polos y polígonos.
Mediante los primeros se trata de crear importantes núcleos industriales
impulsando unas concretas actividades económicas y sociales. […] Mediante
los polígonos, la acción del Estado se extenderá asimismo a aquellas
poblaciones que, aun sin reunir las condiciones indispensables para crear en
ellas polos de desarrollo o de promoción, permitan el establecimiento de
industrias.
2.2. La reconversión
de la agricultura tradicional
Las transformaciones
económicas de España en la década de 1960 provocaron la crisis de la llamada
agricultura tradicional. Esta se sustentaba en la abundancia de mano de obra,
en los bajos salarios y en la adecuación de la oferta a las necesidades de un
mercado poco extenso y poco diversificado en sus necesidades alimenticias.
Además, un amplio minifundismo subsistía con grandes dificultades al lado de
grandes latifundios en manos de propietarios absentistas que regentaban unas
explotaciones insuficientemente trabajadas y con una escasa productividad.
Las nuevas
oportunidades de trabajo que ofrecía la industria estimularon el éxodo rural y
el descenso de la mano de obra campesina hizo aumentar los salarios. Los
empresarios agrícolas, para mantener o mejorar sus ganancias, iniciaron un
proceso de mecanización y de uso de abonos químicos que comportaron una
intensificación de los cultivos. Esta iniciativa redujo aún más la ocupación en
el campo y provocó una mayor emigración. Por otro lado, la mejora de la renta
de la población conllevó una diversificación de la demanda de comestibles: el
consumo de cereales y legumbres disminuyó en favor de los productos ganaderos y
hortofrutícolas (leche, carne, verduras...), generando un desajuste entre la
oferta y la demanda de productos agrarios.
Desde el gobierno se
estimuló la concentración parcelaria y se promovió la construcción de nuevos
regadíos. Todo este proceso cambió radicalmente el aspecto del campo español:
la población activa agraria disminuyó en casi dos millones de personas y muchas
pequeñas explotaciones desaparecieron, a la vez que las empresas agrarias
mejoraban sus sistemas de producción y su productividad.
|
Indicadores |
1960 |
1976 |
|
Número de
tractores |
36.845 |
400.928 |
|
Consumo de
fertilizantes (en t) |
242.824 |
747.702 |
|
Población activa en
el sector primario (en %) |
40,2 |
20,9 |
|
Producción agraria
total (en miles de millones de ptas) |
220 |
1.025 |
|
Concentración
parcelaria (en miles de ha) |
243 |
4.538,2 |
|
Productividad del
sector agrario (índice 100 = 1964) |
92,3 |
480 |
Fuente: Anuario de
Estadística Agraria, 1989.
2.3. El avance del
sector terciario
En la década de 1960
se produjo un considerable aumento del peso de los servicios en el conjunto de la
economía española. En la terciarización de la economía influyeron notablemente
un intenso proceso de urbanización, el aumento de las redes de distribución y
comercio, la mejora de los medios de transporte y de comunicación y, con un
peso muy específico, el turismo.
La
llegada masiva de turistas supuso una elevada fuente de ingresos y el aumento
de la actividad hotelera y de los servicios complementarios. El bienestar
europeo y la generalización de las vacaciones pagadas para la mayoría de sus
trabajadores resultaron decisivos en el “boom”
turístico de la década de 1960, ya que generaron un importante flujo de
turistas que encontraban en España un destino preferente por su clima cálido,
abundancia de playas y de servicios, y precios baratos.
Igualmente,
las necesidades de financiación promovieron el crecimiento del sector bancario, que invirtió
cuantiosos capitales en empresas industriales y obtuvo abundantes beneficios.
Si bien, por una parte, este crecimiento se vio favorecido por la prohibición
de actuar a la banca extranjera en España, por otra, la limitación de la
competencia frenó la modernización del sector bancario español.
El
comercio internacional también
conoció cambios significativos. Aumentó su volumen en cifras absolutas tanto de
importaciones como de exportaciones y modificó su composición. Por primera vez,
las principales exportaciones dejaron de ser los productos agrícolas y los
bienes acabados pasaron a ser los mayoritarios en las ventas al extranjero. Sin
embargo, la balanza comercial resultante seguía siendo negativa, ya que el
valor de las importaciones superó siempre al de las exportaciones. Este
tradicional déficit comercial se
vio compensado por los ingresos procedentes del exterior (el turismo, las
inversiones extranjeras y las remesas enviadas por los emigrantes españoles en
Europa), que generaban un saldo positivo en la balanza final de pagos.
2.4. La dependencia del
exterior
La
contribución de las economías más desarrolladas de Europa fue crucial para
lograr el rápido crecimiento económico. La favorable coyuntura internacional permitió abrir amplios
mercados donde vender la producción, obtener energía a precios más reducidos y
abastecer las tecnologías más avanzadas y de capitales para financiar las
inversiones. España recibió del extranjero los recursos que permitieron
equilibrar el déficit comercial generado por las importaciones de maquinaria
imprescindibles para renovar la estructura productiva.
3. Crecimiento
demográfico y cambio social
La expansión
económica de la década de 1960 estimuló el crecimiento demográfico y
desencadenó los mayores movimientos migratorios de la España contemporánea.
Paralelamente, la sociedad española modernizó sus hábitos sociales y culturales
y avanzó hacia la denominada sociedad de consumo.
3.1. El aumento de la
población.
En la década de 1960,
la población española experimentó la tasa de crecimiento anual más importante
de todo el siglo, lo que permitió pasar de 30,4 millones de habitantes en 1960
a 33,8 en 1970. Este crecimiento se mantuvo elevado en el quinquenio siguiente
y, en 1975, la población superó los 35,8 millones de personas. Este aumento
demográfico fue consecuencia de un descenso de la mortalidad, sobre todo
infantil, y de una elevada natalidad, resultado de unas mejores condiciones de
vida.
Las mejores
expectativas económicas contribuyeron a mantener un número de nacimientos elevado,
en un momento en que el uso de métodos de planificación familiar era
prácticamente inexistente y el franquismo proponía una política claramente
natalista. De este modo, la tasa de fecundidad se mantuvo alta durante toda la
década, situándose, en 1975, en 2,8 hijos por mujer, mientras que la mortalidad
infantil pasó del 6,3% al 1,9% entre 1950 у 1970.
La pirámide de edades
reflejó este boom demográfico, de manera que el número de jóvenes entre 0 y 14
años aumentó considerablemente, situándose en el 27,8% en 1970. Paralelamente,
se produjo un crecimiento de la población mayor de 65 años como resultado del
aumento de la esperanza de vida, que pasó de 67 a 70 años para los hombres y de
72 a 76 para las mujeres, entre 1960 y 1975.
3.2. Los movimientos
migratorios
El crecimiento
demográfico estuvo acompañado de importantes movimientos migratorios. El
proceso de mecanización y modernización de la agricultura dejó sin trabajo a
muchos campesinos, que vieron en la emigración la posibilidad de obtener unos
ingresos que no podían conseguir en su lugar de origen. Ello dio lugar, durante
la década de 1960, a un intenso éxodo rural para huir de unas condiciones de
vida miserables, de la escasez de empleo y de la falta de perspectivas de
futuro.
Las zonas agrícolas
de España, especialmente Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Murcia y
Galicia, fueron las principales proveedoras de unos emigrantes que buscaban
mejores oportunidades de vida en ciudades industriales españolas y europeas.
Así pues, más de un millón trescientos mil españoles, la décima parte de los
activos, emigraron a otros países de Europa en busca de trabajo: Francia,
Alemania, Suiza y Bélgica fueron los principales destinos.
Las migraciones
interiores resultaron aún más espectaculares: entre 1962 y 1973, cuatro
millones de personas cambiaron de lugar de residencia.
Al igual que en las migraciones exteriores, las regiones agrícolas
fueron las mayores proveedoras de emigrantes. En contrapartida, hubo un gran
aumento de población en las zonas de mayor dinamismo económico como Madrid, Cataluña,
País Vasco y Valencia y, dado que la mayor parte de los inmigrantes eran
jóvenes, su llegada provocó un incremento de la natalidad.
Estos movimientos de población agudizaron los acusados
desequilibrios demográficos y económicos entre los distintos territorios de
España. Mientras las áreas más dinámicas concentraban la mayor parte de la
población y conocían un intenso proceso de urbanización, otras quedaban
estancadas y se despoblaban paulatinamente, sobre todo de jóvenes. Las grandes
urbes industriales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y las ciudades de
su periferia (Getafe, Cornellá, Hospitalet, Baracaldo…) crecían al borde de la
saturación y recibían a miles de inmigrantes sin las infraestructuras
necesarias para acogerlos. El chabolismo y la proliferación de barrios mal equipados
y con viviendas precarias caracterizaron el urbanismo de aquellos años.
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Asimismo, una serie de países europeos absorbieron la mano
de obra excedentaria procedente del sector agrario. Su permanencia en España
habría podido dificultar el crecimiento porque el desempleo habría aumentado y
la abundancia de mano de obra habría frenado la mecanización del campo. Además,
las remesas de los 1,3 millones de emigrantes contribuyeron en gran medida a
equilibrar la balanza de pagos.
2.5. Las limitaciones de la economía española
La prolongada etapa de crecimiento
económico, con tasas anuales de aumento del PIB superiores a la media del resto
de países europeos, comportó un incremento del 40% en la renta por habitante
entre 1960 y 1975, y la mejora del nivel de vida de los españoles, que era
todavía muy inferior al de las economías más avanzadas de Europa. Sin embargo,
estos datos no pueden ocultar las grandes limitaciones del modelo de
crecimiento económico franquista.
En primer lugar, las acciones
emprendidas se polarizaron en el sector industrial y de servicios, mientras que
el sector agrario era relativamente abandonado, quedando en una situación de
atraso, y gran parte de su población, en el paro o la pura subsistencia. La
industria española, a pesar de su crecimiento, nunca fue lo bastante potente
para absorber a toda la población excedentaria procedente del sector agrario,
que tuvo que emigrar.
En segundo lugar, la gran dependencia
de la tecnología y de las inversiones extranjeras, no sólo implicaba un gasto
importante en la compra de patentes, maquinaria, etc., sino también la
supeditación a los ritmos de crecimiento y las decisiones de empresas foráneas.
Lo mismo sucedía con los recursos financieros, dada la congénita debilidad y la
poca competitividad del sistema financiero español, que no inició su transformación
hasta mediados de la década de 1970 al introducirse en los circuitos de la
banca internacional. Por último, los beneficios del crecimiento no significaron
un aumento significativo del nivel de desarrollo del país, ya que el Estado no
fue capaz de cumplir suficientemente su papel de redistribución, ni de impulsar
la creación de infraestructuras adecuadas para dar solidez y continuidad al
crecimiento. Todas estas deficiencias se pusieron gravemente en evidencia con
la crisis económica de 1973.
PARA SABER MÁS
Algunos autores han afirmado que el
franquismo retrasó "el reloj de la historia", en el campo de la
Hacienda Pública. Mientras los Estados más desarrollados avanzaban hacia un
sistema fiscal progresivo, en el que los ingresos procedentes de los impuestos
indirectos son menores que los percibidos por los directos que aumentan
progresivamente con el nivel de renta en la España franquista, el peso de los
impuestos directos era muy bajo. En consecuencia, la mayor parte de la carga
fiscal recae sobre los asalariados, lo cual favorecía a los sectores más
acomodados.
Debido a este injusto sistema fiscal,
el avance del Estado del bienestar fue más lento en España. De ese modo, los
servicios públicos que recibía la población fueron mucho menores que los percibidos
en otros países europeos.
3.3 Los cambios en la
estructura social
El desarrollo de la economía industrial y la expansión del sector servicios
dieron lugar a una transformación muy importante de las estructuras
socioprofesionales de la población. Estos cambios supusieron la definitiva
consolidación en España de una sociedad capitalista industrializada, en la que
los sectores asalariados eran amplios y diversificados, al tiempo que la clase
media aumentaba su peso social de manera considerable.
La distribución sectorial de la población muestra este cambio
social: los activos agrícolas pasaron del 50% en 1950 al 21% en 1975,mientras
que los industriales aumentaron del 24% al 38%,y los ocupados en servicios, del
25% al 41%.Esta nueva estructura fue acompañada de un crecimiento significativo
del número de obreros industriales, que alcanzó en España la cifra de cuatro
millones, la mitad de todos los activos asalariados, principalmente ubicados en
las zonas más industriales del país(Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias).
El enorme cambio social en la España de la década de 1960 conllevó
un incremento del volumen de las clases medias y la consolidación de la
burguesía urbana. Junto a los profesionales autónomos, creció también el número
de funcionarios del Estado y el de los profesionales cualificados dedicados a
la gestión industrial o financiera y a las actividades terciarias.
DISTRUCION DE LA
POBLACION PORCENTAJE D ELA POBALCION
TOTAL ESPAÑOLA
|
Región Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Valencia España |
1950 19,9 3,9 4,2 1,3 2,8 1,4 7,3 10,2 11,6 4,9 9,3 6,9 2,7 1,4 3,4 0,4 8,3 100 |
1970 17,6 3,4 5,3 1,7 3,5 1,4 5 7,6 15,1 1,4 7,6 11,2 2,5 1,4 5,5 0,7 9,1 100 |
2. Crisis económica, consenso social y actitudes violentas
Durante la primera
legislatura de la transición, el gobierno tuvo que hacer frente a una grave
crisis económica y a las fuertes tensiones que se derivaron de las actitudes
violentas de quienes pretendían obstaculizar el proceso de transición a la
democracia.
2.1. Un contexto de
crisis económica internacional
La transición
coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por
una gran subida del precio del petróleo. La economía española sufrió con
extrema gravedad la recesión a partir de 1975, cuando a los problemas
económicos se sumaron la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas
contra la crisis. El alza del precio del petróleo generó un proceso
inflacionario que alcanzó tasas del 20% anual. La pérdida de competitividad
derivada de la inflación hizo descender las exportaciones y, entre 1973 y 1974,
el déficit de la balanza comercial se duplicó, a la vez que la balanza de pagos
pasó de un superávit de 500 millones de dólares a un déficit superior a los
3.000 millones. La depreciación de la peseta, que favoreció el mantenimiento de
las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión del capital exterior
paliaron la gravedad del déficit durante los primeros años.
La crisis energética
derivó en una profunda crisis industrial que tuvo dos causas: en primer lugar,
el aumento de los costes y de los precios de venta como consecuencia del
elevado consumo de energía; y en segundo lugar, el elevado peso en la industria
española de los bienes de consumo, la siderurgia, la construcción naval y el
material de transporte, donde la crisis alcanzó proporciones más graves. En
consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10% en
1979. Paralelamente, la renta anual por habitante creció algo menos del 1% en
el conjunto de España, entre 1975 y 1985.
2.2. Los Pactos de la
Moncloa y la política de consenso
En la tarea de
construcción de un sistema democrático y para poder hacer frente a los
problemas económicos era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y
las principales fuerzas de la oposición, de la misma manera que en paralelo se
iniciaba el consenso constitucional. En este sentido, los principales partidos,
firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que contenían una serie de
acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de
actuación jurídica y política.
6. Desarrollo económico y cambios sociales
La instauración de un
sistema democrático, el crecimiento económico de las últimas décadas, la
incorporación a Europa y la consolidación del Estado del bienestar han afianzado
en España una estructura económica y social propia de un país plenamente
desarrollado.
6.1. El crecimiento económico (1985-2008)
Tras la grave crisis
económica iniciada en 1973, las economías occidentales empezaron un proceso de
recuperación y crecimiento, del que España participó en gran medida. En esta
etapa, impulsada en buena parte por las ventajas que se derivaron de la entrada
en la CEE, actual UE, España acortó sus distancias con los países más avanzados
y acabó situándose como la octava potencia económica del mundo. La economía
española pasó por diferentes fases:
Fase de crecimiento
(1984-1991). Tras el proceso de reconversión industrial y de saneamiento del
sector bancario llevados a cabo por el PSOE, la economía española conoció una
fase expansiva con una importante reactivación de la inversión, un aumento del
PIB y una sensible disminución de la tasa de paro.
Fase de recesión
(1992-1997). La fase de crecimiento se agotó a partir de finales de 1992,
debido principalmente a las dificultades de la economía europea por el
hundimiento de la URSS, la unificación de Alemania y la recesión económica en
EE.UU. El ciclo recesivo supuso la reducción de la tasa de incremento del PIB y
el aumento de la inflación y de la tasa de paro: casi un millón de personas
entre 1991 y 1994 (24% de la población activa en 1994).
Fase de crecimiento
(1998-2008). El gobierno del PP coincidió con una etapa de recuperación mundial
de la economía La bajada de los tipos de interés fomento la inversión y el
consumo: la inversión aumentó un 10% y se crearon dos millones de puestos de
trabajo. En la fase final, el aspecto más negativo fue la enorme subida del
precio de las materias primas y los productos energéticos, sólo frenada con el
inicio de la crisis financiera internacional en 2008.
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Además, asistimos a un proceso de democratización de
las relaciones intrafamiliares en las que la autoridad y el control paternos
así como el discurso autoritario y rígido pierden prestigio a favor de un
modelo relacional más afectivo y tolerante. Este hecho, unido a la prolongación
de los estudios y a la precariedad laboral, ha retrasado la edad de
emancipación de los jóvenes del hogar familiar, así como la conformación de
nuevas familias y la procreación.
El papel de la mujer en la sociedad ha experimentado
una gran revolución, sobre todo a partir de su generalizada incorporación al
mercado laboral. Los distintos gobiernos han luchado por conseguir la
equiparación entre sexos, pero, aunque se han logrado importantes avances, aún
queda mucho camino por recorrer. Los comportamientos dentro de la esfera de la
familia siguen reproduciendo en buena medida roles tradicionales que
privilegian que el varón sea el proveedor de recursos y la mujer la encargada
de las tareas domésticas y el cuidado de la familia además de trabajar fuera
del hogar. La sociedad también ha hecho frente en estos años al problema de la
violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito familiar como fuera de él.
El sistema educativo español ha conocido diversas
modificaciones como resultado de las reformas educativas implantadas por cada
uno de los distintos gobiernos de la democracia. Todo ello ha provocado una
cierta inestabilidad, que unida al cambio de los valores sociales, se ha reflejado
en un decaimiento del nivel educativo. La reforma más relevante ha sido la
extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años en una vía única
(ESO), y que ha significado no sólo un enorme esfuerzo económico sino también
la inclusión en el sistema educativo de grupos o sectores hasta entonces al
margen. En estos años se ha logrado una plena escolarización, la práctica
desaparición del analfabetismo y un mayor acceso a la universidad.
Por otro lado, la estructura del Estado se ha
laicizado, lo cual ha comportado, en ocasiones, relaciones tensas con la
jerarquía de la Iglesia católica, tanto por la cuestión de su financiación con
recursos públicos como por la promulgación de leyes contrarias a la doctrina
católica (divorcio, aborto, matrimonios homosexuales). Paralelamente, la
sociedad española ha conocido un claro proceso de secularización al convertirse
en civiles muchos de los actos sociales más importantes (bodas, nacimientos,
entierros...). En 1970 se declaraban no creyentes el 2% de la población, en el
año 2008, el 26%.
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