Se
libran de la cárcel todos los empresarios que pagaron por sexo con menores en
Murcia
ABC
Madrid 8 de octubre de 2024
La Audiencia
Provincial de Murcia ha otorgado este martes la suspensión de las penas de
prisión del resto de empresarios acusados de delitos de prostitución de
menores, tras la resolución de este lunes en el que cuatro de los acusados se
libraran también de la cárcel. Según informa 'La Verdad', se trata de J. P. A., de 72 años y J. M. F., de 73.
A pesar de que la Fiscalía se haya opuesto a la suspensión de las penas,
la Sala ha aplicado el criterio de que las condenas que no superan los dos años
de prisión pueden ser eludidas cuando se cumplan unas condiciones determinadas.
Así, los empresarios deberán pagar una multa y deberán no volver a cometer
delitos, ni comunicarse con las víctimas, y tendrán que hacer un curso de
reeducación sexual.
«El sistema no
puede volver a defraudar a estas chicas», remarcó el teniente fiscal, José
Francisco Sánchez Lucerga, el lunes en la primera vista oral. La suspensión de
las penas a los principales procesados, incidió el representante del Ministerio
Público, «supondría otra quiebra en la protección que el sistema ha ofrecido a
esas menores».
La decisión de los jueces
responde a la petición de las víctimas
Pese a que la
decisión de los jueces también ha sido duramente criticada en la calle, esta
responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta
red. Cinco de las once afectadas pidieron expresamente a los magistrados que no
mandasen a los condenados en prisión y que les concediesen una segunda
oportunidad.
La magistrada
Concepción Roig explicó que estas chicas, «que han sufrido enormemente»,
preferían que los procesados reflexionasen sobre sus actos y no volvieran a
repetirlo. Otras cuatro víctimas, sin embargo, exigieron a la Sala que metieran
a los empresarios en la cárcel y otras dos no se pronunciaron sobre este
asunto.
En la
segunda vista oral se ha aplazado la vista para decidir el futuro de tres de
las 'mamis', las personas que se encargaban de buscar a las menores en las
puertas de los centros educativos y discotecas, para quienes todavía se tiene
que pronunciar la Audiencia. La Sala, a su vez, debe pronunciarse también sobre
la suspensión de la pena del último de los procesados: W.
J. D. Este hombre asumió penas de hasta 12 años de cárcel por colaborar
con la trama trasladando a las adolescentes a los lugares donde se producían
los encuentros sexuales.
Los
empresarios de la vergüenza condenados en Murcia, con nombres y apellidos
Olaya López Munuera, 24 de septiembre de 2024,
lavozdemurcia.es
Catorce y quince años. Esa era la edad que tenían dos de las menores víctimas de
la cuando
las recogieron en las inmediaciones de su colegio de Murcia para ser
trasladadas ante Juan Castejón Ardid: expresidente y exvicepresidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC),
exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y
empresario que en aquellas fechas cumpliría los 64 años.
Castejón también
abusó de otra niña que, con 15 años, publicó una oferta para trabajar de
cuidadora en milanuncios.es y recibió la
respuesta de una de las ‘madames’ condenadas por la trama. Esta mujer, que
hacía de intermediaria
entre víctimas y clientes, le argumentó a la menor para
convencerla que «no
pasaba nada» cuando esta le intentaba explicar que solo
tenía 15 años y era virgen.
Las cortas
edades de las víctimas menores no solo no disuadían a Castejón.
Al contrario: ‘El
Petrolero’ era «uno de los clientes que pedía siempre que
fueran menores».
Razón por la que a su cuarta
víctima, que ya contaba con 17 años, la misma ‘madame’ le pedía que dijera que «tenía 15 o
16 años, ya que a los clientes esto les daba más morbo», tal y
como han reconocido los condenados en la Audiencia Provincial para llegar a un
acuerdo de conformidad.
A diferencia de la quinta víctima,
también menor, y que fue captada mientras «pasaba por un momento de dificultades
económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder»,
Castejón era por aquel entonces un destacado -y pudiente- miembro de la
patronal cartagenera. También era presidente, consejero delegado y consejero de tres empresas:
Pradem S.A. (hasta agosto de 2015), Promociones Sierra Minera (hasta agosto de
2018) y Eslabon Inmobiliaria (hasta agosto de 2018).
Pero no fue hasta
febrero de 2015 cuando, empujado por el Comité de Ética y Buenas Prácticas de
la patronal murciana CROEM tras conocer su imputación, Castejón
dimitió a regañadientes por sus vínculos con la trama de prostitución de menores mientras seguía defendiendo su inocencia
delante del resto de empresarios.
Casi diez años después, Castejón ha salido a pecho
descubierto, sonriente y con la cabeza bien alta del
Juzgado de Murcia tras ser condenado por cinco delitos de prostitución de
menores.
A diferencia del resto de
proxenetas que lo acompañaban en la vista -y que intentaron esconder su rostro detrás
de gafas de sol y mascarilla- el promotor no ha querido ocultarse.
El apodado como 'El Petrolero' pisaba la
calle con alivio, sabiendo que no iba a entrar en prisión. Así
lo decidió el juez en una sentencia que ha encendido a la sociedad murciana y
que lo ha condenado a cinco
meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después
de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía antes de la
vista del pasado miércoles entre 4 y 24 años de prisión para los empresarios,
según el número de delitos- y obtener la reducción de las condenas por
«dilaciones indebidas».
Junto a Castejón han sido
condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70
años, Beniaján), Juan
Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68
años, Alicante), Antonio
Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92
años, Murcia) y Juan
Martínez Fernández (73, Murcia).
Este último, Martínez Fernández, trabajó como
enterrador en Alhama de Murcia y Totana y es un destacado
miembro de la comunidad de este último municipio, donde ha recibido varios homenajes por su participación en
la Semana Santa de la localidad o por sus logros
académicos.
Su pena también ha sido rebajada y
ha sido condenado por un delito de prostitución de menores a cinco meses de
cárcel (que, como el resto de acusados, no pisará) y a pagar 1.000 euros a su
víctima.
Los intermediarios
Las penas más altas han sido para los seis intermediarios: las personas que cobraban una
comisión por prostituir a menores de entre 15 y 17 años y que se encargaban de captarlas
en la puerta de sus colegios o discotecas juveniles y
ponerlas en contacto con los empresarios y clientes.
Las cuatro condenadas que actuaban como ‘madames’
(captadoras, facilitadoras e instigadoras de esta trama) son Yesenia Mercedes Balladares
Cusme, Nelly Paola Céspedes Pedriel, Ruth Karina Dorado Toledo y Manuela Pérez
Poveda.
Mientras que Martin Galo Dorado Toledo y
Walter Giovani Dominguez Melgar han sido condenados como
autores -cooperadores necesarios como parte de esta pieza-.
El fiscal pedía de 21 a 56 años de
prisión. Nada que ver con unas penas que suman 16, 12 y 6 años de cárcel y
todo apunta a que tampoco entrarán en ella para pagar por sus delitos.
La opinión de un abogado
«La gente se ha echado a la calle
con la reforma de la ‘Ley del solo sí es sí’ porque iban a soltar decenas de
violadores, pero en
España sucede algo así cada día en todos los juzgados penales: el atenuante
de dilaciones indebidas.
Eso significa que por el funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia, un
altísimo porcentaje de condenados no entran a la cárcel, pese a ser culpables», esta es la lectura que hace el abogado penalista y
doctor en derecho Antonio
Casado Mena sobre la sentencia a los siete proxenetas
acusados de tener relaciones sexuales con menores de edad a cambio de
dinero.
Las dilaciones indebidas que han
evitado la entrada en prisión de los siete condenados por el caso de
prostitución infantil -que el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera ya está
estudiando debatir en una Junta de Fiscalía- han provocado un
intenso debate en la sociedad murciana.
Este atenuante, que explica
el por qué de unas condenas tan bajas como polémicas, consiste en una reducción que se aplica cuando los procesos
judiciales se alargan mucho, y puede provocar que se bajen las penas hasta dos
grados si las dilaciones indebidas son muy cualificadas.
Para Casado Mena,
aunque la defensa haya jugado muy bien sus cartas, la
reducción de las condenas es culpa de que la Justicia se retrase «por falta de
medios», por lo que «hay un claro culpable: el mal funcionamiento de
la Administración de Justicia. Eso no puede ser. Es vergonzoso».
