Se
libran de la cárcel todos los empresarios que pagaron por sexo con menores en
Murcia
ABC
Madrid 8 de octubre de 2024
La Audiencia
Provincial de Murcia ha otorgado este martes la suspensión de las penas de
prisión del resto de empresarios acusados de delitos de prostitución de
menores, tras la resolución de este lunes en el que cuatro de los acusados se
libraran también de la cárcel. Según informa 'La Verdad', se trata de J. P. A., de 72 años y J. M. F., de 73.
A pesar de que la Fiscalía se haya opuesto a la suspensión de las penas,
la Sala ha aplicado el criterio de que las condenas que no superan los dos años
de prisión pueden ser eludidas cuando se cumplan unas condiciones determinadas.
Así, los empresarios deberán pagar una multa y deberán no volver a cometer
delitos, ni comunicarse con las víctimas, y tendrán que hacer un curso de
reeducación sexual.
«El sistema no
puede volver a defraudar a estas chicas», remarcó el teniente fiscal, José
Francisco Sánchez Lucerga, el lunes en la primera vista oral. La suspensión de
las penas a los principales procesados, incidió el representante del Ministerio
Público, «supondría otra quiebra en la protección que el sistema ha ofrecido a
esas menores».
La decisión de los jueces
responde a la petición de las víctimas
Pese a que la
decisión de los jueces también ha sido duramente criticada en la calle, esta
responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta
red. Cinco de las once afectadas pidieron expresamente a los magistrados que no
mandasen a los condenados en prisión y que les concediesen una segunda
oportunidad.
La magistrada
Concepción Roig explicó que estas chicas, «que han sufrido enormemente»,
preferían que los procesados reflexionasen sobre sus actos y no volvieran a
repetirlo. Otras cuatro víctimas, sin embargo, exigieron a la Sala que metieran
a los empresarios en la cárcel y otras dos no se pronunciaron sobre este
asunto.
En la
segunda vista oral se ha aplazado la vista para decidir el futuro de tres de
las 'mamis', las personas que se encargaban de buscar a las menores en las
puertas de los centros educativos y discotecas, para quienes todavía se tiene
que pronunciar la Audiencia. La Sala, a su vez, debe pronunciarse también sobre
la suspensión de la pena del último de los procesados: W.
J. D. Este hombre asumió penas de hasta 12 años de cárcel por colaborar
con la trama trasladando a las adolescentes a los lugares donde se producían
los encuentros sexuales.
Los
empresarios de la vergüenza condenados en Murcia, con nombres y apellidos
Olaya López Munuera, 24 de septiembre de 2024,
lavozdemurcia.es
Catorce y quince años. Esa era la edad que tenían dos de las menores víctimas de
la cuando
las recogieron en las inmediaciones de su colegio de Murcia para ser
trasladadas ante Juan Castejón Ardid: expresidente y exvicepresidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC),
exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y
empresario que en aquellas fechas cumpliría los 64 años.
Castejón también
abusó de otra niña que, con 15 años, publicó una oferta para trabajar de
cuidadora en milanuncios.es y recibió la
respuesta de una de las ‘madames’ condenadas por la trama. Esta mujer, que
hacía de intermediaria
entre víctimas y clientes, le argumentó a la menor para
convencerla que «no
pasaba nada» cuando esta le intentaba explicar que solo
tenía 15 años y era virgen.
Las cortas
edades de las víctimas menores no solo no disuadían a Castejón.
Al contrario: ‘El
Petrolero’ era «uno de los clientes que pedía siempre que
fueran menores».
Razón por la que a su cuarta
víctima, que ya contaba con 17 años, la misma ‘madame’ le pedía que dijera que «tenía 15 o
16 años, ya que a los clientes esto les daba más morbo», tal y
como han reconocido los condenados en la Audiencia Provincial para llegar a un
acuerdo de conformidad.
A diferencia de la quinta víctima,
también menor, y que fue captada mientras «pasaba por un momento de dificultades
económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder»,
Castejón era por aquel entonces un destacado -y pudiente- miembro de la
patronal cartagenera. También era presidente, consejero delegado y consejero de tres empresas:
Pradem S.A. (hasta agosto de 2015), Promociones Sierra Minera (hasta agosto de
2018) y Eslabon Inmobiliaria (hasta agosto de 2018).
Pero no fue hasta
febrero de 2015 cuando, empujado por el Comité de Ética y Buenas Prácticas de
la patronal murciana CROEM tras conocer su imputación, Castejón
dimitió a regañadientes por sus vínculos con la trama de prostitución de menores mientras seguía defendiendo su inocencia
delante del resto de empresarios.
Casi diez años después, Castejón ha salido a pecho
descubierto, sonriente y con la cabeza bien alta del
Juzgado de Murcia tras ser condenado por cinco delitos de prostitución de
menores.
A diferencia del resto de
proxenetas que lo acompañaban en la vista -y que intentaron esconder su rostro detrás
de gafas de sol y mascarilla- el promotor no ha querido ocultarse.
El apodado como 'El Petrolero' pisaba la
calle con alivio, sabiendo que no iba a entrar en prisión. Así
lo decidió el juez en una sentencia que ha encendido a la sociedad murciana y
que lo ha condenado a cinco
meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después
de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía antes de la
vista del pasado miércoles entre 4 y 24 años de prisión para los empresarios,
según el número de delitos- y obtener la reducción de las condenas por
«dilaciones indebidas».
Junto a Castejón han sido
condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70
años, Beniaján), Juan
Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68
años, Alicante), Antonio
Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92
años, Murcia) y Juan
Martínez Fernández (73, Murcia).
Este último, Martínez Fernández, trabajó como
enterrador en Alhama de Murcia y Totana y es un destacado
miembro de la comunidad de este último municipio, donde ha recibido varios homenajes por su participación en
la Semana Santa de la localidad o por sus logros
académicos.
Su pena también ha sido rebajada y
ha sido condenado por un delito de prostitución de menores a cinco meses de
cárcel (que, como el resto de acusados, no pisará) y a pagar 1.000 euros a su
víctima.
Los intermediarios
Las penas más altas han sido para los seis intermediarios: las personas que cobraban una
comisión por prostituir a menores de entre 15 y 17 años y que se encargaban de captarlas
en la puerta de sus colegios o discotecas juveniles y
ponerlas en contacto con los empresarios y clientes.
Las cuatro condenadas que actuaban como ‘madames’
(captadoras, facilitadoras e instigadoras de esta trama) son Yesenia Mercedes Balladares
Cusme, Nelly Paola Céspedes Pedriel, Ruth Karina Dorado Toledo y Manuela Pérez
Poveda.
Mientras que Martin Galo Dorado Toledo y
Walter Giovani Dominguez Melgar han sido condenados como
autores -cooperadores necesarios como parte de esta pieza-.
El fiscal pedía de 21 a 56 años de
prisión. Nada que ver con unas penas que suman 16, 12 y 6 años de cárcel y
todo apunta a que tampoco entrarán en ella para pagar por sus delitos.
La opinión de un abogado
«La gente se ha echado a la calle
con la reforma de la ‘Ley del solo sí es sí’ porque iban a soltar decenas de
violadores, pero en
España sucede algo así cada día en todos los juzgados penales: el atenuante
de dilaciones indebidas.
Eso significa que por el funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia, un
altísimo porcentaje de condenados no entran a la cárcel, pese a ser culpables», esta es la lectura que hace el abogado penalista y
doctor en derecho Antonio
Casado Mena sobre la sentencia a los siete proxenetas
acusados de tener relaciones sexuales con menores de edad a cambio de
dinero.
Las dilaciones indebidas que han
evitado la entrada en prisión de los siete condenados por el caso de
prostitución infantil -que el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera ya está
estudiando debatir en una Junta de Fiscalía- han provocado un
intenso debate en la sociedad murciana.
Este atenuante, que explica
el por qué de unas condenas tan bajas como polémicas, consiste en una reducción que se aplica cuando los procesos
judiciales se alargan mucho, y puede provocar que se bajen las penas hasta dos
grados si las dilaciones indebidas son muy cualificadas.
Para Casado Mena,
aunque la defensa haya jugado muy bien sus cartas, la
reducción de las condenas es culpa de que la Justicia se retrase «por falta de
medios», por lo que «hay un claro culpable: el mal funcionamiento de
la Administración de Justicia. Eso no puede ser. Es vergonzoso».
Murcia, tras
el escándalo de explotación sexual de niñas: radiografía de un bochorno
Raquel
Ejerique, eldiario.es, 19 de octubre de 2024
“Ahí delante, en ese
edificio alto, paró un coche y subieron a mi hija con 14 años. Se la llevaron a
un chalet para dársela al empresario Juan Castejón”. Estamos en una pedanía de
Murcia por la que antes discurría la huerta y las acequias y ahora hay avenidas
con tráfico y edificios colmena. Juana (no es su verdadero nombre) no puede
entender cómo no van a entrar en prisión los empresarios que explotaron
sexualmente a su hija y a diez menores más en 2014. Aquel fatídico día, al
volver a casa, la hija de Juana se metió en su habitación llorando y no quiso
salir en los siguientes ocho meses. Nada, nunca, volvió a ser igual. “Si lo
encerraban a ese, yo descansaba”.
De momento, la
Audiencia de Murcia ha decidido no encerrarlo, como tampoco encerrarán a los otros 6 condenados por el
delito tipificado de prostitución de menores. Sí han entrado en prisión dos
proxenetas (las llamadas 'mamis') y un cooperador (conductor de coche),
mientras que otros tres miembros de la red de captación y negocio han quedado
libres.
Entre los métodos que usaban para explotar
a las niñas y ganar dinero con ellas, las engañaban diciendo que iban a cobrar
por charlar con un señor mayor o darle un masaje en la espalda. Algunas
consiguieron huir, como relata el escrito de acusación de la Fiscalía:
“Quedaron a tomar café en casa de la proxeneta con un señor de unos 60 años,
que resultó ser el acusado, pero cuando éste le dio un beso, a fin de empezar a
ganarse a la menor acercándose en exceso a ella con la finalidad de poder tener
un mayor acceso sexual, a ella le dio asco y miedo y se fue corriendo”.
Todo eso va a tener un castigo, pero
proporcionalmente menor a lo que les hicieron, por un cúmulo de errores y
decisiones tan jurídicamente legales como socialmente incomprensibles.
Las once niñas fueron
rescatadas en 2014 por la Policía Nacional. Como
revelan las crónicas de ese momento, había implicados también un guardia civil y un bufete de
abogados cercano a la céntrica y costosa Plaza de las Flores. Y ahí se apagó la
historia. Las familias no se unieron, las organizaciones no se movilizaron. La
sociedad era otra y la mayoría de las chicas se encerraron en casa e intentaron
olvidar cómo habían sido parte de una trama que reclutaba y servía niñas a un
grupo de hombres que tenían algo en común: eran personas con dinero,
profesionales liberales y de cierta importancia en Murcia, no solo empresarios.
Eran una clase social.
Ellas desaparecieron y el tema se trató
como un suceso, no como una violencia sexual que no se podía volver a repetir y
que afectaba a todas las mujeres. Ellos siguieron con sus vidas y sus negocios
y sus bufetes sin que se les impusiera ninguna medida hasta el juicio. La única
consecuencia que tuvo que sexagenarios pagaran por sexo a niñas de 14 años es
que Juan Castejón, además presidente de la patronal murciana, fuera obligado a
dimitir de ese cargo cuando saltó el escándalo policial hace una década. A día
de hoy, en Murcia no se sabe cuál es el despacho de abogados, qué cara tienen
la mayoría de condenados o quién es el que tenía un laboratorio (alias El
Médico). Todos acudieron con gorras y mascarillas al juzgado, a
excepción de Castejón (alias El Petrolero para la trama) y
otro empresario, Juan Peque.
Tan
legal como incomprensible
El juicio ha tardado 10 años, lo que ha beneficiado a la
trama porque la “dilación indebida” obliga a rebajar penas. Entre
los motivos de los retrasos, además de un cambio de magistrado, está la
precaria situación de la justicia y una avalancha de casos por resolver en
Murcia: hay más de 190.000 causas pendientes pese a la petición de ayuda de los
juzgados, lo que empuja las vistas hacia adelante en los calendarios, algo que
está en el origen de muchas rebajas de penas, pero sobre lo que no se ha
anunciado ninguna medida. Esta misma semana se ha conocido que el expresidente Ramón Luis Valcárcel será juzgado en 2027
por un caso de corrupción en una desaladora cometido hace veinte años,
ya que no se ha encontrado fecha antes.
Además,
la Fiscalía de Murcia llegó en septiembre a un acuerdo con los acusados sin
contar con las menores, que no tuvieron su propio abogado en su momento
pensando que ya estaban cubiertas con el ministerio fiscal –se les informó por
imperativo de que podían tener además su propio letrado, otra cosa es cómo– y
la jueza ha decidido que solo 3 de 13 condenados vayan finalmente a pisar una
prisión al entender que están vinculados a la sociedad, integrados, que han
abonado las reparaciones o tienen problemas de salud. Todo tan legal como
injusto para una sociedad 10 años más consciente de la violencia sexual y el
tratamiento que se debe dar a las víctimas.
De hecho, la decisión ha
indignado a una parte de la ciudad que se ha constituido como una pequeña
aldea gala y rebelde y que ha cristalizado en cuatro manifestaciones a las puertas del Palacio de la Justicia.
“Esto es un grano de pus que tiene que explotar”, dice Gloria Alarcón,
impulsora de las protestas y de la Asamblea Feminista, mientras toma un café en
la histórica plaza de Teatro Romea. Había un centenar de personas, pero eso en
Murcia puede ser considerado un éxito: “Aquí la gente con el sol, la cerveza y
la marinera –una tapa de ensaladilla y anchoa típica– se queda bien. No piensan
que algo pueda cambiar, no hay movilización, salvo en temas agrarios o de agua”.
Esta “resistencia” se ha
colado en la sala de juicios y ha molestado tanto a los abogados defensores
como a la jueza del tribunal. El letrado del empresario Castejón apuntó su
malestar por el “tsunami social, el populismo punitivo” que, según él, estaba
interfiriendo en el caso. La magistrada y ponente de la sentencia llegó a decir
en sala que cuatro de las víctimas habían pedido que los acusados entraran en
prisión “no nos
cabe ninguna duda que presionadas por ese mismo movimiento social”, al que acusó de haber “revictimizado” a las
chicas. Eso después de darles un beso y pedirles perdón en nombre de la
justicia en la misma sala.
Murcia se divide entre los
que no se han enterado de qué ha pasado–como un grupo de jóvenes bailarines a
las puertas del Conservatorio de Danza–, los que confiesan sentir vergüenza
mientras toman un café –como un grupo de jubilados que queda en una terraza de
la céntrica calle Trapería– y los que aún tienen rabia e indignación. “Si los
que las prostituían hubieran sido extranjeros, la gente estaría ya preparando
la hoguera para meterlos dentro, pero como son hombres blancos de aquí, pues no
pasa nada”, opina Rocío, que estudia un máster de Profesorado en el campus
universitario de Espinardo. Cerca, un grupo de universitarios de Veterinaria:
hay tres mujeres indignadas y siete estudiantes que no tenían ni idea de lo que
había sucedido, “ni por redes ni nada”. Gonzalo no solo lo sabe, sino que fue a
las manifestaciones ante el Palacio de Justicia de Murcia: “Fue increíble
porque mientras estábamos allí protestando por algo tan grave, se oía que
tiraban cohetes porque había una feria”.
Hoy
no queda rastro de esas protestas. Las dos pancartas que ondeaban en las vallas
que dan al río Segura han sido descolgadas. El trasiego de funcionarios ocupa
la calzada donde se celebraban las manifestaciones. La misma acera que Juana,
la madre de una de las menores, pisó hace cuatro días de incógnito: “Estos días
tengo ansiedad e ir a las protestas fue lo único que me animó. Recuerdo que
había una persona que llevaba una pancarta en la que se podía leer 'Es mi
hija'. Ahí me derrumbé y me puse a llorar”.
Murcia ha vuelto a los
cohetes y a la marinera, después de ser protagonista de los informativos
locales y, sobre todo, nacionales. En el quiosco de la luminosa Plaza de Santo
Domingo se exhiben los periódicos regionales decanos sin rastro en portada de
las proxenetas y los empresarios que pagaban por niñas engañadas y engatusadas
en discotecas light y en colegios públicos y concertados.
En
uno de ellos, donde estudiaban al menos dos de las víctimas de la trama, hay
trasiego de chavales el jueves por la tarde. Una monja sale apresurada. Chicas
con mochila hablando despreocupadas sin saber que hace diez años, tras esos
tabiques de piedra histórica, varias menores cayeron en una red que prometía
dinero a cambio de supuestas charlas con señores mayores y que fueron
bautizadas por los traficantes como “las niñas”, tal cual consta en el escrito
de la Fiscalía.
La misma Fiscalía que
pactó el pasado 11 de septiembre con los acusados, tras ser evidente que la
dilación indebida del juicio iba a reducirles ya bastante las penas. El llamado
pacto de conformidad lo firmó una fiscal que luego no ha seguido con el proceso
y se ha impuesto el silencio sobre por qué se tomó esa decisión, que es legal
pero controvertida. El malestar por esa decisión ha llegado a altos despachos
del ministerio público en Madrid.
En
las conformidades no hace falta involucrar a la víctima, “la pregunta es si
este tipo de delitos pueden tener conformidad”, explica Gloria Alarcón, que es
jurista y se pregunta si es casual que “la fiscal y la jueza a las que se ha
repartido este caso sean mujeres, con las pocas que hay en Murcia”. Ahora ha
habido un cambio de fiscal, que se ha mostrado contrario a que el empresario
Castejón no entrara en prisión, pese a lo firmado anteriormente, y va a
recurrir la puesta en libertad de otro de los cooperadores. El movimiento
feminista espera a esas últimas decisiones para chequear si la movilización ha
valido para algo, “si un error no va a llevar a otro error como pasó con La
Manada de Pamplona y esperemos que no pase con La Manada de empresarios”,
concluye Alarcón.
Como Pelicot, pero al revés
“Que la vergüenza cambie
de bando”, se veía en algunas pancartas en las protestas hace unas semanas. Al contrario que en el caso Pelicot que hizo popular
la frase, la vergüenza no ha cambiado de bando y la trama
ha vivido ajena a todo el trauma que ha causado. Después de diez años, las
jóvenes quieren seguir en el anonimato, muchas desean cerrar el capítulo y
olvidarse. De hecho, cinco de ellas dijeron a la jueza que preferían que los
acusados no entraran en prisión en la vistilla en la que se les informó del
acuerdo. Cuatro dijeron que entraran. Las otras dos lo dejaron a decisión del
tribunal. Los empresarios han seguido con sus negocios y, pese a que son
culpables y todo ha quedado acreditado, tendrán que pagar multas ridículas por
el horror que causaron, de entre 500 a 2.000 euros a cada chica.
El
debate público se ha dirigido también al sesgo por género o nacionalidad, ya
que las 'mamis' y el taxista que sí irán a la cárcel son de
origen extranjero. Hay que tener en cuenta que las penas que
enfrentaban tanto las 'madames' como los cooperadores necesarios eran mayores
que las de los clientes, al margen de los recursos económicos desiguales para
hacer frente a los abogados y de los sesgos que pueda tener la justicia y la
sociedad. Se pedían entre 21 y 56 años de prisión en el caso de las proxenetas
y entre 6 y 36 años para los cooperadores. En el caso de los empresarios que
reclamaban niñas se pedían penas menores, de entre 4 y 24 años.
En el escrito acusación
se relatan las prácticas mafiosas y extorsionadoras de estas proxenetas. Por
ejemplo, cuando una de ellas llamó a una chica que se ofrecía para cuidar niños
“para conocerla y quedar con ella, ofreciéndole trabajo para dar masajes con
final feliz, a lo que ella dijo en principio que no, diciéndole que tenía sólo
15 años y era virgen, insistiéndole la acusada en que eso no era problema, que
trabajaban para ella niñas con 14 y 15 años y no pasaba nada, llamándola con
obstinación, hasta que accedió”.
Alerta en los
institutos
Con las gafas de la
actualidad y los estándares de hoy en el tratamiento de violencia sexual ha
habido un evidente fallo judicial multiorgánico. Pero también se ha disparado
una alerta para los institutos de la Región. ¿Puede volver a pasar? ¿Tienen
buena educación sexual los jóvenes? ¿Va a cambiar algo? Ana Mellado, secretaria
de Igualdad de CCOO, trae hasta la plaza Julián Romea un papel con datos
oficiales de Educación. “Te pongo de ejemplo. El curso Eso no es sexo para prevenir la violencia sexual sobre menores se hizo
en el 9% de los centros de la Región pese a que era un compromiso. Aquí hay un
poso de catolicismo y de estos temas no se habla, pese a que es una oportunidad
para mejorar la conciencia y reducir el riesgo de captación en los institutos”.
Murcia,
además, tiene implantado el pin parental, una cesión del PP para obtener el
apoyo de Vox, lo que permite a los padres decidir si sus hijos asisten o no a
talleres de sexualidad. Preguntada la Consejería de Educación si este caso va a
suponer un punto y aparte o se va a reforzar la educación sexual, fuentes
oficiales responden sin más a elDiario.es que son los centros los que “tienen
autonomía para programar lo que consideren más adecuado”.
Ha pasado una semana del
“tsunami” y en una parte de la ciudad aún incomoda hablar del “asunto de los
empresarios” porque, al contrario que hace una década, hoy ese asunto ha ido
acompañado por la banda sonora de una sociedad indignada que ha sacado a la
calle un espejo en el que mirarse. No va de once chicas con mala suerte como en
2014. En 2024 va de todas y de qué hemos hecho. Empieza el fin de semana, el
primero sin manifestaciones y sin cámaras de televisión por todos sitios. Al
lado de la catedral de Murcia, ahora en obras, la gente aprovecha una mañana
fresca de sol. Una pareja de unos 60 años se toma una cerveza. “Ah sí, los
empresarios, lo he oído, pero no te puedo decir mucho porque tampoco lo
conozco”. Asoma un rictus de vergüenza. Es poco, pero es algo. Acto seguido les
traen la marinera que habían pedido.
