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domingo, 19 de diciembre de 2021

Sindicalismo y represión

 https://blogs.publico.es/dominiopublico/41877/sindicalistas-detenidos-un-aviso-a-los-disidentes/


Sindicalistas detenidos: un aviso a los disidentes

JOAQUÍN URIAS

Profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional

18/12/2021

 

Hace unas semanas hubo unas multitudinarias protestas de los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz. Para reprimirlas el Ministerio del Interior envió una tanqueta militar y centenares de policías antidisturbios. De entre todas las imágenes de aquellos días alcanzaron notoriedad las de un señor de edad avanzada que tras increpar a una patrulla de policías antidisturbios armada de escudos y defensas sufre una agresión brutal e injustificada por parte de los mismos de la que intenta defenderse a base de manotazos a los agentes. El jueves detuvieron a ese señor. A él y a un puñado más de manifestantes a los que acusan de  desobediencia, lesiones, atentado y una serie de delitos similares.

Las detenciones han tenido lugar en sus domicilios. Se trata de personas perfectamente localizadas y que nada hace pensar que quisieran sustraerse a la acción de la justicia. Legalmente no era necesario ni legítimo detenerlos, pues habría bastado con citarlos para que comparecieran ante el juez. Pero la Policía prefirió arrestarlos con toda la publicidad posible en uno de los barrios más humildes de una provincia devastada por el paro y la pobreza. La vecina de uno de los detenidos dice que un agente le dijo que lo hacían para que los trabajadores no se vinieran arriba.

Las manifestaciones de los trabajadores de astilleros y el metal nunca han sido tranquilas. La desesperación de estos obreros y sus familias ante la destrucción de sus puestos de trabajo y el negro horizonte personal y laboral que se les ofrece cristaliza veces de manera explosiva y desabrida. En sus protestas hay cohetes y petardos; se queman contenedores y neumáticos; cuando la policía interviene en ocasiones se le planta cara. Seguramente muchas de estas conductas, tomadas individualmente y fuera de contexto, podrían constituir algún delito o falta previsto legalmente. Sin embargo, se trata normalmente de actos de escasa gravedad y que pueden resultar en gran parte justificados por el ambiente de tensión y la desesperación de sus autores. Más allá, lo cierto es que en medio de movilizaciones de esta envergadura se producen comportamientos masivos de desobediencia que difícilmente pueden juzgarse desde la normalidad de la ley.

Y en efecto, las autoridades han renunciado a perseguir la inmensa mayoría de estos actos. En vez de ello, han optado por seleccionar a determinadas personas y hacer caer sobre ellas la responsabilidad colectiva de manera totalmente irregular. La Policía, que no los jueces, ha decidido a quien investigar y a quien no. De entre los miles y miles de trabajadores que protestaron de modo más o menos airado han seleccionado a apenas una decena. No se busca, pues, asegurar el cumplimiento de la ley sino castigar de modo ejemplarizante. El objetivo no es que todo el que ha cometido una falta la pague sino asustar y desincentivar a quienes quieran manifestarse en el futuro. No estamos ante un normal funcionamiento de la Policía y una aplicación regular de las normas basada en el principio de igualdad, sino ante una maniobra política destinada a amedrentar a la población y obstaculizar los derechos a la protesta y la huelga. Puede decirse sin lugar a dudas que son detenciones políticas que no se guían por el estricto cumplimiento de la ley sino por criterios de oportunidad e intenciones políticas.

Estas detenciones políticas, además, se realizan -en primer lugar- con la intención evidente de desacreditar a los trabajadores y sus protestas. De entre los miles de manifestantes que lanzaron algún objeto o prendieron fuego a algo se elige detener a dos que tenían antecedentes policiales y, saltándose las normas que delimitan la acción policial, se filtran esos antecedentes a la prensa. A continuación, los medios, sin darle más vueltas, publican a toda página que los autores de los incidentes eran delincuentes habituales. Y así, saltándose un puñado de normas jurídicas, desde el Gobierno se crea un relato falseado que criminaliza a los trabajadores.

En segundo lugar, el objetivo es una práctica constitucionalmente prohibida que los tribunales internacionales denominan chilling effect: desalentar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si una persona sabe que en caso de acudir a una manifestación, aunque no haga nada o, peor aún, incluso aunque sea víctima de un abuso policial puede ser detenido y juzgado como cabeza de turco, el resultado es que la ciudadanía se lo piensa dos veces antes de ejercer derechos como la huelga o la reunión. Con estas detenciones el Ministerio del Interior pretende acallar las protestas laborales en un contexto de crisis social y para ello no duda en obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Seguramente tras estas detenciones está también la presión de algunas asociaciones profesionales de la Policía que reclaman constantemente más mano dura contra quien se enfrenta a la Policía. Son las mismas asociaciones, prácticamente dependientes de VOX, que han puesto el grito en el cielo ante las timidísimas reformas de la ley mordaza vigente desde 2015. Estas asociaciones se mueven por intereses exclusivamente políticos y ningún gesto del Gobierno va a conseguir apaciguarlas, pero todo indica que el Ministro de Interior no lo cree así y prefiere lesionar los derechos de los ciudadanos y los trabajadores a parecer débil en la defensa de los desmanes policiales.

La Policía española tiene un déficit de control frente a sus excesos que ha sido repetidamente puesto de manifiesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestro sistema judicial es incapaz de garantizar que los actos irregulares de los agentes de los cuerpos de seguridad no queden impunes. Para reforzar esta situación, el Ministerio del Interior permite a la policía elegir a quien detiene y ampara su impunidad al permitirles denunciar a inocentes en su afán de amedrentar a la ciudadanía.

Lo cierto es que en este asunto se están vulnerando derechos fundamentales y garantías procesales de los trabajadores. Se ha elegido cuidadosamente a quien arrestar, imputando a personas que en realidad fueron víctimas de la brutalidad policial. Se han publicado datos personales de los detenidos sin respetar su presunción de inocencia… toda una serie de desmanes jurídicos con un único objetivo, prohibido por la Constitución: desalentar el derecho de protesta y desacreditar falsamente las protestas legítimas.

A quienes realmente habría que detener es en primer lugar los agentes policiales que fueron más allá de su tarea y violaron derechos fundamentales. Si resulta muy grave que un ciudadano ataque ilegítimamente a la policía, más grave es en democracia que un agente de la autoridad abuse de sus poderes. Junto a ellos, el Estado de derecho exigiría investigar quien ha dado la orden de elegir arbitrariamente varias cabezas de turco y vulnerar sus garantías constitucionales. En una sociedad realmente democrática sin residuos dictatoriales estas detenciones orquestadas llevarían a exigir responsabilidades jurídicas y policiales a los mandos del Ministerio del Interior que las han alentado y permitido.  Lo de Cádiz estos días no es una acción policial contra la delincuencia sino contra los derechos fundamentales.


sábado, 9 de junio de 2018

Precio, valor, cuerpo, vida ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale un miembro?


Cómo se vestían las mujeres en Irán antes de 1979 https://apoyopositivo.org/blog/apoyo-positivo/cuanto-vale-una-mujer-irani/

UTBH Las mujeres en Irán

Treinta y seis años después de la revolución de los clérigos el mundo tiene una percepción pésima de Irán y sus relaciones internacionales son complejas: enemistad con Israel y Estados Unidos, distancia con la consumista y capitalista Europa. Hay un bloqueo económico parcial contra el país, pese a los recientes acuerdos de Ginebra en materia de energía nuclear.



Pero ¿cómo es la vida cotidiana en uno de los países más desconocidos del mundo?, ¿en qué situación se encuentran las mujeres?

Las mujeres iraníes pueden conducir automóviles, montar negocios y vivir una vida casi normal en el recinto de una casa cerrada. En la vida pública, la separación de sexos es evidente: segregación en autobuses, en playas, en piscinas, en celebraciones, etc. Aunque es cierto que comienzan a saltar chispas de cambio: el velo es obligatorio en la calle, pero la mayoría desafía la norma y muestra parte de su cabello. Tampoco está bien visto el maquillaje, y sus labios destacan cargados de carmín. La policía de la moral no da para más. Habría centenares de miles de mujeres en la cárcel si se aplicara la ley.

Y, por si fuera poco, las mujeres han creado una página en Facebook, (por cierto, filtrado en el país pero al que toda la población consigue acceder) My Stealthy Freedom, en la que reivindican su derecho a no llevar velo mediante fotografías de mujeres sin velo tomadas en lugares significativos del país.

Aun así, cuando preguntas a los hombres maduros por tanta separación de sexos, lo argumentan así: Juntarlos significaría fomentar la promiscuidad: a ellas les gusta bailar y enseñar el cabello. Sí, la doctrina oficial, avalada por parte de la sociedad, sostiene que enseñar el cabello, la piel del cuello o los tobillos es una provocación y excita a los hombres. De ahí la justificación del velo.

El acceso a la universidad es también uno de los puntos de segregación de la mujer. En un país con 80 millones de habitantes, y que cuenta con tres millones de estudiantes universitarios, de los cuales un 62% son mujeres, hay algunas contradicciones. Irán fue uno de los primeros países en el Medio Oriente que permitió que las mujeres estudiaran en la universidad y, desde la Revolución Islámica en 1979, ha alentado a las mujeres a matricularse en la educación superior.

Pero una de las últimas medidas del gobierno anterior fue restringir su acceso a 80 carreras que se imparten en 30 universidades distintas. La lista de carreras limitadas al sexo femenino va desde ingenierías a Física Nuclear e Informática, pasando por Literatura Inglesa, Arqueología y Negocios.

El acceso a los estadios también está limitado para las mujeres. Las mujeres iraníes no pueden presenciar partidos de fútbol, uno de los deportes nacionales, porque los hombres llevan pantalones cortos. Las autoridades justifican también esta prohibición por el uso de lenguaje inapropiado por parte de los aficionados.

En cuanto a la posición en la familia, el Código Civil consagra que el jefe de familia es siempre el hombre, mientras da alas a la subjetividad masculina en temas sensibles: El marido puede prohibir a la esposa el ejercicio de cualquier profesión o trabajo que vaya contra los intereses de la familia o de su dignidad, o de la de su esposa. Como pasaba en la España franquista, la esposa necesita del permiso de su marido para viajar y para distintos trámites.

Y en materia legal, la situación dista mucho de ser mejor. En materia de herencias se remacha que, si una persona muere y sólo deja un hijo, éste hereda la totalidad de sus bienes, tanto si es varón como hembra. Si deja varios hijos e hijas, cada varón recibirá el doble de bienes que las hembras.

La mujer vale, por ley, la mitad que un hombre, aunque la jurisprudencia avanza en sentido contrario. En caso de accidente o muerte, el valor de la vida de un varón es el doble que la de una hembra. Hasta hace poco si un automovilista podía optar, en caso de accidente, entre matar a un hombre o a una mujer, no lo dudaba: su responsabilidad en caso de homicidio involuntario le costará el doble si mata a un hombre.

En caso de asesinato, la familia de la víctima puede pedir que se aplique el ojo por ojo, diente por diente. Si la víctima es hembra y el asesino hombre, tendrá que compensar a la familia del criminal con una cantidad equivalente a la diferencia del precio de la sangre de las dos muertes. De igual forma, el testimonio de un testigo hombre equivale al de dos mujeres.

¿Qué están haciendo las mujeres? Y, ¿cómo se enfrentan las mujeres a esta situación?, ¿de qué medios disponen las mujeres iraníes para luchar por la igualdad de derechos?

La conquista de los derechos civiles de las mujeres es una lucha que varias organizaciones llevan a cabo desde hace ya algunos años en Irán. Gracias al trabajo de estas valientes activistas, que se atreven a levantar la voz, aunque las conduzca en algunos casos a prisión, existe cada vez una mayor concienciación social sobre el derecho a la igualdad. A través de sus actividades, de las coaliciones que han formado y de sus campañas, las mujeres han dado a conocer sus exigencias al gobierno. Esperamos que esa comunicación facilite un cambio de las leyes, de lo contrario este asunto será siempre un reto para las mujeres.



https://www.eldiario.es/zonacritica/pais-oportunidades-arruinarse-facturas-medicas_6_867623248.html

https://profesorjuliodapenalosada.blogspot.com/2016/07/obras-de-michael-moore.html


miércoles, 14 de febrero de 2018

Intrusas

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/intrusas-anos-sufragio-mujeres_6_718538152.html

Las intrusas. 100 años del sufragio de las mujeres

Arantxa Elizondo

 

10 de febrero de 2018 20:15h

En 2018 se cumplirán 100 años desde que en muchos países europeos se reconoció el derecho de voto de las mujeres; son los casos, entre otros, de Alemania, Austria, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Rusia y el Reino Unido. En muchos de estos lugares se están preparando numerosos eventos conmemorativos de diversa índole, desde congresos y jornadas académicas hasta celebraciones militantes y actos institucionales.

 

El Reino Unido constituye uno de los más claros ejemplos de cómo la cuestión del voto de las mujeres se convirtió en un tema candente en la agenda política que generó un importante debate social y un vigoroso movimiento de protesta a finales del Siglo XIX. Allí se disponen a celebrar la aprobación de la Representation of the People Act de 1918, ley que amplió el electorado de 7,7 millones a 21,4 millones de personas y que permitió que muchas mujeres británicas (no todas, solo las mayores  de 30 años, las que tenían propiedades o títulos universitarios) pudieran votar. Que nadie piense que el proceso fue sencillo. El Estado liberal representativo se construyó partiendo de la exclusión de gran parte de la sociedad, no lo olvidemos: la de muchos hombres y la de todas las mujeres. Durante más de un siglo en muchos países europeos el derecho de voto fue ampliándose progresivamente mediante la eliminación paulatina de las restricciones del sufragio censitario para los hombres. En el caso del Reino Unido, ya en 1866 el filósofo liberal John Stuart Mill presentó por primera vez en el Parlamento una petición a favor del voto para las mujeres, demanda que fue rechazada.

A partir de entonces lo habitual fue que en cada reforma electoral hubiera voces que solicitaban la extensión de ese derecho para las mujeres, pero siempre ganaron los argumentos que señalaban que no estaban capacitadas para ejercer ese derecho, que el orden natural de las cosas señalaba que la política no era asunto para mujeres, es decir, que eran unas intrusas en los espacios políticos. Similares negativas se vivieron en numerosos países con sistemas políticos liberales. Desde finales del siglo XIX, el movimiento por el sufragio de las mujeres fue creciendo en dimensión y fuerza en los Estados Unidos y en Europa, de manera particular en el Reino Unido. Asociaciones moderadas y radicales concentraban el grueso de la lucha de miles de sufragistas que no sólo realizaron una aportación clave en el reconocimiento del derecho de voto sino que, y esto no se ha subrayado lo suficiente, con su propia actividad contribuyeron de manera significativa a la transgresión del rol que tradicionalmente estaba asignado a las mujeres.

 

Paradójicamente, uno de los principales factores que dio el impulso definitivo a las reformas electorales de 1918 fue la Primera Guerra Mundial pues se hizo insostenible la incongruencia de que millones de soldados que volvían después de haber estado defendiendo a su país no tuvieran derecho de voto. Asimismo, era difícilmente justificable que las mujeres siguieran siendo privadas de ese derecho cuando su papel había sido imprescindible durante la guerra tanto participando en labores asistenciales en la retaguardia como trabajando en los puestos de trabajo que habían dejado los hombres al marchar al frente.

 

Precisamente, el texto de la ley británica reconocía explícitamente que tanto los excombatientes como las mujeres merecían el voto por ese motivo. Así que la clave no fue tanto el reconocimiento de un derecho básico sino un premio por la aportación a su país durante el conflicto bélico. El derecho de voto de las mujeres abrió el paso también al reconocimiento del derecho a presentarse a las elecciones y, con ello, a entrar a los parlamentos y los gobiernos.

 

¿Significó esto el fin de la exclusión política de las mujeres? Es cierto que a partir de entonces fueron accediendo a las instituciones ejecutivas y legislativas en la mayoría de los Estados, lugares en los que antaño estaba vedada su presencia y en los que al principio fueron consideradas intrusas. No obstante, su incorporación no fue rápida ni progresiva puesto que 75 años más tarde el diagnóstico general mostraba que la presencia de mujeres seguía siendo una rareza en muchísimos países: en 1995 su proporción en los parlamentos del mundo era 11,3%. Las cuotas, porcentajes obligatorios para asegurar la presencia equilibrada de mujeres, fueron el siguiente avance y gracias a este mecanismo se ha logrado aumentar su presencia pero, incluso así, en 2017 el porcentaje de mujeres en los parlamentos de todo el mundo es el 23,5%  y el porcentaje en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea asciende a 29,8%.

 

Los datos del último siglo se empeñan en mostrar que las mujeres no acceden a la política en la misma medida que los hombres. ¿Cómo se explica que las mujeres sigan siendo minoría en los espacios donde se toman las decisiones públicas? ¿Por qué sigue ocurriendo esto a pesar de las medidas legales que impulsan su presencia? Los estudios que abordan esta cuestión reconocen que los motivos son numerosos y diversos: el peso de las responsabilidades domésticas y familiares, la falta de apoyo del electorado o de los partidos políticos, la falta de apoyo del entorno, la falta de confianza en una misma, la falta de experiencia en funciones de representación o la falta de recursos financieros. Hay un factor que engloba prácticamente a todos los demás y consiste en el conjunto de actitudes culturales predominantes relativas al papel de las mujeres en la sociedad, actitudes que aún hoy las excluyen considerándolas extranjeras y ajenas a la política. La exclusión se ejerce por muchas personas que probablemente no sean ni conscientes de su nefasta influencia. Pueden contribuir a la exclusión personas que ocupan cargos políticos, líderes sociales, tertulianos y tertulianas, periodistas, ciudadanos y ciudadanas. La expresión de estas actitudes puede adoptar una forma leve o manifiesta, puede ser delicadamente paternal o directamente violenta, puede aparecer en comentarios denigrantes o en ridiculizaciones caricaturescas, puede reflejarse en fotografías desconsideradas o humillantes, pero, en todo caso, hace que muchas mujeres se sientan incómodas, fuera de lugar y forasteras en los espacios políticos.

 

Hace 100 años las mujeres de gran parte de Europa obtuvieron el derecho de votar como primer paso hacia la participación en las decisiones políticas; hace 20 años ese derecho se completó con el establecimiento de las cuotas para asegurar su presencia en las instituciones. ¿Cuál ha de ser el siguiente paso? Agotadas las medidas legales para su entrada en política, no queda más remedio que mirar hacia los mecanismos de exclusión y trabajar para neutralizarlos. Personalmente estoy convencida de que es fundamental aumentar el respeto social hacia las mujeres, por eso, cada vez que alguien hace un comentario despectivo hacia una alcaldesa en televisión, un periódico publica una fotografía que menoscaba la imagen de una ministra, un tertuliano de radio se mofa del aspecto de una parlamentaria o un columnista escribe con sorna sobre la ropa de la líder de un partido tenemos que hacerle saber que está contribuyendo a que la exclusión se perpetúe y a que la mitad de la sociedad se siga sintiendo intrusa en las esferas donde se toman las decisiones que afectan a nuestra convivencia colectiva.

 

*Arantxa Elizondo. Profesora de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco

El voto a los dieciséis años

http://blogs.publico.es/dominiopublico/25077/el-voto-a-los-16-anos-una-decision-responsable/

http://howadultareyou.com/

http://drrobertepstein.com/index.php/tests

http://www.bibliotecaup.es/index.php?tipo=capitulo-el-talento-de-los-adolescentes&cap=1

 

El voto a los 16 años, una decisión responsable

JOSÉ ANTONIO MARINA

 

Filósofo, pedagogo y presidente de la Fundación Universidad de Padres 

08/02/2018

José Antonio Marina

Filósofo, pedagogo y presidente de la Fundación Universidad de Padres 

 

Se vuelve a hablar del voto a los 16 años. El tema, como el Guadiana, aparece y desaparece. La última vez fue en el 2014, porque se admitió en el referéndum escocés sobre la independencia. En 2005, el alcalde de Sevilla me pidió un dictamen sobre la conveniencia de admitir el derecho a voto en las municipales a los 16 años. Es un asunto que despierta inquietud, y se suele resolver por vía emocional. Oscila entre el ¡qué disparate!  y el ¿y por qué no? Lo que resulta más raro es encontrar un estudio minucioso y reflexivo sobre el tema. Se piensa que detrás de las diferentes posturas hay inconfesables intereses electorales. Y es posible que sea así.

Los principales argumentos en contra son los siguientes:

 

1.- A los 16 años se es demasiado joven para ser emocionalmente objetivo, y por lo tanto se es psicológicamente vulnerable.

 

2.- Los jóvenes son incapaces de tomar decisiones políticas responsables, porque carecen del conocimiento político necesario.?

 

3.- Los jóvenes son muy vulnerables a las influencias.

 

4.- El voto de un joven puede comprarse fácilmente.

 

5.- Los adolescentes tienden a tener una perspectiva temporal corta, interesándose más por las consecuencias a corto término que por las consecuencias a largo plazo, lo que políticamente es peligroso.

 

6.- Los adolescentes tienen menos conciencia del riesgo que los adultos, y parecen calcular los beneficios y los riesgos de forma distinta.

 

7.- La investigación existente sugiere que los adolescentes son más impulsivos que los adultos, y están sometidos a cambios bruscos de humor.

 

8.- Los jóvenes no están interesados en tomar decisiones políticas. Si pocos jóvenes de 18 años votan, con más razón dejarán de votar los de menor edad.

 

9.- El voto joven podría proponer iniciativas peligrosas.

 

10.- Mantener el voto a los 18 años no supone ningún perjuicio a los menores de esa edad ni a la sociedad, por lo que no es sensato cambiarlo.

 

11.- Algunos autores temen que reducir la edad de los votantes colabore a la tendencia a reducir la edad penal y a disminuir la autoridad de los padres.

 

Argumentos a favor

 

1.- A partir de los 16 años, los jóvenes tienen algunas responsabilidades y algunos derechos de adultos. El derecho a votar debería ser uno de ellos.

 

2.- Los jóvenes pueden trabajar, pagan impuestos, mantener relaciones sexuales consentidas, casarse con la autorización debida, luego deberían también poder votar. Serviría, pues, para armonizar la legislación sobre la adolescencia.

 

3.- Al hacerlos sentir que pueden decidir sobre cosas que afectan a su vida, los jóvenes sentirían más interés por la política.

 

4.- Al tener que contar con su voto, los políticos cuidarían más los intereses de los jóvenes.

 

5.- Los 16 años son mejor edad para introducir el voto que los 18, porque a esa edad los jóvenes están todavía enraizados en su comunidad y más concernidos por el voto que dos años después.

 

6.- Los jóvenes tienen una perspectiva propia y única sobre aspectos sociales, que conviene tener en cuenta.

 

7.- Reducir la edad del voto a los 16 es una gran oportunidad para que los nuevos votantes puedan recibir una formación política, ya que todavía están dentro del sistema educativo.

 

No he cambiado mi opinión desde el dictamen de 2005. Sigo pensando que preguntarse si a los 16 años se está en condiciones de votar es un planteamiento equivocado. La pregunta verdaderamente importante es ¿puesto que los adolescentes pueden legalmente tomar decisiones muy importantes, cómo debemos orientar la educación para que puedan tomarlas responsablemente? En El talento de los adolescentes, defendí que estábamos infantilizando la adolescencia,  y en la Fundación Universidad de Padres acabamos de abrir la convocatoria para un curso sobre este tema.  El objetivo principal de la educación no es que los alumnos aprendan matemáticas o inglés, sino que sean capaces de tomar buenas decisiones, que sean responsables de su aprendizaje, de sus comportamientos, de sus proyectos. Es irritante que la ciudadanía se alarme ante la posibilidad deque los adolescentes puedan votar, pero no de que tomen otras decisiones sin duda más decisivas para su vida. Además, ¿podemos estar seguros de que todas las personas adultas son más responsables que los adolescentes? El profesor Robert Epstein ha elaborado un Test de madurez para personas adultas, que puede también aplicarse a adolescentes.Muchos de ellos lo superan brillantemente.

 

En educación nos interesan mucho las profecías que se cumplen por el hecho de enunciarlas. Si decimos que los adolescentes  son irresponsables, sin duda acabarán siéndolo. Creo que el voto a los dieciséis años no debe admitirse precipitadamente, debe ser el final de un proyecto educativo: hacerles capaces de votar responsablemente. Introducir el voto de repente, sin que vaya acompañado de una previa formación, me parece una insensatez. En cambio, bien orientado podría ser un gran recurso pedagógico. Vuelvo a decir que los adultos no saben cómo educar a los adolescentes, y que, en general, lo estamos haciendo mal. La adolescencia es una edad inventada para ampliar el período educativo antes de que los jóvenes entrasen en el mundo laboral. Y, sin embargo, una vez abierto ese espacio de aprendizaje, no sabemos cómo llenarlo.

 

En el dictamen de Sevilla añadí una condición cautelar: los adolescentes, de 16 a 18 años, deberían inscribirse en un registro de votantes un mes antes de la celebración de elecciones. Con eso demostrarían la seriedad de su compromiso. ¿Cuántos adultos lo harían?


lunes, 8 de enero de 2018