miércoles, 28 de junio de 2017

Inicio y final de curso

    Insistir a los estudiantes pendientes de beca 6000 que las faltas no justificadas o el suspenso de una sola materia bastan para no concedérsela.

    Plan de pendientes.
    Plan de repetidores.
    Plan de suspensos del anterior trimestre.
    Respetar los trimestres aprobados en la ESO.
   

    Poner las notas de pendientes en cada trimestre.
    Repasar todas las notas (incluidos pendientes y absentistas) cada trimestre. 

    Fin de curso:
    Consejo orientador.
    Informes para septiembre de las materias suspensas.
    Informe individualizado por competencias (Séneca).

    Acta de la evaluación ordinaria.
    Memoria final de tutoría.


    PMAR
    cronograma¿?

viernes, 16 de junio de 2017

HMR Ediciones





















http://www.puntadelanza.net/Foro/phpBB3/viewtopic.php?t=15234

Argumentación y verdad

http://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-06-16/mentira-sobrecoste-corrupcion_1399479/

LA ISLA DEL ESCARMIENTO

http://www.antoniorico.es/2017/06/la-isla-del-escarmiento.html

“La isla” sigue en laSexta. Cada miércoles, erre que erre. Varios tíos siguen pasando mil penurias en una isla porque sí. Ellos lo llaman “valor”, y nosotros “a lo tonto”. Y, lo peor, siguen empeñados en extraer lecciones morales de su conducta insensata. Nos dan clases de supervivencia repletas de superación, liderazgo y toda esa nueva metafísica de moda que nos invade cuando alguien dice en voz alta “coach” en vez de “Belcebú”, que es menos peligroso. Llámenme tonto, pero yo tenía entendido que la supervivencia consistía en sobrevivir, y su primer mandamiento es no meterse en líos. Muy resumido: hay que huir de donde no hay comida y quedarse donde la hay. Eso por no hablar del agua. O de los animales peligrosos, los parásitos y la higiene. Supervivencia, dicen medio muertos en una isla que si está deshabitada por algo será. Manda huevos.

No hace falta comentar el sinsentido de Pedro García Aguado, su presentador ausente, cuando dice que “La isla” “no es un espectáculo, pero sí es espectacular”. Basta mirar el diccionario. Vayamos, mejor, con Mario López, director de laSexta, que dice que “no cae en la superficialidad, ni en el concurso, ni la explotación extrema de los sentimientos. Se homenajean las virtudes de los concursantes que participan”. Bueno, no, que también dice el DRAE que por muchas virtudes que tengan no puede haber concursantes sin concurso. Una cosa es querer zafarse de la sombra de “Supervivientes” mirándolo por encima del hombro y otra esto.

Vamos entonces con los participantes que participan sin ser concursantes que concursan. Mi favorito es el que iba a demostrar que se puede sobrevivir bebiendo agua de mar y al segundo programa tuvo que ser evacuado muy malito. Si te van los retos, puedes elegir: hacer el cafre o leer un poco sobre cómo funciona un riñón y qué es una nefrona. Allá cada uno. Este optó por hacer el cafre y confirmar lo ya sabido: agua del mar, ¡caca!, no beber. También me gustó el segundo evacuado, un médico que se hizo pupa por jugar a cazador recolector sin tener en cuenta que lo esencial de la medicina es prevenir, como enseñaba Ramón Sánchez-Ocaña. Hoy, más isla; a ver quién será evacuado ahora.

Una historia de jueces en el 45 aniversario de la Constitución

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/historia-jueces-45-aniversario-constitucion/20231205194509220395.html


Tenía poco más de veinte años, un Seat 850 y un carnet de conducir apenas estrenado. Un día de lluvia de 1972 atropellé, con lesiones leves, a una anciana que surgió de entre dos coches en una calle estrecha. La llevé al hospital más próximo y allí fue atendida y dada de alta casi de inmediato tras la cura de urgencia. Esa fue la circunstancia que hizo que meses después se celebrara un juicio para delimitar la indemnización que la compañía de seguros debería abonar a la víctima. Mi recuerdo de aquel juicio (mi primer contacto “con la justicia”) es una sucesión de gritos e interpelaciones dirigidas a mí, sin ningún respeto, por un juez que apenas me permitía responder a sus preguntas y un abogado, enviado por el seguro para defenderme, apocado y servil que, con gestos, me invitaba a callar y obedecer a aquel magistrado fuera de quicio. Era, reitero, en 1972. Era la dictadura.

Cada día que marco en el calendario sin que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, recuerdo aquella experiencia —incomparable, en su gravedad, con la que vivieron muchos condenados, sobre todo políticos, de entonces—. ¿Por qué se aviva en mi memoria la imagen de aquel juez fuera de sí a quien nadie se atrevía a replicar? Creo que la explicación está en la existencia de un sustrato fuertemente conservador en el estamento judicial que se mantiene sin apenas cambios desde el comienzo de la transición hasta hoy. En aquel juez, convencido de su impunidad para el grito y el insulto, veo a la mayoría de los miembros de ese Consejo en 2023 participando, por activa o por pasiva, de la política judicial de la derecha, resistiéndose a que la soberanía popular expresada en las urnas tenga su reflejo en las instancias de gobierno de los jueces. Lo más preocupante de la situación es que la derecha con la que coinciden está muy alejada de la europeísta y civilizada que rechaza cualquier pacto con el populismo de extrema derecha. Muy lejos del espíritu que representó Suárez, primero en UCD y después en un CDS que sufrió también una voladura no sé si controlada. Más bien recuerda a lo que representó una Alianza Popular baluarte de los “siete magníficos”, que se dividió ante la Constitución del 78 y cuyos rostros visibles eran exministros de Franco que nunca abjuraron del Régimen, algunos de ellos firmantes de sentencias de muerte poco más de dos años antes del debate constitucional.

No es difícil de entender, desde esa óptica, la deriva de una buena parte de la judicatura en los años últimos, especialmente desde que, en 2018, gobierna España una coalición de fuerzas progresistas con el respaldo de nacionalistas que, curiosamente, estuvieron en el origen de la Constitución, aunque hoy mantengan posiciones independentistas. Se entiende esa deriva, que se adentra sin pudor en el campo de la política, con un simple ejercicio de memoria: la totalidad de la malla judicial procedente del franquismo, curtida y formada en la aplicación acrítica de la legislación de la dictadura y en su estrecha relación con el aparato del Estado, pasó, a partir de 1978, a formar parte de la nueva realidad democrática y constitucional. Salvo algunos jueces conocidos, o los integrantes de una plataforma jamás legalizada como Justicia Democrática, la inmensa mayoría de los jueces y magistrados aplicaron el marco normativo dictatorial sin expresar desacuerdo alguno. Venían de una estructura judicial que se basaba, en buena medida, en la represión, a veces brutal, de las libertades. El Tribunal de Orden Público, la llamada Ley de Vagos y Maleantes, entre otras muchas normas al margen de la legislación internacional y en muchos casos émulas de la legislación fascista de países como Alemania o Italia, funcionaban a pleno rendimiento incluso en los albores de la democracia. Los jueces que aplicaban aquel cuerpo legal, que avalaban despidos de sindicalistas, que condenaban a años de cárcel a estudiantes o trabajadores que habían repartido octavillas, que avalaron la censura sistematizada y llegaron a ordenar el secuestro y cierre de revistas o diarios y la detención de periodistas, cooperaron con eficacia a que en las cárceles de España, a la altura de 1975,  hubiera más de mil presos políticos, condenados en su inmensa mayoría por ejercer derechos que en Francia, Alemania, Italia y otros países de Europa Occidental eran consustanciales al estado de derecho y a la democracia. Esos jueces, con apellidos más que conocidos, nunca fueron interpelados por la sociedad a lo largo de la transición. Subrayar que en 1976, en la antesala de la democracia, se abrieron, por el Tribunal de Orden Público, casi 5.000 causas penales, en su mayor parte por asociación ilegal, reparto de propaganda, manifestación y reunión no autorizada, es un dato que hoy escandaliza pero que jamás provocó una autocrítica ni un gesto de arrepentimiento dirigido a la sociedad por parte de los jueces que las impulsaban. Jamás fueron acusados por las víctimas de sus sentencias, ni por las fuerzas políticas cuya ilegalidad legitimaron durante el franquismo, ni se les reprochó su “hoja de servicios” a un sistema radicalmente injusto, autoritario, confrontado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fruto de un golpe de Estado. Pese a ello, quedaron, como parte de la política de reconciliación y de la generosidad de quienes sufrieron tales actuaciones, como garantes de la aplicación de la legalidad democrática una vez aprobada la Constitución de 1978.

El corporativismo, la conciencia de formar parte de un colectivo “elegido”, el alto grado de endogamia, el origen social de sus integrantes, la desconfianza hacia la soberanía popular y la visión del colectivo judicial como un territorio por encima del poder legislativo, de los representantes elegidos por los ciudadanos, se añadieron, en los años de democracia, a la situación heredada del franquismo. Por supuesto, de un modo sutil, no siempre explícito, y no en todo el colectivo judicial. No es descabellado preguntarse por qué, casi 45 años después de restablecerse la democracia, no se ha renovado profundamente el poder judicial ni se han cortado, de modo tajante, los hilos conductores que lo unían, política, emocionalmente y en conciencia de casta, al sustrato ideológico de la dictadura. Baste decir que varias generaciones de jueces formados en aquel régimen han seguido, de modo escalonado, ejerciendo en democracia: los más jóvenes de entonces, nacidos entre 1940 y 1950, cuyo acceso a la judicatura fue anterior al bienio 1977-1978 (tenían entre 27 y 37 años aproximadamente al llegar la democracia) alcanzan en la tercera década del siglo XXI la edad de jubilación tras ocupar, en los años más recientes, puestos esenciales en el escalafón. Es decir: han influido de un modo poderoso en la formación de un ecosistema judicial asfixiante, muy marcado por el más profundo conservadurismo, con patente de corso para actuar contra quien no respire su visión de la sociedad. No en vano en la asociación más comprometida con la lucha por las libertades, Jueces para la Democracia, sólo integra al 10 % de la magistratura, —su antecedente en el tardofranquismo, Justicia Democrática, jamás fue legalizada— mientras que la Asociación Profesional integra a una amplia mayoría de jueces y en su actuación no oculta su identificación con las posiciones políticas de la derecha hasta llegar a intervenir como si de un partido político se tratara.

Las consecuencias de ese proceso están a la vista: desde la doble ofensiva contra el juez Baltasar Garzón (caso Gürtel de un lado y memoria histórica de otro) como responsable de actuaciones a favor de la profundización en la democracia y contra la corrupción, hasta “el estado de rebelión” y atrincheramiento en un CGPJ caducado en 2016, pasando por la negativa a atender reclamaciones de víctimas de la dictadura (incluso de torturados por miembros de la BPS con nombres y apellidos), por torpedear (aunque sin éxito) la exhumación de los restos de Francisco Franco de Cuelgamuros, o por decisiones alegales, directamente políticas, utilizando las ruinas del CGPJ para hacer pública una proclama contra el gobierno en base a una ley que desconocían como la Ley de Amnistía. Es decir, una declaración puramente política, al margen de cualquier connotación profesional.

En este 45 Aniversario de la Constitución es conveniente y saludable dejar en el aire algunas preguntas: ¿Es de extrañar, dada la sensibilidad mayoritaria en la judicatura, el empeño, en el borde de la insumisión, en exigir un sistema corporativo, endogámico, que excluya a la soberanía popular, en el nombramiento de los órganos de gobierno de los jueces? ¿Cómo explicar el bullicio, próximo a la algarada directamente política, contra una Ley no existente que se troca en silencio elusivo cuando la proposición de ley, sin rastros de inconstitucionalidad, se hace pública? ¿Van a pedir disculpas por el despropósito? Y por último: ¿Desde qué lógica perversa es admisible que, aplicando la venda antes que la herida, sectores de la judicatura, alimentados por irresponsables declaraciones políticas, aludan al Tribunal Constitucional como “tribunal de parte” ante la posible declaración de constitucionalidad de la Ley de Amnistía? ¿No le sería aplicable el mismo calificativo al Constitucional que, en 2010, declaró inconstitucionales artículos del renovado Estatut de Cataluña que están vigentes en los estatutos de otras comunidades contribuyendo al tropel de violaciones constitucionales que se produjeron en el otoño de 2017 en esa Comunidad autónoma? No fue bajo un gobierno progresista, que yo recuerde, todo aquello.

Hasta aquí mi pequeña historia de jueces que se resisten a entender a fondo a un país diverso. Ni, pese a sus proclamas, a considerar que la soberanía popular que la Constitución consagra, reside en el parlamento, en la representación de los ciudadanos elegida en las urnas.