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Sindicalistas detenidos: un
aviso a los disidentes
Profesor de
Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional
18/12/2021
Hace unas semanas hubo
unas multitudinarias protestas de los trabajadores del metal de la provincia de
Cádiz. Para reprimirlas el Ministerio del Interior envió una tanqueta militar y
centenares de policías antidisturbios. De entre todas las imágenes de aquellos
días alcanzaron notoriedad las de un señor de edad avanzada que tras increpar a
una patrulla de policías antidisturbios armada de escudos y defensas sufre una
agresión brutal e injustificada por parte de los mismos de la que intenta
defenderse a base de manotazos a los agentes. El jueves detuvieron a ese señor.
A él y a un puñado más de manifestantes a los que acusan de
desobediencia, lesiones, atentado y una serie de delitos similares.
Las
detenciones han tenido lugar en sus domicilios. Se trata de personas
perfectamente localizadas y que nada hace pensar que quisieran sustraerse a la
acción de la justicia. Legalmente no era necesario ni legítimo detenerlos, pues
habría bastado con citarlos para que comparecieran ante el juez. Pero la
Policía prefirió arrestarlos con toda la publicidad posible en uno de los
barrios más humildes de una provincia devastada por el paro y la pobreza. La
vecina de uno de los detenidos dice que un agente le dijo que lo hacían para
que los trabajadores no se vinieran arriba.
Las
manifestaciones de los trabajadores de astilleros y el metal nunca han sido tranquilas.
La desesperación de estos obreros y sus familias ante la destrucción de sus
puestos de trabajo y el negro horizonte personal y laboral que se les ofrece
cristaliza veces de manera explosiva y desabrida. En sus protestas hay cohetes
y petardos; se queman contenedores y neumáticos; cuando la policía interviene
en ocasiones se le planta cara. Seguramente muchas de estas conductas, tomadas
individualmente y fuera de contexto, podrían constituir algún delito o falta
previsto legalmente. Sin embargo, se trata normalmente de actos de escasa
gravedad y que pueden resultar en gran parte justificados por el ambiente de
tensión y la desesperación de sus autores. Más allá, lo cierto es que en medio
de movilizaciones de esta envergadura se producen comportamientos masivos de
desobediencia que difícilmente pueden juzgarse desde la normalidad de la ley.
Y
en efecto, las autoridades han renunciado a perseguir la inmensa mayoría de
estos actos. En vez de ello, han optado por seleccionar a determinadas personas
y hacer caer sobre ellas la responsabilidad colectiva de manera totalmente
irregular. La Policía, que no los jueces, ha decidido a quien investigar y a
quien no. De entre los miles y miles de trabajadores que protestaron de modo
más o menos airado han seleccionado a apenas una decena. No se busca, pues,
asegurar el cumplimiento de la ley sino castigar de modo ejemplarizante. El
objetivo no es que todo el que ha cometido una falta la pague sino asustar y
desincentivar a quienes quieran manifestarse en el futuro. No estamos ante un
normal funcionamiento de la Policía y una aplicación regular de las normas
basada en el principio de igualdad, sino ante una maniobra política destinada a
amedrentar a la población y obstaculizar los derechos a la protesta y la
huelga. Puede decirse sin lugar a dudas que son detenciones políticas que no se
guían por el estricto cumplimiento de la ley sino por criterios de oportunidad
e intenciones políticas.
Estas detenciones políticas, además, se realizan -en primer lugar- con la
intención evidente de desacreditar a los trabajadores y sus protestas. De entre
los miles de manifestantes que lanzaron algún objeto o prendieron fuego a algo
se elige detener a dos que tenían antecedentes policiales y, saltándose las
normas que delimitan la acción policial, se filtran esos antecedentes a la
prensa. A continuación, los medios, sin darle más vueltas, publican a toda
página que los autores de los incidentes eran delincuentes habituales. Y así,
saltándose un puñado de normas jurídicas, desde el Gobierno se crea un relato
falseado que criminaliza a los trabajadores.
En segundo lugar, el
objetivo es una práctica constitucionalmente prohibida que los tribunales
internacionales denominan chilling effect:
desalentar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si una persona sabe que en
caso de acudir a una manifestación, aunque no haga nada o, peor aún, incluso
aunque sea víctima de un abuso policial puede ser detenido y juzgado como
cabeza de turco, el resultado es que la ciudadanía se lo piensa dos veces antes
de ejercer derechos como la huelga o la reunión. Con estas detenciones el
Ministerio del Interior pretende acallar las protestas laborales en un contexto
de crisis social y para ello no duda en obstaculizar el ejercicio de derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución.
Seguramente
tras estas detenciones está también la presión de algunas asociaciones
profesionales de la Policía que reclaman constantemente más mano dura contra
quien se enfrenta a la Policía. Son las mismas asociaciones, prácticamente
dependientes de VOX, que han puesto el grito en el cielo ante las timidísimas
reformas de la ley mordaza vigente desde 2015. Estas asociaciones se mueven por
intereses exclusivamente políticos y ningún gesto del Gobierno va a conseguir
apaciguarlas, pero todo indica que el Ministro de Interior no lo cree así y
prefiere lesionar los derechos de los ciudadanos y los trabajadores a parecer
débil en la defensa de los desmanes policiales.
La
Policía española tiene un déficit de control frente a sus excesos que ha sido
repetidamente puesto de manifiesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nuestro sistema judicial es incapaz de garantizar que los actos irregulares de
los agentes de los cuerpos de seguridad no queden impunes. Para reforzar esta
situación, el Ministerio del Interior permite a la policía elegir a quien
detiene y ampara su impunidad al permitirles denunciar a inocentes en su afán
de amedrentar a la ciudadanía.
Lo
cierto es que en este asunto se están vulnerando derechos fundamentales y
garantías procesales de los trabajadores. Se ha elegido cuidadosamente a quien
arrestar, imputando a personas que en realidad fueron víctimas de la brutalidad
policial. Se han publicado datos personales de los detenidos sin respetar su
presunción de inocencia… toda una serie de desmanes jurídicos con un único
objetivo, prohibido por la Constitución: desalentar el derecho de protesta y
desacreditar falsamente las protestas legítimas.
A
quienes realmente habría que detener es en primer lugar los agentes policiales
que fueron más allá de su tarea y violaron derechos fundamentales. Si resulta
muy grave que un ciudadano ataque ilegítimamente a la policía, más grave es en
democracia que un agente de la autoridad abuse de sus poderes. Junto a ellos,
el Estado de derecho exigiría investigar quien ha dado la orden de elegir
arbitrariamente varias cabezas de turco y vulnerar sus garantías
constitucionales. En una sociedad realmente democrática sin residuos
dictatoriales estas detenciones orquestadas llevarían a exigir
responsabilidades jurídicas y policiales a los mandos del Ministerio del
Interior que las han alentado y permitido. Lo de Cádiz estos días no es
una acción policial contra la delincuencia sino contra los derechos
fundamentales.
Las intrusas. 100 años del sufragio de las mujeres
Arantxa Elizondo
10 de febrero de 2018 20:15h
En 2018 se cumplirán 100 años desde que en muchos
países europeos se reconoció el derecho de voto de las mujeres; son los casos,
entre otros, de Alemania, Austria, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Rusia y
el Reino Unido. En muchos de estos lugares se están preparando numerosos
eventos conmemorativos de diversa índole, desde congresos y jornadas académicas
hasta celebraciones militantes y actos institucionales.
El Reino Unido constituye uno de los más claros
ejemplos de cómo la cuestión del voto de las mujeres se convirtió en un tema
candente en la agenda política que generó un importante debate social y un
vigoroso movimiento de protesta a finales del Siglo XIX. Allí se disponen a
celebrar la aprobación de la Representation of the People Act de 1918, ley que
amplió el electorado de 7,7 millones a 21,4 millones de personas y que permitió
que muchas mujeres británicas (no todas, solo las mayores de 30 años, las que tenían propiedades o
títulos universitarios) pudieran votar. Que nadie piense que el proceso fue
sencillo. El Estado liberal representativo se construyó partiendo de la
exclusión de gran parte de la sociedad, no lo olvidemos: la de muchos hombres y
la de todas las mujeres. Durante más de un siglo en muchos países europeos el
derecho de voto fue ampliándose progresivamente mediante la eliminación
paulatina de las restricciones del sufragio censitario para los hombres. En el
caso del Reino Unido, ya en 1866 el filósofo liberal John Stuart Mill presentó
por primera vez en el Parlamento una petición a favor del voto para las
mujeres, demanda que fue rechazada.
A partir de entonces lo habitual fue que en cada
reforma electoral hubiera voces que solicitaban la extensión de ese derecho
para las mujeres, pero siempre ganaron los argumentos que señalaban que no
estaban capacitadas para ejercer ese derecho, que el orden natural de las cosas
señalaba que la política no era asunto para mujeres, es decir, que eran unas
intrusas en los espacios políticos. Similares negativas se vivieron en
numerosos países con sistemas políticos liberales. Desde finales del siglo XIX,
el movimiento por el sufragio de las mujeres fue creciendo en dimensión y
fuerza en los Estados Unidos y en Europa, de manera particular en el Reino
Unido. Asociaciones moderadas y radicales concentraban el grueso de la lucha de
miles de sufragistas que no sólo realizaron una aportación clave en el
reconocimiento del derecho de voto sino que, y esto no se ha subrayado lo
suficiente, con su propia actividad contribuyeron de manera significativa a la
transgresión del rol que tradicionalmente estaba asignado a las mujeres.
Paradójicamente, uno de los principales factores que
dio el impulso definitivo a las reformas electorales de 1918 fue la Primera
Guerra Mundial pues se hizo insostenible la incongruencia de que millones de
soldados que volvían después de haber estado defendiendo a su país no tuvieran
derecho de voto. Asimismo, era difícilmente justificable que las mujeres
siguieran siendo privadas de ese derecho cuando su papel había sido
imprescindible durante la guerra tanto participando en labores asistenciales en
la retaguardia como trabajando en los puestos de trabajo que habían dejado los
hombres al marchar al frente.
Precisamente, el texto de la ley británica reconocía
explícitamente que tanto los excombatientes como las mujeres merecían el voto
por ese motivo. Así que la clave no fue tanto el reconocimiento de un derecho
básico sino un premio por la aportación a su país durante el conflicto bélico.
El derecho de voto de las mujeres abrió el paso también al reconocimiento del
derecho a presentarse a las elecciones y, con ello, a entrar a los parlamentos
y los gobiernos.
¿Significó esto el fin de la exclusión política de las
mujeres? Es cierto que a partir de entonces fueron accediendo a las instituciones
ejecutivas y legislativas en la mayoría de los Estados, lugares en los que
antaño estaba vedada su presencia y en los que al principio fueron consideradas
intrusas. No obstante, su incorporación no fue rápida ni progresiva puesto que
75 años más tarde el diagnóstico general mostraba que la presencia de mujeres
seguía siendo una rareza en muchísimos países: en 1995 su proporción en los
parlamentos del mundo era 11,3%. Las cuotas, porcentajes obligatorios para
asegurar la presencia equilibrada de mujeres, fueron el siguiente avance y
gracias a este mecanismo se ha logrado aumentar su presencia pero, incluso así,
en 2017 el porcentaje de mujeres en los parlamentos de todo el mundo es el
23,5% y el porcentaje en el caso de los
Estados miembros de la Unión Europea asciende a 29,8%.
Los datos del último siglo se empeñan en mostrar que
las mujeres no acceden a la política en la misma medida que los hombres. ¿Cómo
se explica que las mujeres sigan siendo minoría en los espacios donde se toman
las decisiones públicas? ¿Por qué sigue ocurriendo esto a pesar de las medidas
legales que impulsan su presencia? Los estudios que abordan esta cuestión
reconocen que los motivos son numerosos y diversos: el peso de las
responsabilidades domésticas y familiares, la falta de apoyo del electorado o
de los partidos políticos, la falta de apoyo del entorno, la falta de confianza
en una misma, la falta de experiencia en funciones de representación o la falta
de recursos financieros. Hay un factor que engloba prácticamente a todos los
demás y consiste en el conjunto de actitudes culturales predominantes relativas
al papel de las mujeres en la sociedad, actitudes que aún hoy las excluyen
considerándolas extranjeras y ajenas a la política. La exclusión se ejerce por
muchas personas que probablemente no sean ni conscientes de su nefasta
influencia. Pueden contribuir a la exclusión personas que ocupan cargos
políticos, líderes sociales, tertulianos y tertulianas, periodistas, ciudadanos
y ciudadanas. La expresión de estas actitudes puede adoptar una forma leve o
manifiesta, puede ser delicadamente paternal o directamente violenta, puede
aparecer en comentarios denigrantes o en ridiculizaciones caricaturescas, puede
reflejarse en fotografías desconsideradas o humillantes, pero, en todo caso,
hace que muchas mujeres se sientan incómodas, fuera de lugar y forasteras en
los espacios políticos.
Hace 100 años las mujeres de gran parte de Europa
obtuvieron el derecho de votar como primer paso hacia la participación en las
decisiones políticas; hace 20 años ese derecho se completó con el
establecimiento de las cuotas para asegurar su presencia en las instituciones.
¿Cuál ha de ser el siguiente paso? Agotadas las medidas legales para su entrada
en política, no queda más remedio que mirar hacia los mecanismos de exclusión y
trabajar para neutralizarlos. Personalmente estoy convencida de que es
fundamental aumentar el respeto social hacia las mujeres, por eso, cada vez que
alguien hace un comentario despectivo hacia una alcaldesa en televisión, un periódico
publica una fotografía que menoscaba la imagen de una ministra, un tertuliano
de radio se mofa del aspecto de una parlamentaria o un columnista escribe con
sorna sobre la ropa de la líder de un partido tenemos que hacerle saber que
está contribuyendo a que la exclusión se perpetúe y a que la mitad de la
sociedad se siga sintiendo intrusa en las esferas donde se toman las decisiones
que afectan a nuestra convivencia colectiva.
*Arantxa Elizondo. Profesora de Ciencia Política en la
Universidad del País Vasco
El voto a los 16 años, una
decisión responsable
JOSÉ ANTONIO MARINA
Filósofo, pedagogo y
presidente de la Fundación Universidad de Padres
08/02/2018
José Antonio Marina
Filósofo, pedagogo y
presidente de la Fundación Universidad de Padres
Se vuelve a hablar del voto
a los 16 años. El tema, como el Guadiana, aparece y desaparece. La última vez
fue en el 2014, porque se admitió en el referéndum escocés sobre la
independencia. En 2005, el alcalde de Sevilla me pidió un dictamen sobre la
conveniencia de admitir el derecho a voto en las municipales a los 16 años. Es
un asunto que despierta inquietud, y se suele resolver por vía emocional.
Oscila entre el ¡qué disparate! y el ¿y
por qué no? Lo que resulta más raro es encontrar un estudio minucioso y
reflexivo sobre el tema. Se piensa que detrás de las diferentes posturas hay
inconfesables intereses electorales. Y es posible que sea así.
Los principales argumentos
en contra son los siguientes:
1.- A los 16 años se es
demasiado joven para ser emocionalmente objetivo, y por lo tanto se es
psicológicamente vulnerable.
2.- Los jóvenes son
incapaces de tomar decisiones políticas responsables, porque carecen del
conocimiento político necesario.?
3.- Los jóvenes son muy
vulnerables a las influencias.
4.- El voto de un joven
puede comprarse fácilmente.
5.- Los adolescentes tienden
a tener una perspectiva temporal corta, interesándose más por las consecuencias
a corto término que por las consecuencias a largo plazo, lo que políticamente
es peligroso.
6.- Los adolescentes tienen
menos conciencia del riesgo que los adultos, y parecen calcular los beneficios
y los riesgos de forma distinta.
7.- La investigación
existente sugiere que los adolescentes son más impulsivos que los adultos, y
están sometidos a cambios bruscos de humor.
8.- Los jóvenes no están
interesados en tomar decisiones políticas. Si pocos jóvenes de 18 años votan,
con más razón dejarán de votar los de menor edad.
9.- El voto joven podría
proponer iniciativas peligrosas.
10.- Mantener el voto a los
18 años no supone ningún perjuicio a los menores de esa edad ni a la sociedad,
por lo que no es sensato cambiarlo.
11.- Algunos autores temen
que reducir la edad de los votantes colabore a la tendencia a reducir la edad
penal y a disminuir la autoridad de los padres.
Argumentos a favor
1.- A partir de los 16 años,
los jóvenes tienen algunas responsabilidades y algunos derechos de adultos. El
derecho a votar debería ser uno de ellos.
2.- Los jóvenes pueden
trabajar, pagan impuestos, mantener relaciones sexuales consentidas, casarse
con la autorización debida, luego deberían también poder votar. Serviría, pues,
para armonizar la legislación sobre la adolescencia.
3.- Al hacerlos sentir que
pueden decidir sobre cosas que afectan a su vida, los jóvenes sentirían más
interés por la política.
4.- Al tener que contar con
su voto, los políticos cuidarían más los intereses de los jóvenes.
5.- Los 16 años son mejor
edad para introducir el voto que los 18, porque a esa edad los jóvenes están
todavía enraizados en su comunidad y más concernidos por el voto que dos años
después.
6.- Los jóvenes tienen una
perspectiva propia y única sobre aspectos sociales, que conviene tener en
cuenta.
7.- Reducir la edad del voto
a los 16 es una gran oportunidad para que los nuevos votantes puedan recibir
una formación política, ya que todavía están dentro del sistema educativo.
No he cambiado mi opinión
desde el dictamen de 2005. Sigo pensando que preguntarse si a los 16 años se
está en condiciones de votar es un planteamiento equivocado. La pregunta
verdaderamente importante es ¿puesto que los adolescentes pueden legalmente
tomar decisiones muy importantes, cómo debemos orientar la educación para que
puedan tomarlas responsablemente? En El talento de los adolescentes, defendí
que estábamos infantilizando la adolescencia,
y en la Fundación Universidad de Padres acabamos de abrir la
convocatoria para un curso sobre este tema.
El objetivo principal de la educación no es que los alumnos aprendan
matemáticas o inglés, sino que sean capaces de tomar buenas decisiones, que
sean responsables de su aprendizaje, de sus comportamientos, de sus proyectos.
Es irritante que la ciudadanía se alarme ante la posibilidad deque los
adolescentes puedan votar, pero no de que tomen otras decisiones sin duda más
decisivas para su vida. Además, ¿podemos estar seguros de que todas las
personas adultas son más responsables que los adolescentes? El profesor Robert
Epstein ha elaborado un Test de madurez para personas adultas, que puede
también aplicarse a adolescentes.Muchos de ellos lo superan brillantemente.
En educación nos interesan
mucho las profecías que se cumplen por el hecho de enunciarlas. Si decimos que
los adolescentes son irresponsables, sin
duda acabarán siéndolo. Creo que el voto a los dieciséis años no debe admitirse
precipitadamente, debe ser el final de un proyecto educativo: hacerles capaces
de votar responsablemente. Introducir el voto de repente, sin que vaya
acompañado de una previa formación, me parece una insensatez. En cambio, bien
orientado podría ser un gran recurso pedagógico. Vuelvo a decir que los adultos
no saben cómo educar a los adolescentes, y que, en general, lo estamos haciendo
mal. La adolescencia es una edad inventada para ampliar el período educativo
antes de que los jóvenes entrasen en el mundo laboral. Y, sin embargo, una vez
abierto ese espacio de aprendizaje, no sabemos cómo llenarlo.
En el dictamen de Sevilla
añadí una condición cautelar: los adolescentes, de 16 a 18 años, deberían
inscribirse en un registro de votantes un mes antes de la celebración de
elecciones. Con eso demostrarían la seriedad de su compromiso. ¿Cuántos adultos
lo harían?