Constitución Española de 1978

Artículo 31 de la Constitución Española de 1.978

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Explicación del artículo 31 de la CE

El Artículo 31 de la Constitución Española establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, es decir, a los gastos que necesita el país para funcionar y mantener todos los servicios y estructuras que nos permiten vivir en sociedad. Para ello, cada persona debe pagar sus impuestos de acuerdo con su capacidad económica, es decir, aquellos con mayores ingresos pagarán más impuestos, mientras que aquellos con menos recursos aportarán en menor medida.

Este artículo también señala que el sistema tributario, que es el conjunto de leyes y normas que rigen la recaudación y aplicación de los impuestos, debe ser justo y equitativo. Esto significa que todos deben aportar según su capacidad y nadie puede quedar exento de hacerlo sin motivo justificado. Así, el sistema tributario garantiza que no haya desigualdades en el reparto del esfuerzo para el sostenimiento del país.

Asimismo, este artículo establece la necesidad de que las leyes tributarias eviten el fraude fiscal, es decir, intentar eludir el pago de impuestos por parte de quienes deben hacerlo. El objetivo es asegurar que todos paguen lo que les corresponde para que los gastos públicos se puedan cubrir con los ingresos generados y no se produzcan desequilibrios que perjudiquen el bienestar general.

En resumen, la Constitución Española, a través del Artículo 31, establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, garantiza un sistema tributario justo y equitativo, y protege contra el fraude fiscal. Todo ello tiene como propósito, asegurar la financiación de los servicios públicos y garantizar los recursos necesarios para mantener la convivencia y crecimiento de la sociedad.

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Explicación del artículo 47 de la CE

El Artículo 47 de la Constitución Española de 1978 hace referencia al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este artículo establece que los poderes públicos, es decir, el gobierno y las autoridades, deben trabajar y colaborar para garantizar este derecho a todos los ciudadanos.

Además, la Constitución también indica que las autoridades deben tomar medidas para evitar la especulación en el mercado inmobiliario. La especulación se refiere a la compra, venta o retención de propiedades con la esperanza de obtener ganancias en el futuro. Este comportamiento puede elevar los precios de la vivienda y dificultar el acceso a una vivienda asequible para muchas personas.

En resumen, el Artículo 47 de la Constitución Española de 1978 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y deja en manos de los poderes públicos la tarea de adoptar medidas y políticas que garanticen este derecho y luchen contra la especulación inmobiliaria.

https://www.laconstitucion.es/articulo-47-de-la-constitucion-espanola.html